El 75% de los incidentes sucedió en recintos castrenses del país

8 muertes en recintos policiales y militares aún no se esclarecen

Cuatro de los casos ocurrieron en el departamento de La Paz , dos en Sanandita (Tarija), uno en Santa Cruz y otro en Potosí. Siguen las investigaciones.

domingo, 08 de diciembre de 2013

 

Pablo Peralta / La Paz
Al menos ocho casos de muertes que sucedieron en los últimos tres años en recintos policiales y militares aún no se esclarecen. La mayoría de los casos se dio en el departamento de La Paz.

Cuatro de ellos ocurrieron en La Paz, dos sucedieron en Tarija, uno en Santa Cruz y otro en Potosí, según un recuento realizado por Página Siete.
El 75% de los incidentes sucedió en recintos militares. El resto en instancias policiales.

En cuestión de instituciones, dos ocurrieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), dos tuvieron epicentro en la Academia Nacional de Policías (Anapol) y uno en el Estado Mayor, el resto en otras instancias castrenses del interior (más detalles en el cuadro adjunto).
Siendo que la mayoría de los casos ocurrieron en instancias militares, en noviembre el defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió una misiva al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que le pide instruir, a la entidad que corresponda, llevar adelante acciones para velar por los derechos en esos espacios.

La Defensoría maneja el dato de que más de 20 ciudadanos murieron en recintos castrenses, entre militares, cadetes y conscriptos, además que en los últimos tres años hubo 300 denuncias de vulneración de derechos.
Las causas
Dos casos sucedieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita. El primero data del 9 de febrero de 2011, cuando murió el subteniente Gróver Poma a causa de una golpiza que le propinaron presuntamente como castigo después de que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”. El segundo sucedió en ese mismo recinto el 2 de febrero, cuando murió el subteniente Ceooly Espinal. Ambos casos se ventilan en la justicia ordinaria.

El primero de los hechos que tuvo lugar en la Anapol ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando una baranda de esa institución cedió y murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas. El segundo sucedió el mes pasado, cuando la cadete de tercer año Cinthia Poma falleció tras realizar ejercicios físicos.

En junio, dentro del Estado Mayor murió la enfermera Jhaneth Vargas (de 27 años). Según las indagaciones de la Fiscalía, esta persona perdió la vida después de una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinó la causa de la muerte.

En octubre, el alférez de la Escuela Naval Emmanuel Cusi murió cuando realizaba una prueba de buceo. Su cuerpo fue hallado el 5 de noviembre. El Ministerio Público lleva las investigaciones del caso, pero la parte acusada presentó un recurso inhibitorio para que éste no sea tramitado en la justicia ordinaria, sino en la militar.

Según datos de la Defensoría, el 29 de agosto murió el soldado Carlos Loza en Puerto Suárez (Santa Cruz), cuando ayudaba a trasladar enseres de un teniente y cayó de la camioneta del ejército. Un mes después, entre el 2 y 3 de septiembre, falleció el conscripto Freddy Rodríguez, del Puesto Militar de Atocha (Potosí), quien fue golpeado por un sargento y otros conscriptos.

A estos casos se suman la muerte de un cadete y un conscripto del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade de Sucre, quienes fallecieron después de ser arrastrados por el río Quirpinchaca, al tratar de rescatar un vehículo atrapado en el cauce. Aún no se conoce con precisión si hubo o no orden superior para que realizaran esa acción.
"La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes, como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos”.
Rolando Villena, defensor
Los ocho casos
Caso Poma El 9 de febrero de 2011, el subteniente Gróver Poma murió por una golpiza que le dieron presuntamente como castigo tras que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”, en la Escuela de Cóndores de Sanandita de Tarija. El caso está en la fase que antecede al juicio oral.
Caso Aranda El 22 de junio de 2012, una baranda de la Anapol, ubicada entre el segundo y tercer piso, cedió. En ese incidente murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas.
Caso Espinal El 2 de febrero murió el subteniente Ceooly Espinal durante su estancia en la Escuela de Cóndores. La Defensoría detectó afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida del oficial.
Caso enfermera El 21 de junio, la enfermera Janeth Vargas (de 27 años) murió en el Estado Mayor. Según la pesquisa de la Fiscalía, falleció tras una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinaron las causas de la muerte.
Caso Loza El 29 de agosto, el soldado Carlos Loza falleció en Puerto Suárez, cuando "era utilizado” para transportar los enseres personales de un teniente. Por un accidente cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército, según la Defensoría.
Caso Rodríguez Entre el 2 y 3 de septiembre, el conscripto Freddy Rodríguez Uño (19 años), con presunta discapacidad intelectual, fue sometido a torturas y tratos crueles en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas de Potosí, según la Defensoría.
Caso Cussi El 22 de octubre, el alférez Emmanuel Cusi desapareció bajo las aguas durante una prueba de buceo. El 5 de noviembre se encontró su cuerpo. Según los familiares, sus compañeros comunicaron que cuando estaba en el agua Cusi levantó la mano para pedir ayuda, pero nadie lo auxilió.
Caso Poma El 18 de noviembre murió la cadete Cinthia Poma, tras realizar ejercicios físicos en la Anapol, donde cursaba el tercer año. Aún no se sabe cuál es la causa de su fallecimiento.
Puntos de vista
ever moya, presidente de Com. DDHH de Diputados
Hicimos un seguimiento
Estamos preocupados. Hicimos un seguimiento de fiscalización para ver en qué están quedando estos casos. Hemos pedido informe y convocamos recientemente al ministro de Gobierno para que nos informe sobre esos casos que nos preocupan. Asimismo, este año hemos llamado al ministro de Defensa sobre el caso de cadetes y conscriptos de las Fuerzas Armadas.
En todo caso, la mayoría de los casos, según ambas informaciones, nos indica que estarían en manos del Ministerio Público. No podemos ahora convocar sobre el caso de Cinthia Poma y JanethVargas, que murió en el Estado Mayor, porque esos dos casos todavía faltan. Según información del Ministerio Público, que llegue el plazo de la investigación: que son seis meses, y en función a eso queremos hacer la petición de informe oral.
Una vez cumplido el plazo fijado, estamos pensando convocar al fiscal general para que nos pueda esclarecer.
víctor vacaflores
DDHH de La Paz
Investigación, caiga quien caiga
Hubo una reflexión al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y por tanto hay un documento, en referencia fundamentalmente a la cadete Poma. Pero ese documento expresa el espíritu en general.
Una y otra vez tenemos que insistir en la necesidad de la investigación hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Así tiene que ser. Ése es el mejor tributo para la democracia.
No debe haber ninguna otra razón que obstaculice las investigaciones, salvo algo que tenga que ver con la calidad, con la capacidad o no capacidad técnica. No puede haber obstáculos políticos, intereses creados, intereses sectoriales coyunturales. Ésa debería ser la línea, la posición que sostenga toda organización de derechos humanos y toda la población, y nosotros pedimos que ése también sea la línea, los valores, la orientación de la Fiscalía y del Estado. Nuestras dudas surgen en la medida en que son varios casos y existe una retardación de justicia.

En el acto de graduación de 284 sargentos en Tarata, Cochabamba

Evo alude a DDHH la baja preparación física de soldados

Recordó que cuando vivía en Orinoca escuchaba que cadetes y oficiales ganaban medallas en juegos deportivos internacionales. Ahora, en cambio, no. 

Lunes, 09 de diciembre de 2013

 

 

Página Siete / La Paz

El presidente Evo Morales aludió ayer a Derechos Humanos (DDHH) la baja preparación física de uniformados. Recordó que cadetes y oficiales ganaban premios internacionales y que ahora ya no los consiguen.

"Los comandantes tienen la obligación de preparar físicamente (a los soldados). Aunque lamento mucho decir que tienen su tarea y responsabilidad las instituciones de derechos humanos. Entendemos perfectamente (su labor), pero cualquier institución de los derechos humanos no puede perjudicar en la preparación física de nuestros soldados”, declaró el presidente Evo Morales.

La afirmación fue hecha en el acto de graduación de 284 sargentos, entre damas y varones, de las escuelas militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) correspondiente a la promoción 2013. El acto se desarrolló ayer en la Escuela Militar de Sargentos Maximiliano Paredes, en la localidad de Tarata.

El dignatario recordó sus primeros años de vida en la localidad de Orinoca. "Cuando era adolescente o niño todavía, era adicto al deporte y trataba de escuchar por la radio las informaciones deportivas (...). Escuchaba que en los Juegos Bolivarianos y otros eventos internacionales (y decían) que tal cadete sacó medalla de oro, tal oficial medalla de plata”, declaró.

Sin embargo, "ahora no escucho que cadetes ni oficiales de las FFAA medalleros en las competencias internacionales. Me pregunto: ¿qué pasa en las FFAA? Algunos oficiales me dicen: ‘por culpa de los derechos humanos’. Habrá que ver si realmente es por culpa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o el defensor del Pueblo”, cuestionó el dignatario.

Además, dijo que "respetando los derechos humanos, garantizar la preparación física y que también nuestros cadetes y alumnos de escuelas e institutos y oficiales vuelvan a representar al pueblo boliviano en competencias internacionales (…) Mi gran deseo es que nuevamente nuestras Fuerzas Armadas sean medalleros en estos eventos internacionales”. En su discurso, además, el Jefe de Estado señaló que los nuevos sargentos deben ser actores importantes para impulsar el desarrollo de la nación de cara al bicentenario de Bolivia, en 2025, y que tienen la responsabilidad junto a sus camaradas de llevar adelante la Agenda Patriótica, que busca erradicar la extrema pobreza y universalizar los servicios básicos, entre otros.

También subrayó que ser militar es "servir al pueblo boliviano, tener una profunda conciencia” sobre el civismo y patriotismo.

Asimismo, les pidió profundizar el sentimiento por la patria

El proyecto de ley fue aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados

Buscan crear institución para prevenir las torturas

domingo, 08 de diciembre de 2013

 

Cecilia Ayllón, ministra de Justicia.

Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley de Servicio para Prevención de la Tortura (SEPRET) sugiere crear una institución pública descentralizada que permita contar con mecanismos de previsión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes a las personas.
Según un boletín de la Cámara de Diputados, al que hace referencia la gubernamental ABI, el proyecto de ley aprobado en sus dos estaciones se enmarca en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
Asimismo, la nueva norma cumple el mandato del artículo 111 de la CPE, que determina que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria o crímenes de guerra son imprescriptibles.
Durante su exposición ante el pleno, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, justificó la importancia de esta norma haciendo referencia a las múltiples irregularidades registradas en las academias de formación policial y militar relacionadas con malos tratos o torturas.
Asimismo, la autoridad recordó que el 27 de julio de 2006, a través de la Ley 3454, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la cual Bolivia se comprometió a asumir acciones contra este tipo de prácticas.
Ayllón recordó que el 10 de diciembre del mismo año, el Estado boliviano puso en vigencia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien 2009-2013, que también incluye medidas contra la tortura.

Los uniformados vulneran los derechos humanos en las sesiones de instrucción

Los castigos derivan en torturas en algunos recintos militares y policiales

Instructores castrenses imparten castigos a conscriptos que van desde golpes, asfixia hasta el ahogamiento, con el riesgo de llegar a la muerte. Lo mismo ocurre en la Policía, con instrucciones excesivas.

Lunes, 25 de noviembre de 2013

 

Fotos: Stringer / Página Siete. Entrenamiento militar en una dependencia de las Fuerzas Armadas, en La Paz

Claudia Soruco / La Paz

Daban las 7:00 de un martes de septiembre de 1992. A la hora de la formación, el instructor del regimiento militar GADA de Cochabamba pidió a dos conscriptos que sujetaran a Carlos S., lo ataran con una cuerda, colgaran de los pies en un arco de madera y golpearan con un tolete hasta que pidiera disculpas por un acto de indisciplina.

Pasaron más de 20 años y el ejercicio de una extrema violencia dentro de las fuerzas policiales y militares persiste. Unos denominan a este hecho como instrucción y otros lo califican como una vulneración de los derechos humanos que incurre incluso en delitos de tortura.

Entonces, Carlos tenía 18 años, y veía esta sanción, causada por una salida del cuartel sin autorización, como una prueba para "demostrar la valentía en frente de los camaradas y para que no se burlen si yo me rendía”.

En un sondeo que Página Siete realizó a 12 hombres que prestaron su servicio militar y premilitar dentro de cuarteles de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el común denominador fue que el uso de violencia ejercido por sus propios camaradas por una orden de sus instructores era el resultado de actos de indisciplina e incumplimiento de sus ejercicios durante su instrucción física.

"Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde”, cuenta Marco Callizaya, quien hizo su servicio militar en el Regimiento Colorados de Bolivia, en La Paz.

Ante estos hechos recurrentes en el país, que revelan esta vulneración de los derechos humanos en la instrucción militar, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en una entrevista con este medio, aseguró que dichos "castigos van desde vejaciones, humillaciones hasta expresiones muy torpes que se constituyen también en un mecanismo de violencia psicológica, pero que los instructores para su descargo siempre aseguran que estaban dentro de lo correcto y de la instrucción establecida”.

Datos de esta instancia dan cuenta de que entre 2010 y 2012 se registraron y admitieron 401 denuncias contra las Fuerzas Armadas. De ese total, 109 (27%) corresponden a vulneraciones de los derechos de la integridad física, psíquica y moral, y a los de la salud.

De la instrucción a la tortura

La representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de La Paz, María Amparo Carvajal, informó que cada año su entidad registra en promedio 300 denuncias de vulneración de derechos humanos en los recintos policiales y militares, llegando a agravantes de torturas que no son investigadas y menos sancionadas.

"Sin embargo, hay padres que vienen y aseguran que sus hijos están siendo masacrados, pero a la hora de tomar sus datos prefieren callar por el temor de que sean echados o reciban una mayor paliza. Este temor está latente en todo el país”, asegura Carvajal.

En estos tres últimos años, 28 personas murieron en diferentes recintos policiales y militares. ¿Las causas? En su mayoría por excesivos ejercicios de entrenamiento o castigos que llegaron hasta la tortura.

"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más”, relata un cadete de segundo año de la Academia Nacional de Policías, quien prefirió, "por seguridad”, guardar su nombre en reserva.

Una de esas tantas denuncias que admitió la Defensoría del Pueblo es el castigo, con puños y puntapiés en todo el cuerpo, que un conscripto recibió el pasado 4 de septiembre en uno de los cuarteles del Comando General del Ejército.

Los informes previos también establecen que el joven de 19 años fue sumergido en agua caliente por sus propios compañeros, quienes obedecieron las órdenes de un sargento, quien sospechaba que la víctima había robado su teléfono celular.

Para el senador de oposición y excomandante del Ejército boliviano Marcelo Antezana, estos hechos no son recurrentes dentro de las Fuerzas Armadas. "Con el tiempo más bien hemos visto que se han ido aboliendo y se respetan más los derechos humanos, aunque siempre hay casos aislados”.

Entre el miedo y el exceso

A finales de 2012, una madre denunció que su hijo que prestaba su servicio en el Colegio Militar del Ejército, luego de haber presentado agotamiento por los excesivos ejercicios, fue obligado por su teniente a ponerse en posición de abdominales para que otro de sus camaradas orinara en su rostro.

"Hablamos de una extrema violencia. Estamos enfrentando a torturados que después se convertirán en torturadores. Esta gente siente que el uniforme les da todo el derecho de ejercer semejante violencia sin control”, agrega Carvajal.

En los recintos policiales, los cadetes de los primeros años son los más propensos a recibir castigos y uso excesivo de la fuerza por parte de sus superiores. En el caso de las dependencias de las Fuerzas Armadas, los conscriptos y estudiantes que cursan los primeros años son los más afectados.

Para el exmayor de Policía David Vargas, el entrenamiento en los recintos debe ser duro, para que los futuros policías estén preparados ante cualquier contingencia. "Yo también he sido instructor y también castigaba de manera desproporcionada a los cadetes y por eso les decía que en el futuro iban a enfrentarse con gente de diferente tipo, es para eso que hay que preparar a los policías”, sostuvo.

La APDHB estableció que la Policía y las Fuerzas Armadas son las instituciones que más vulneran los derechos humanos en el país.

Sin embargo, los numerosos casos de muertes y torturas continúan sin el necesario ni oportuno esclarecimiento.

Persisten los casos de personas que sufrieron actos violentos dentro de la Policía y las FFAA

Carlos s.

Exconscripto

"Me golpearon con toletes”

"Lo que recuerdo es que salí sin permiso por la noche del cuartel. Pensé que nadie lo había notado, pero cuando regresé y fui como cada mañana a la formación, el sargento me hizo pasar adelante, ordenó que dos de mis camaradas me sostuvieran y me sujetaran con una soga de manos y pies. Luego les ordenó que me colgaran de los pies en un arco y que después me golpearan con los toletes, hasta que pidiera perdón. Fue doloroso”.

Cadete

Segundo año de la Anapol

"Las fuerzas nos vencen a veces”

"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más. Los ejercicios son muy dolorosos, pero siempre nos dicen que no debemos quejarnos. Hay gente que no puede aguantar, pero a veces quejarse es peor, porque viene el teniente y da patadas en la espalda. Hemos sabido de cadetes que han tenido que ir hasta el hospital a hacerse ver, porque ya no aguantaban el dolor, pero nada cambia”.

Madre

De cadete de la Anapol

"Mi hijo no quiere quejarse”

"Mi hijo va a ser el primer policía de la familia, pero a veces me da pena porque mucho sufre. Cuando lo veo el fin de semana está cada vez más demacrado, no me quiere decir nada, pero siempre llega adolorido. A veces me da la impresión de que hasta lo están golpeando más de la cuenta, tal vez son sus mismos compañeros de curso, porque somos de origen bien humilde. Ya hemos intentado que nos diga, pero nada”.

Marco Callizaya

Exconscripto

"En ese tiempo no lo veía mal”

"No todos teníamos el mismo rendimiento físico. Algunos que no teníamos la altura de otros sufríamos mucho más en el momento de realizar los ejercicios y el entrenamiento táctico. Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde. Fue muy duro y no me hicieron ni probar un poco de agua en todo ese tiempo”.

Cuarteles y derechos

 

No es la primera vez que se denuncia abusos en instalaciones policiales

La Razón / La Paz
01:50 / 20 de noviembre de 2013

Nuevamente las noticias han dado cuenta de la vulneración de derechos humanos en los cuarteles. El último caso ocurrió en la Academia Nacional de Policías (Anapol), donde una cadete perdió la vida y tres de sus compañeras terminaron hospitalizadas. El caso, que está siendo investigado, ha motivado una respuesta de parte del Gobierno, que prometió sancionar a los culpables.

En efecto, según se sabe, una cadete de la Anapol perdió la vida el lunes por la noche, supuestamente debido a excesos en los ejercicios físicos a los que fue sometida durante un examen, y otras tres cadetes fueron internadas en la Clínica Virgen de Copacabana. Existen dos versiones acerca de las causas del deceso. El médico indicó que la mujer falleció como consecuencia de un posible ataque de asma, pero los padres de familia declararon a este diario que la cadete murió luego de una jornada de examen de educación física; señalaron que desde el mediodía las estudiantes fueron sometidas a duros ejercicios y castigos que incluyeron la exposición a gases lacrimógenos.

La Ministra de Comunicación reaccionó frente a estos hechos, anunciando que el Gobierno no dejará que queden en la impunidad los abusos que se pudieran cometer en los ámbitos policial y militar. “El presidente Evo Morales ha señalado claramente que no va a permitir este tipo de violaciones ni maltratos ni situaciones que tengan que ver con un atentado contra la seguridad, contra los derechos de las personas”, manifestó la autoridad.

En consonancia, el Ministerio de Gobierno instruyó a las autoridades de la Policía Boliviana remitir el caso de la cadete a la Justicia Ordinaria, “para establecer sanciones penales contra el, la o los autores del hecho”. A su vez, el Jefe de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) indicó que empezó la indagación y que información preliminar da cuenta de que la cadete perdió la vida por asfixia por broncoaspiración, lo cual es coherente con la versión de los padres.

No es la primera vez que se denuncia abusos e inseguridad en instalaciones policiales. Sin ir más lejos, la semana pasada se produjo un amotinamiento en una unidad policial cuyos efectivos denunciaron maltrato por parte de su comandante. El oficial denunciado fue pronto destituido, al igual que el Comandante Departamental, lo cual, también, muestra esa nueva actitud a la que se refirió la Ministra de Comunicación.

Con todo, debe importar menos la sanción que la prevención, y vale la pena recordar que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado al respecto, pidiendo apoyo de la Asamblea Legislativa para poder velar por los derechos humanos dentro de los cuarteles militares y policiales, tarea ciertamente necesaria a la luz de sucesos como el que se comenta o los sucedidos en ámbitos castrenses.

Ministerio Público inicia de oficio investigación sobre muerte de cadete de la Anapol

El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, informó que el Ministerio Público inició de oficio investigaciones sobre la muerte de la cadete de tercer año de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Cinthia Poma Gutiérrez, quien murió tras ser sometida a un exceso físico la noche del lunes pasado.

La Razón Digital / ANF / La Paz
El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, informó que el Ministerio Público inició de oficio investigaciones sobre la muerte de la cadete de tercer año de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Cinthia Poma Gutiérrez, quien murió tras ser sometida a un exceso físico la noche del lunes pasado.

Ponce aclaró que este proceso de investigación en contra de los responsables sería por el delito de homicidio, pero se definirá el delito tras un análisis que realice la fiscal del caso para establecer si existe una responsabilidad penal.

"Aclaramos que es una calificación provisional que puede haber una responsabilidad penal como también no, por eso en la investigación, se va establecer si hay o no responsabilidad penal", manifestó el fiscal de distrito.

Por su parte, el abogado de la familia de la cadete, Wilson Echave dijo que la querella que se presentará ante el Ministerio Público será por el delito de feminicidio para investigar por la vía penal.

"Y vamos a presentar nuestra denuncia y querella formal por el delito de feminicidio este hecho tiene que ser derivado e investigado por la justicia ordinaria", sostuvo el jurista.

Según versiones de los familiares, Cintia Poma habría sufrido una tortura ya que se encontró sangre coagulada en la parte de la garganta cuando se practicó la autopsia de ley. Sin embargo este informe recién se hará conocer de manera oficial este miércoles.

El informe médico del hospital policial Virgen de Copacabana determinó que la muerte de la cadete Cintia Poma se debió a una crisis asmática lo que le ocasionó una insuficiencia respiratoria derivando en el fallecimiento de la estudiante de la Anapol.

Según familia, la cadete Poma fue torturada antes de morir

Anapol. El primo de la víctima dice que en la autopsia hallaron sangre

Dolor. La foto de la cadete fallecida en la Anapol y la tía de ésta, en el patio de la morgue paceña, ayer. Wara Vargas.

La Razón / Williams Farfán / La Paz
20 de noviembre de 2013

Familiares de Cinthia Poma Gutiérrez (25), cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol) que falleció el lunes, denunciaron ayer que fue torturada antes de morir. En la autopsia, cuyo informe no fue divulgado, se hallaron hematomas y sangre coagulada en el cuerpo.

La División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizaron en el transcurso de la mañana la autopsia legal al cadáver, pero el resultado del mismo no se dio a conocer.

El jefe de la División Homicidios, mayor Wálter Sosa, dio un informe preliminar en el que determina que la muerte de la cadete fue por una “crisis asmática secundaria” debido a un esfuerzo físico que realizó en una actividad física en la Anapol.

No obstante, Remberto Gutiérrez, primo de la víctima, expresó su sospecha de que fue torturada. “En la autopsia que se le practicó a mi prima comprobé que la muerte no fue por asfixia, por eso se realizarán más estudios en laboratorios. Cuando se le practicaba el examen, el médico verificó que existían moretones en la parte superior del glúteo derecho, el otro hecho más revelador es que dentro de la garganta se verificó la existencia de sangre coagulada, al igual que en su abdomen”, dijo Gutiérrez a periodistas.

El lunes, además de Poma, otras tres cadetes de la academia policial fueron internadas en la clínica policial Virgen de Copacabana, cada una con diagnóstico de fatiga muscular. Una de ellas, por precaución, fue derivada a terapia intensiva a causa de un traumatismo en la región sacrocoxígea (altura de la cadera), según informó a la prensa el director del nosocomio, José Montero.

Antecedentes. El galeno también explicó que, de acuerdo con la historia clínica, la cadete Poma llegó inconsciente a ese centro de salud, sin signos vitales, el lunes a las 18.30. Agregó que los médicos no pudieron verificar golpes ni agresiones físicas en la víctima.

“La cadete fallecida tenía antecedentes de un problema asmático, que empezó a principios de 2013, por lo que estuvo internada en la clínica (Copacabana) y tratada por esa patología. Luego fue dada de alta con las recomendaciones de utilizar un medicamento o un aerosol en cuanto se le presentara un inicio de crisis asmática”, detalló Montero.

También dijo que una crisis asmática puede ser desencadenada por diferentes motivos como: polen, medicamentos o el polvo. Agregó que existe una versión de que alguien le suministró una inyección a Poma, aspecto que aún no estaría comprobado.

Entretanto, Alejandrina Gutiérrez, madre de la cadete que falleció, en medio de llanto, contó que el domingo, un día antes de la muerte de su hija, estaba con ella y que le ayudó a bañarse. Allí vio que no tenía ningún moretón en el cuerpo, aseguró la mujer, rodeada por amigos de su hija.

El subdirector de la Anapol, coronel Franklin Llanos Molina, confirmó que el lunes, en la Anapol, se tomaron exámenes de educación física y defensa personal a cadetes que no rindieron esas pruebas. Explicó que esa labor estaba a cargo de diez oficiales, que darán un informe escrito.

Llanos, inicialmente, informó que Poma estaba en la prueba de defensa personal que empezó a las 14.30, pero no precisó en qué momento ocurrió el hecho que causó el desenlace fatal. Venancia Gutiérrez Flores, diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), identificó a cuatro oficiales, dos capitanes y dos tenientes como los presuntos responsables del deceso.

5 cadetes fallecidos

Estadística

En el curso de la fallecida cadete Cinthia Poma, en la Anapol, ya son cinco cadetes que perdieron la vida en diferentes circunstancias. En junio de 2012, tres alumnos fallecieron tras caer de una baranda del segundo piso; otros 50 estudiantes quedaron con heridas de diversa gravedad.

En agosto de este año, otro cadete murió por un dolor de muela que fue mal atendido. En todos esos casos todavía no se castigó al o los responsables de las muertes, mientras los familiares aún piden justicia. El lunes falleció Poma.

Gobierno pasa el caso a la Justicia Ordinaria

Después de lamentar la muerte de Cinthia Poma, cadete de tercer año de la Academia Nacional de Policías (Anapol), el Ministerio de Gobierno instruyó a las autoridades de la Policía Boliviana remitir el caso a la Justicia Ordinaria.

La alumna falleció el lunes por una supuesta crisis asmática, aunque los familiares de la víctima denuncian que ella fue torturada antes de perder la vida. “El Ministerio de Gobierno lamenta la muerte de la cadete Poma, (por lo que) se instruyó a las autoridades policiales pertinentes la remisión del caso a la Justicia Ordinaria para establecer las sanciones penales correspondientes contra él, la o los autores del hecho”, se lee en un boletín de esa cartera gubernamental.

También solicitó a la Universidad Policial una investigación objetiva y rápida de esta muerte en un sumario informativo, el mismo que deberá ser entregado a la Fiscalía junto a los exámenes forenses. El subdirector de la Anapol, Franklin Llanos, informó que presentó una querella ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona Sur por homicidio y agresiones físicas graves.

El Ejecutivo advierte con retirar a culpables

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, advirtió ayer que el Gobierno retirará de manera permanente de su institución al o los responsables de la muerte de la cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol) Cinthia Poma Gutiérrez.

“Nos comprometemos, como ha sucedido en otros casos con defenestración, (al) retiro de la actividad de manera permanente para quienes han estado involucrados en estos hechos condenables”, afirmó la autoridad, según la agencia ANF.

“Respecto al tema de violaciones que se han registrado en los ámbitos de formación, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía, el presidente Evo Morales ha señalado claramente que no va a permitir este tipo de violaciones ni maltratos ni situaciones”, agregó la autoridad.

Al referirse a este caso, Venancia Gutiérrez Flores, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció que solicitará, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un informe oral al comandante general de la Policía, Alberto Aracena. La asambleísta acudió a la morgue del Hospital de Clínicas para presenciar la autopsia que se le practicó al cadáver de Poma.

“Pediré junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que se dé un informe oral sobre la muerte de Poma y otros casos similares que se dieron en 2012”, anunció Gutiérrez. Agregó que, de acuerdo con los informes que recibió, los cadetes fueron sometidos a excesivos exámenes físicos y agresiones durante la tarde del lunes, hecho que vulnera los derechos humanos y razón por la cual también pedirá sanciones drásticas para los instructores.

Ed. Impresa DOS OFICIALES SE ACOGIERON A PROCESO ABREVIADO

LA FISCALÍA ACUSA A SIETE POLICÍAS POR LA MUERTE DE OLORIO

Por Roberto Charca H. - La Prensa - 28/10/2013

---

LA FISCALÍA ACUSA A SIETE POLICÍAS POR LA MUERTE DE OLORIO - Roberto Charca H. La Prensa

El 6 de julio de 2010 torturaron y asesinaron al presunto atracador del peaje de la autopista.

Siete efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto fueron acusados de asesinato, encubrimiento e incumplimiento de deberes, por la muerte de David Olorio Apaza, después de tres años, lo que permitirá el inicio del juicio oral.

Olorio Apaza fue hallado muerto el 6 de julio de 2010 en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto después de haber sido aprehendido e identificado como el cabecilla de la banda de atracadores de la oficina regional de Vías Bolivia-El Alto. Fue torturado y recibió una inyección de pentotal.

La comisión de fiscales presentó la acusación después que el juez Rolando Chaca la conminara a agilizar el proceso en contra de los imputados. Dos de ellos se acogieron al proceso abreviado tras identificar a los supuestos participantes en el asesinato.

El fiscal Santos Valencia, quien dirige la comisión, afirmó la pasada semana que hay suficientes evidencias para acusar a los efectivos de la Policía.

El fiscal Valencia dijo que "el caso es complejo, porque no todos tuvieron el mismo grado de participación en la muerte de David Olorio Apaza. Se ha presentado la acusación formal en contra de los efectivos de Policía para iniciar el juicio".

De acuerdo con los documentos a los que accedió La Prensa en el Órgano Judicial, los fiscales identificaron a cuatro policías como los autores del crimen, el teniente Omar Víctor A. C., Jesús Antonio M. V., Juan de la Cruz C. C. y Luis Fernando A. M. Los delitos se sancionan con 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.

Además, los policías Juan V. C. fue acusado de incumplimiento de deberes; Valentín C. U., de incumplimiento de deberes y encubrimiento; y finalmente el director de la FELCC, Israel V. S., fue acusado de encubrimiento. Estos delitos se penan con reclusión de uno a cuatro años, y de seis meses a dos años respectivamente.

Entretanto, los tenientes José Ronald S. S. y Cristian V. N. se sometieron a un proceso abreviado y cooperaron con la entrega de evidencias sobre la muerte de Olorio Apaza y están libres.

Hecho. Según los fiscales, los inculpados falsearon la verdad, en primera instancia, sobre las causas de la muerte de Olorio, quien fue torturado hasta la muerte en dependencias de Inteligencia, ubicadas en el segundo piso de la FELCC de El Alto, después de haber prestado sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público el 6 de julio de 2010.

En la investigación se estableció que David Olorio fue golpeado en el abdomen y parte de su cuerpo, además de ser asfixiado con una bolsa de nailon. También se estableció que recibió una inyección del denominado “suero de la verdad”, pentotal sódico, para que durante el interrogatorio revele los nombres de los cómplices que presuntamente operaron en el atraco a Vías Bolivia, donde murió un efectivo de seguridad física estatal.

Villena dice que tal vez el Presidente esperaba un Defensor del Pueblo pro intereses del Gobierno

El Defensor del Pueblo consideró que, el actual, es “un momento difícil y complicado” y señaló que sí conocía del apoyo del presidente Evo Morales a su postulación cuando fue elegido en ese cargo. Lamentó que algunos sectores no tengan la madurez suficiente para medir sin apasionamientos la labor de la Defensoría del Pueblo.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
18:05 / 27 de septiembre de 2013

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó hoy que conocía del apoyo del presidente Evo Morales a su elección en el cargo y consideró que sus recientes críticas posiblemente se deban a que el Jefe de Estado esperaba una autoridad ligada a los intereses de su Gobierno. Dijo además que no le preocupan las críticas que recibe del oficialismo por mantener una posición consecuente con el esclarecimiento de los hechos en el caso de la represión en Chaparina.

“Cuando asumí el mandato de Defensor del Pueblo lo hice con esa conciencia: soy Defensor del Pueblo y eso está costando críticas, tensiones y sinsabores, pero eso lo asumo como parte de mi trabajo y de ninguna manera me siento turbado, menos preocupado; pero llama la atención que no haya la madurez suficiente para aquilatar el trabajo de la Defensoría”, afirmó.

El jueves, un día después que Villena planteó la suspensión de Sacha Llorenti como embajador en la ONU para que aclare su participación en Chaparina, Morales dijo en una entrevista con CNN que cometió un error al apoyar su elección.  “Ahí debo reconocer que es el error que he cometido. Había sugerido a los movimientos sociales que Rolando Villena sea Defensor del Pueblo…Yo soy el culpable para que (Villena) sea Defensor, lamento mucho decir de manera sincera”, sostuvo.

El Defensor había solicitado a la Cancillería la suspensión de Llorenti como embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que contribuya a aclarar la represión de septiembre de 2011 a indígenas en Chaparina, quienes marchaban en rechazo a la construcción de una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Villena calificó esta coyuntura como “un momento difícil y complicado”, aunque consideró que las cosas se aclararán  porque –afirmó-  no está en contra del Gobierno, sino contra medidas que contradicen a la Constitución y que vulneran derechos humanos.

“Para mí (el apoyo del Presidente) sorpresa no es, porque esto lo sabía desde un principio, y posiblemente lo que ellos esperaban, al menos el Presidente, era que ejerciera una labor de Defensor del Pueblo más o menos pro algunos derechos o algunos intereses a lo mejor del Gobierno”, declaró en una entrevista con la red Erbol.

En un comunicado difundido ayer, la autoridad aseguró que mantiene su decisión de plantear la suspensión de Llorenti, quien en el momento de los sucesos de Chaparina ejercía la cartera de Ministro de Gobierno.

Renunció al cargo y, posteriormente la Fiscalía lo excluyó de la investigación para esclarecer la intervención policial, que implicó el uso de cinta masquin para amordazar y maniatar a los indígenas que marchaban en contra del paso de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.

“El Ejecutivo tenía la claridad de la implementación de un plan, las mismas razones ratifican la necesidad de que sea convocado Sacha Llorenti para que pueda informar, presentar sus descargos, en todo caso es el Ministerio Público el que debe ampliar las investigaciones para que este tipo de cosas no queden en la impunidad”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que sea convocado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para informar sobre su trabajo, Villena afirmó que todo su accionar está documentado y que en su momento se evaluará su asistencia

POR PEDIR LA SUSPENSIÓN DE SACHA

Evo tilda a Villena de ser "instrumento de la derecha"

El presidente Evo Morales reveló este jueves que fue él quien recomendó a Rolando Villena para ser Defensor del Pueblo, decisión de la cual se arrepiente, pues esta autoridad en la actualidad es, a su criterio, el "mejor instrumento de la derecha".

Fiscalía paceña evita someter a investigación a Sacha Llorenti

26 de Septiembre de 2013 | 10:52

Evo acusó al defensor del Pueblo, Rolando Villena, de ser un "instrumento de la derecha" porque pidió la suspensión de Sacha Llorente de la ONU para que sea procesado por el caso Chaparina. Foto: EL DEBER

En una entrevista con la cadena televisiva norteamericana CNN, el mandatario fue consultado por el pedido que hizo este miércoles Villena, quien exigió suspender de sus funciones al embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, para que se presente al país y responda por la brutal intervención policial a la VIII marcha indígena del Tipnis, acaecida el 25 de septiembre de 2011. "Ahí debo reconocer yo, es el error que he cometido, yo había sugerido a los movimientos sociales que Rolando Villena sea Defensor del Pueblo, es por eso que aprobaron. Yo soy el culpable para que sea defensor, lamento mucho decir de manera sincera, porque cuando me piden opinión, yo opino, y a veces mi opinión es respetada", respondió Morales.  
En ese sentido, y sobre las declaraciones de Villena, el dignatario señaló que "este señor es el mejor instrumento de la derecha en este momento", más aún cuando la VIII marcha indígena estaba financiada, acusó, por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, prueba de ello, dijo, son los contactos telefónicos que mantenían los dirigentes del Tipnis con la legación diplomática.
 "Lamento que el Defensor sea el mejor instrumento de la derecha, en vez de que apoyaba, porque él viene de un sector religioso, metodista, yo tengo mucho respeto, admiración a metodistas que oran (…). Yo pensé que realmente iba a responder, cuando sus familiares trabajan con la derecha en algunas alcaldías, prefiere estar al servicio de la derecha, que estar al servicio del pueblo boliviano", criticó.
Tiempo atrás, el diputado Galo Bonifaz (MAS) denunció a Villena de tener una "estrecha relación" con el Movimiento Sin Miedo (MSM), debido a que su esposa es hermana del actual director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Pedro Susz.
Villena fue posesionado en el cargo de Defensor del Pueblo el 13 de mayo de 2010, en una sesión de la Asamblea Legislativa, en la que estuvo presente el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
 El acto estuvo marcado por las críticas de la oposición, que tildaron a Villena como el "Defensor del MAS y no del Pueblo".
"Soy un siervo del pueblo y vamos a hacer una defensa intransigente de los derechos humanos desde los diferentes escenarios para que el uso del poder dignifique las relaciones entre el Estado y la comunidad", dijo Villena el día de su posesión.
Villena, pastor y obispo de la iglesia Metodista, trabajó 30 años en esa institución, fue activista de derechos humanos y fundador de una oficina para esa misión en Cochabamba. Fue presidente de Derechos Humanos y fue designado por la mayoría oficialista del MAS como el nuevo Defensor del Pueblo.
Fuente: ANF

Los crímenes de Pinochet, más allá de la ficción

Desarrolló armas químicas para exterminar opositores, planificó el primer atentado terrorista en Washington, se alió con exnazis, montó apariciones de la Virgen: los crímenes y las tretas de la dictadura de Augusto Pinochet superaron la ficción.

Santiago. Simpatizantes de Allende son arrestados tras el golpe. Foto: reuters-archivo

La Razón (Edición impresa) / Afpn / Santiago de Chile
08 de septiembre de 2013

Desarrolló armas químicas para exterminar opositores, planificó el primer atentado terrorista en Washington, se alió con exnazis, montó apariciones de la Virgen: los crímenes y las tretas de la dictadura de Augusto Pinochet superaron la ficción.

Transcurridos 40 años del golpe de Estado que dio inicio a su dictadura, el 11 de septiembre de 1973, asombran aún la crueldad y los crímenes de un régimen que se saldó con más de 3.200 víctimas y 38.000 torturados.

“No solo hubo una selección y asesinatos masivos, sino que también existió uso de armas químicas y terror en diferentes áreas”, afirmó la periodista Mónica González, una de las mayores investigadoras de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1973-1990).

Un año después del golpe, Pinochet mandó asesinar a quien lo había antecedido en la jefatura del Ejército y recomendado su nombre a Salvador Allende: el general Carlos Prats, un hombre con una brillante carrera militar, que murió junto a su esposa al estallar una bomba adosada a su automóvil en Buenos Aires. El doble asesinato fue la antesala de la macabra Operación Cóndor, una confabulación de las dictaduras del cono sur para eliminar opositores ideada por Pinochet.

Pero dos años después, fue mucho más allá: el 21 de septiembre de 1976, a pocas cuadras de la Casa Blanca, en la capital estadounidense, otro coche bomba acabó con la vida del excanciller chileno Orlando Letelier. Hasta antes de los ataques al Pentágono y las Torres Gemelas, en 2001, el atentado a Letelier era considerado el primer acto terrorista en suelo estadounidense.

Letelier había llegado a EEUU tras permanecer detenido junto a otros miembros del gobierno de Allende en una remota e inhóspita isla del estrecho de Magallanes, donde Pinochet construyó un campo de concentración similar a los usados por los nazis para sus prisioneros políticos.

TERROR. Pero Pinochet no sólo se inspiró en los nazis para hacer sus campos de concentración, sino que recurrió a uno de ellos para encubrir torturas y desapariciones. Paul Schafer, un exenfermero nazi del Ejército alemán que llegó a Chile en 1961, colaboró con Pinochet para recluir, torturar y enterrar a opositores.

La dictadura desarrolló también armas químicas, como el gas sarín, somán y tabún, y los perfeccionó de la mano del químico Eugenio Berríos para ser usados en conflictos con países vecinos y contra opositores, según la investigación de González.

Cuando comenzaron a sentirse las primeras protestas contra su régimen, a inicios de los 80, Pinochet buscó distraer también a la población con unas misteriosas apariciones de la Virgen a través de un niño vidente

A 40 años del golpe en Chile, miles piden justicia

Decenas de miles de chilenos se manifestaron ayer en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.

Aniversario. El homenaje a las víctimas de la dictadura convocó a centenares en Santiago, Chile. Foto: EFE.

La Razón (Edición impresa) / EFE / Santiago
09 de septiembre de 2013

Decenas de miles de chilenos se manifestaron ayer en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.

La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde según fuentes policiales unas 30.000 personas secundaron la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas, grupos sociales y de izquierda.

Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, recorrieron los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido en el cementerio.

La marcha, que estaba autorizada, transcurrió de forma pacífica hasta que al llegar a las inmediaciones del cementerio, un reducido grupo de encapuchados protagonizó incidentes aislados y se enfrentó a la Policía.

La fuerza pública usó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los encapuchados, y efectuó varias detenciones, aunque por el momento se desconoce su número.

Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura estuvo precedido de una serie de gestos y pronunciamientos en favor de la reconciliación.

Culpa. La Asociación de Magistrados de Chile, la más importante del país, pidió perdón por sus “acciones y omisiones” durante el régimen militar, mientras que la Corte Suprema reconoció “que no hizo lo suficiente en dictadura”, si bien evitó hablar de perdón.

El presidente Sebastián Piñera denunció que ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación hicieron todo lo que debieron para frenar las atrocidades ocurridas durante el régimen del general Augusto Pinochet.

Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. “No estamos obligados a perdonar. En vez de que pidan perdón, lo que queremos es que se empiece a hacer justicia y se conozca la verdad de lo que ocurrió”, declaró a EFE Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Pizarro exigió que el Parlamento apruebe leyes que pongan fin a un Estado que, a su juicio, “vive bajo una constitucionalidad autoritaria”, en referencia a la Carta Magna, que aunque ha sido reformada fue redactada y aprobada en el gobierno militar.

Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que espera no tener que esperar otros diez años para que la Justicia haga su trabajo. “Los que hoy piden perdón, esperaron 40 años (...), no nos interesa una reconciliación basada en la impunidad”, enfatizó.

Además de los jueces, algunos políticos han reconocido su responsabilidad en lo sucedido tras al golpe de Estado que derrocó al gobernante socialista Salvador Allende, como el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick.

La Razón (Edición impresa) / Daymira Barriga / La Paz
09 de septiembre de 2013

Jefe militar niega informe a la Defensoría

El comandante de la V División del Ejército acantonada en la población cruceña de Roboré, general Carlos Zurita, se negó a responder a un requerimiento de informe escrito de la Defensoría del Pueblo sobre las circunstancias de la muerte del conscripto César Daniel Carlos López, denunció la institución.

 

El comandante de la V División del Ejército acantonada en la población cruceña de Roboré, general Carlos Zurita, se negó a responder a un requerimiento de informe escrito de la Defensoría del Pueblo sobre las circunstancias de la muerte del conscripto César Daniel Carlos López, denunció la institución.

El muchacho, de 18 años, oriundo de La Paz, quien cumplía su servicio en el regimiento Fuerzas Especiales 15 Junín de Roboré falleció el 19 de agosto.

Los militares dijeron que se cayó de un vehículo en marcha, el 17 de agosto. Se presume que la víctima —quien según la autopsia murió por un traumatismo encéfalo craneal— efectuaba un trabajo para un superior junto con otros reclutas.

El 20 de agosto, el representante de la Mesa Defensorial de Puerto Suárez, Osman Méndez, le envió una nota a Zurita solicitándole información.

Sin embargo, el jefe militar se rehusó y le sugirió que requiera el informe al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, alegando que él “es el representante legal de la institución armada ante los poderes públicos”.

Esta negativa, argumentó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena, viola la ley del defensor y la Constitución Política del Estado, que en el artículo 223 dispone que “las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida”.

Desde 2010, según un recuento efectuado por La Razón, una veintena de conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales falleció en los cuarteles en presuntos accidentes (ahogamientos, caídas, disparo de armas, etc.).

Se cumplen 10 años del inicio de la ‘guerra’ por el gas

La Razón 09-09-13 Mariana Pérez / La Paz

El Gobierno recordó ayer diez años de la chispa que encendió la llamada guerra del gas y que expulsó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada: una marcha campesina que exigía la liberación de su dirigente Edwin Huampo y un paro de 24 horas en El Alto.

Un grupo escapa de la gasificación en el centro paceño. Foto: archivo La Razón

El Gobierno recordó ayer diez años de la chispa que encendió la llamada guerra del gas y que expulsó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada: una marcha campesina que exigía la liberación de su dirigente Edwin Huampo y un paro de 24 horas en El Alto.

El 8 de septiembre de 2003 distintos sectores acataron un paro cívico en El Alto y descendieron en una masiva marcha a la urbe paceña con un pliego de más de 80 demandas, aunque la principal fue la del rechazo a la exportación de gas por Chile. Este episodio fue recordado ayer por el vicepresidente Álvaro García en un concurrido acto en el cantón Macamaca, municipio paceño de Ancoraimes, provincia Omasuyos, donde entregó 461 viviendas sociales.

“Hace diez años, un presidente gringo llamado Sánchez de Lozada mató a los bolivianos por querer entregar el gas a los chilenos. Y el pueblo dijo, y las comunidades dijeron, no; la provincia Omasuyos se levantó”, agregó en alusión a otra movilización gestada en ese lugar con la misma finalidad, además de reclamar la liberación de Huampo.

En septiembre y octubre de 2003, El Alto se convirtió en un escenario de combate entre los manifestantes y el Ejército. Se calcula que fallecieron 77 personas y más de 400 quedaron heridas.

El 17 de octubre, tras dejar su carta de renuncia al Congreso, Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos, donde ahora reside.

En Bolivia se abrió un juicio de responsabilidades contra 17 personas involucradas en la masacre. En 2011, siete militares recibieron una sentencia de entre tres a 15 años de encierro. Pese a que la Justicia pidió a Estados Unidos extraditar al exmandatario, ésta fue negada el 6 septiembre de 2012.

“No existe una nueva solicitud de extradición, y ha pasado un año”, dijo ayer el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta. En mayo, la Fiscalía General entregó a la Cancillería el segundo exhorto suplicatorio para su revisión y traducción. Para recordar el décimo aniversario de la caída del régimen, las víctimas harán una misa.

Fiscalía cita estudiantes de la ESBAPOL por supuesto caso de tortura

 

Los estudiantes de la Escuela Básica Policial (ESBAPOL) de Tarija, fueron citados por el ministerio público a prestar declaraciones informativas, por el caso de presunta tortura y malos tratos a tres alumnos de la institución policial.

Plus Bolivia.- Jeannette Rodríguez, fiscal de la división personas, y director funcional de la investigación, índico que no solamente se convoco a prestar declaraciones informativas a las víctimas, y el denunciado, sino también a los estudiantes de la ESBAPOL que estuvieron presentes el día en el que se habría registrado estos hechos.

El pasado fin de semana, la representante del Defensor del Pueblo en Tarija, informó que se rescató a tres estudiantes de entre 20 y 22 años de la Escuela Básica Policial de Tarija, quienes presentaban signos de presunta tortura y malos tratos.

“Como primera directriz se ha dispuesto la toma de declaraciones de las víctimas quienes van a sustentar la investigación, y de acuerdo a eso ya vamos a ver qué es lo más se puede hacer”, sostuvo la fiscal.

Señalo que se también se ha solicitado al director de la ESBAPOL facilite un informe de quienes fueron los instructores que estuvieron el día del hecho, además de los alumnos que fueron testigos del mismo, a efectos de tomar sus declaraciones informativas.

“Se va tomar declaraciones a los alumnos que tengan conocimiento directo del hecho, a todas esas personas se los va convocar”, remarcó.

Consultado sobre la suspensión del instructor, no pone en riesgo el proceso de investigación, la fiscal indicó que aún no fue notificada con esa decisión de las autoridades de la ESBAPOL.

DIARIO EL NACIONAL DE TARIJA

VEJAMENES EN LA ESPABOL DEJAN TRES ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTO

Sábado, 17 agosto 2013

REDACCION CENTRAL/EL NACIONAL
El Defensor del Pueblo denunció maltratos y violación a los derechos humanos enla Escuela BásicaPolicial (Esbapol). Tres estudiantes de segundo año sufrieron maltratos físicos y psicológicos por un subteniente instructor, quien dejó a uno de los futuros policías, con cinco días de impedimento y dos días para los otros dos.
Gladis Sandoval, representante del Defensor del Pueblo, identificó al subteniente como Héctor Claros. Dijo que no era la primera vez que actuaba de esa forma contra los estudiantes, quienes en diferentes oportunidades eran sometidos a vejámenes.
“Visitamos la escuela policial y nos encontramos con tres estudiantes que habrían sufrido tratos crueles, como comer en un casco sucio sopa y segundo, luego tomaron agua y les golpearon en los estómagos—indicó Sandoval—conocimos también que luego les amarraron y les echaron gases lacrimógenos, estaban siendo mojados, estaban sucios y ante esa situación sentamos la denuncia”.
Añadió que se solicitó al director dela Esbapolteniente coronel Vladimir Calderón, la suspensión del subteniente instructor y se solicitó garantías para que los futuros policías terminen sus estudios.
“Conocemos que incluso se les obligó a renunciar y solicitar su baja, cuando les faltan solo dos meses para egresar como Policías—añadió—esperemos se aleje a este subteniente abusivo que merece la suspensión”.
Oficial será suspendido del cargo
El director dela Esbapol, tras reunirse con el Defensor del Pueblo, ordenó la suspensión inmediata del oficial instructor por las acciones asumidas en contra de los estudiantes, explicando que el caso pasará a conocimiento de la dirección disciplinaria dela Policía Boliviana.
“Entiendo que ocurrió cerca de las 14.00, se recibió información que estaba sancionando físicamente por cometer una sanción disciplinaria—explicó Calderón—se que les hizo hacer abdominales, flexiones en la cancha de tierra en cumplimiento a la sanción, pero alguien advirtió del hecho”.
Añadió que como director de Derechos Humanos dela Policía, no permitirá que ocurran más casos similares y que brindará garantía a todos los estudiantes que están formándose como uniformados.

TARIJA: Red ACLO.- La Representante del Defensor del Pueblo en Tarija, Gladys Sandoval, dio a conocer denuncia de tres estudiantes de la Escuela Básica Policial (Esbapol), quienes habrían sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos por parte de un subteniente que responde al nombre de Héctor Claros.

Por su parte, el director de la escuela policial, Vladimir Calderón Sandoval, señaló que la autoridad policial hizo mención que no conocía de estos tratos, se encontró a tres alumnos golpeados, torturados y maltratados por un teniente llamado Héctor Claros, “comieron en un casco sucio sopa y segundo, uno de ellos fue golpeado en nariz y labio, los otros habían trotado con llantas” dijo Sandoval.

Los castigos habrían sido impartidos por infracciones que cometieron dentro de la escuela básica policial, sin embargo no justifica el accionar de sub teniente. Sandoval señaló: “la denuncia se encuentra en el ministerio público y pidió destitución del sub teniente, esto para garantizar el regreso de los estudiantes a la escuela básica policial”, señalo Sandoval.

Sobre este hecho, una fuente policial que prefirió reservarse su identidad, señaló también a un capitán, quienes habrían maltratado más de siete veces a treinta y nueve estudiantes de segundo año.

De acuerdo con la versión de la policía, hizo conocer que les amenazo a todos los que denunciaron y denuncian que buscaran su baja, los instructores deben ser los primeros en respetar los derechos humanos, sin embargo, “con esta mala experiencia les será difícil practicar este valor con la ciudadanía cuando estén en las calles y distintas unidades policiales; a todos los han torturado, el viernes no han dicho nada algunos, no es solo un subteniente, también hay un capitán que está metido en esto" señaló el efectivo policial.

Lunes, 19 Agosto 2013 02:56 Diario EL PAIS

Denuncian a dos oficiales de la Esbapol por maltratos 

Tres estudiantes de la Escuela Básica Policial (Esbapol) habrían sido víctimas de vejámenes por parte de un subteniente, según informó la representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Gladys Sandoval, sin embargo, una fuente policial que prefirió reservarse su identidad, señaló también a un capitán, quienes habrían maltratado más de siete veces a treinta y nueve estudiantes de segundo año.

De acuerdo con la versión del policía, los instructores deben ser los primeros en respetar los derechos humanos, sin embargo, “con esta mala experiencia les será difícil practicar este valor con la ciudadanía cuando estén en las calles y distintas unidades policiales”. “A todos los han torturado, el viernes no han dicho nada algunos, no es solo un subteniente, también hay un capitán que está metido en esto”, refirió el policía, quien agregó que fueron amenazados por los oficiales luego de que la Defensoría dejó la Esbapol.
Les habrían dicho que de todos los que denunciaron y denuncian van a buscar su baja. “Se encontró a tres alumnos golpeados, torturados y maltratados por un teniente llamado Héctor Claros, comieron en un casco sucio sopa y segundo, uno de ellos fue golpeado en nariz y labio, los otros habían trotado con llantas”, señaló Sandoval luego de realizar una verificación en la institución.
La funcionaria agregó que las víctimas fueron llevadas al Ministerio Público, se hizo la denuncia correspondiente, después del examen del médico forense, dos de ellos tienen cinco días de impedimento, hay un fiscal asignado al caso y juez; se tomó la queja defensorial, ya que ellos sufrieron torturas, tratos crueles y degradantes”, indicó.
El caso entra en etapa de investigación, y el instructor denunciado ha sido suspendido. “No se los devolvió a la escuela, hasta que no se tenga la destitución de esta persona, quien fue suspendido el mismo viernes”, dijo Sandoval y luego aclaró que no tienen denuncia alguna contra el capitán ni que se ha verificado las amenazas a los estudiantes.
El policía añadió que luego de que se retirara la representante de la Defensoría del Pueblo, el viernes en la noche, los estudiantes fueron amenazadas con hacerles dar de baja una vez que egresen con un caso falso para hacer retirar a los tres alumnos afectados. “Esto no es nada, cuando salgan igual les voy a pasar la voz a todos los oficiales, y les van a dar de baja”

SUPUESTA FALTA
La supuesta falta de los tres estudiantes es que se habrían enamorado de mujeres de la Esbapol, por lo que indicaron que pidan su baja o se sometan a la tortura. “Solo a los tres les agarraron a patadas, pero a los otros les hicieron revolcar en deshechos de alcantarillados. Los 39 alumnos de segundo año de esta gestión, por culpa de los tres han sufrido estos maltratos, les hicieron comer sopa y segundo caliente en dos minutos, cuando el reglamento te permite en quince”, agregó el informante.

SUBTENIENTE NO
FUE EXPULSADO
Al momento, se sabe que cambiaron de cargo al subteniente como administrativo, por lo que dejó de ser instructor, ya que la Defensoría del Pueblo le pidió al responsable de la escuela que el denunciado por vejamen no se acerque a los estudiantes. “Al capitán, como es jefe de estudios, no lo han denunciado”, agregó.

DÍA DE TORTURA
“Todo el martes, en la hora de descanso, les patearon en el estómago, les hacían tomar diez litros de agua”, dijo el informante, quien agregó que el caso fue conocido hasta el momento por la Felcc, pero se identifica al capitán Rodrigo Flores y al subteniente Flores como autores del vejamen. “Mientras el uno torturaba el otro supervisaba, la falta es grave, los instructores que torturen y el director de la Esbapol, teniente coronel Vladimir Calderón, debe hacer respetar los derechos humanos. Pero se ve que no hay eso, se ve que se forma policías agresivos. No se puede formar técnicos superiores violentos, y es que van a ser reales servidores públicos, y conocedores de los derechos humanos”, finalizó.

DECESOS EN CUARTELES 

Van 20 militares muertos desde 2010 y no hay ni un responsable

La mayoría perdió la vida por ahogamiento y por accidentes. En todos se instauró un sumario. Cinco casos pasaron a la Justicia Ordinaria y no se halla al o los culpables. El padre de Poma busca hacer justicia con sus manos, ya que no avanza el juicio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: La Razón

La Razón (Edición impresa) / Elisa Medrano / La Paz
04 de agosto de 2013

Desde 2010, una veintena de conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales falleció en las Fuerzas Armadas cuando prestaba servicio. Pese a que algunos murieron en accidentes, los responsables no fueron identificados ni castigados en pesquisas en la Justicia Ordinaria.

Nueve de las víctimas pertenecían a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), ocho soldados y un cadete. Cuatro eran del Ejército, dos subtenientes, un suboficial y un conscripto. Siete estaban en la Armada Boliviana, todos marineros. Cinco casos están en juicio ordinario y ninguno acabó.

Este diario intentó entrevistar al comandante en jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, pero en la Unidad de Comunicación se indicó que no habrá ningún pronunciamiento respecto a la muerte de uniformados. Este jefe militar también rechazó en dos oportunidades audiencias al defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó a la Cámara de Diputados el miércoles 31 que la mayoría de los soldados (11) falleció por ahogamiento, como consecuencia de accidentes y acciones de desobediencia, por lo que no ameritó mayor investigación ni sanción a nadie.

En todos los casos se instauraron sumarios militares, aunque en algunos también intervino la Justicia Ordinaria, debido a que habría alguna responsabilidad, por lo que aseguró apoyo.

Las muertes de los subtenientes de Ejército Gróver Poma Guanto (2011) y Ceooly Espinal (2013), que recibían instrucción en la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol), ameritaron una investigación en la vía ordinaria.

En el primer caso, según Saavedra, uno de los oficiales, identificado como Franz G., además de enfrentar un proceso en la Justicia Ordinaria, fue separado de la institución, a raíz del fallecimiento de una enfermera, en junio, en el Estado Mayor de Miraflores.

Precisó que las autoridades deberán establecer si hubo encubrimiento por parte de los jefes militares, ya que ese oficial seguía trabajando al interior de las Fuerzas Armadas.

Agregó que los militares involucrados en la muerte de Poma tenían la orden de permanecer en ese lugar, pero no explicó por qué no lo hicieron y de quién es la responsabilidad.

Respecto al deceso de Espinal, dijo que se inició un sumario militar, aunque además se abrió un proceso por la vía ordinaria, el que fue coadyuvado por esa institución militar.

Declaración. Recordó que en diferentes fechas declararon ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba cinco instructores, el médico operativo de la Esconbol, otro instructor y ocho estudiantes de la institución militar. Posteriormente se presentaron tres instructores y cuatro alumnos más.

Además del fallecimiento de ambos oficiales, la Justicia Ordinaria indaga la muerte del cadete de aviación Wildo Delgado de los Ríos, del soldado Carlos Flores Chura y del marinero Henry Molina Gutiérrez, los tres a causa de disparo de arma de fuego.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, expresó su preocupación porque son varias muertes de conscriptos y de oficiales o suboficiales en los últimos tres años, la mayoría todavía no fue esclarecida y no se identificó y sancionó a los responsables.

Después de recibir la información oral de Saavedra, el asambleísta adelantó que todos los datos que fueron proporcionados por la autoridad gubernamental serán analizados, con el fin de que se pueda emitir recomendaciones a esas instituciones.

Explicó también que se requerirá mayor información en determinados casos, si es que corresponde, para que se pueda complementar el reporte conclusivo a ser elaborado.

Además, indicó que su comisión también evaluará la pertinencia de pedir que se amplíen las investigaciones de algunos decesos, aunque no especificó de cuáles. Agregó que el hecho de que no se haya esclarecido algunas de esas muertes es porque la Justicia Ordinaria tiene falencias. Sólo así se explica por qué no se castigó a nadie en el caso Poma, en tres años.

Reporte de cada fuerza militar

Informe

Los datos sobre la cantidad de fallecidos fueron remitidos por cada una de las fuerzas al Ministerio de Defensa.

Educación

Se informó también que se imparte enseñanza en diferentes ramas técnicas, tanto a cadetes como al personal de la tropa, a través de diferentes cursos.

Villena califica de ‘escándalo’ las bajas

De un “escándalo” calificó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que sean 20 los militares fallecidos en cuarteles de las Fuerzas Armadas entre 2010 y lo que va de este 2013.

Esa cantidad de muertos, según el representante defensorial, pone al descubierto prácticas que se han hecho consuetudinarias en la formación de los cuadros al interior de las Fuerzas Armadas. “Es más, la pregunta es: ¿se va a seguir formando militares a costa de sus propias vidas?”, se cuestionó.

En su criterio, hay una contradicción entre la cultura de paz que propugnan las Fuerzas Armadas y la vulneración de los derechos humanos en las reparticiones de esa institución.

Manifestó que debe haber una sujeción irrestricta y de respeto a los derechos humanos porque precisamente las naciones indígenas, ya sea la aymara, la quechua o la guaraní, propugnan aquello.

Si bien hasta la fecha no hubo sanciones por las muertes reportadas en instituciones militares, el Defensor considera que ello se debe a que todavía el camino para llegar a una condena es “muy complejo”.

“Ya el hecho de que estos casos pasen a la Justicia Ordinaria es un logro fundamental, ahora la Justicia debe hacer su trabajo y las autoridades tienen la obligación de facilitar la labor de investigación; el Ministerio Público no puede ser impedido en su accionar”, sostuvo.

Sin embargo, recordó que de no haber sido por la muerte de la enfermera Jannett Vargas (27), ocurrida el 21 de junio en predios del Estado Mayor, el subteniente Franz G., implicado en el fallecimiento de su camarada Gróver Poma, no hubiera sido detenido.

Poma perdió la vida en la Escuela de Cóndores Bolivianos en Sanandita el 9 de febrero de 2011.

“Faltan dos más y he pedido al Fiscal General (Ramiro Guerrero) que se extreme todo lo que está a su alcance para que dé con los dos que están con serios indicios de prueba de ser responsables (de esa muerte)”, dijo.

Justicia por mano propia

Andrés Poma, padre del fallecido subteniente Gróver Poma Guanto, quien murió el 9 de febrero luego de estar en la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol) en Sanandita, está cansado de los vaivenes de este proceso, por lo que pidió su extinción a fin de que él mismo, con sus manos, pueda hacer justicia.

“Buscaré con mis propias manos la justicia”, aseguró en Tarija, durante una entrevista con el diario El País.

También calificó de “una vergüenza” la retardación que hay en el juicio por la vía ordinaria.

A más de dos años de iniciarse el proceso, él está cansado de llamar en reiteradas ocasiones al Ministerio Público de Yacuiba, donde le responden que los fiscales están en audiencia.

Recordó que en una ocasión quiso declararse en huelga de hambre en los juzgados, pero los policías se lo impidieron y le echaron de la acera.

Defensoría aguarda la respuesta de las FFAA

Villena pide una reunión para dialogar sobre las muertes en los cuarteles

La Razón / Édgar Toro / La Paz
02:07 / 29 de julio de 2013

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aún espera la respuesta de las Fuerzas Armadas sobre la muerte de efectivos militares en los cuarteles. Es la segunda solicitud para conversar sobre el tema con el comandante en jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente.

Villena cree que es posible prevenir estos decesos porque hay “algunas falencias en la seguridad y protección de las personas cuya vida y seguridad se encuentran bajo el cuidado de la institución castrense”.

Además, el Defensor afirmó que se pueden revisar algunos procedimientos en los entrenamientos para evitar estos accidentes. En un mes perdieron la vida dos soldados y un cadete. El conscripto Carlos Churata fue el último en perecer, el 26 de julio en un cuartel de Tarija.

FFAA ven que ‘no es pertinente’ reunión con Defensor para tratar tema de DDHH

Rolando Villena le recordó al Comandante en Jefe de las FFAA, Ramiro de la Fuente que la Defensoría inició las investigaciones sobre las muertes de la enfermera Janeth Vargas, el subteniente Ceooly Espinal, el cadete Daniel Delgado de Los Ríos y el soldado Henry Molina.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
19:30 / 26 de julio de 2013

Las Fuerzas Armadas (FFAA) rechazan la invitación del 22 de julio del Defensor del Pueblo para sostener una reunión, con el argumento de que “no es pertinente” tratar temas de Derechos Humanos (DDHH) cuando el caso de muertes en recintos e institutos militares están en los ámbitos de la Justicia, tanto penal como militar. El Defensor respondió que es su deber garantizar los derechos y apeló a la responsabilidad y compromiso del Comandante en Jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, para viabilizar una nueva cita.

De la Fuente, en una nota fechada el 23 de julio señaló que “no es pertinente” una reunión porque los casos que serian objeto de análisis se encuentran en la justicia ordinaria, por lo cual le corresponde “abstenerse de emitir criterio alguno, mientras no exista sentencia ejecutoriada”. Además, El Comandante le sugirió al Defensor que cualquier solicitud que haga sea canalizada a través del Ministerio de Defensa.

“Debo aclarar que mi solicitud está motivada además por mi deber y por las prerrogativas que la Constitución y las leyes me asignan y atribuyen”, respondió Villena en una extensa carta dirigida a de la Fuente con fecha de hoy, donde citó el artículo 218 de la Constitución Política del Estado (CPE) como referencia a las potestades que debe cumplir el Defensor del Pueblo.

En la misiva, Villena también le recordó a de la Fuente que la Defensoría inició las investigaciones sobre las muertes de la enfermera Janeth Vargas, en el Estado Mayor el 21 de junio; el subteniente Ceooly Espinal, el cadete Daniel Delgado de Los Ríos y el soldado Henry Molina.

En el tenor de la carta el Defensor del Pueblo sostiene que el hecho de que los decesos de personas en instituciones castrenses están siendo investigadas por los organismo correspondientes, “no inhabilita nuestra competencia institucional para investigar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin perjuicio de cualquier otra investigación administrativa, disciplinaria o penal que se lleve a cabo, más tomando en cuenta que son nuestras conclusiones las que serán remitidas al Ministerio Público en caso de evidenciar aspectos que tengan que ser investigados en dicha instancia”.

El 22 de julio, Villena cursó una carta a de la Fuente para sostener con esa autoridad militar una reunión para analizar conjuntamente las medidas de protección, seguridad y garantía de los derechos humanos en los recintos militares. Recordó, en ese entonces, que en los últimos meses siete personas murieron en esos lugares.

"Apelando (…) sobre todo a su responsabilidad y compromiso, le reitero mi solicitud de programar una reunión con su persona y los comandantes de las tres fuerzas (Fuerza aérea, Armada y Ejército), la misma que sugiero pueda llevarse a cabo el miércoles 31 de julio a horas 16:00 en sus instalaciones”, concluye Villena en la carta cursada el 26 de julio.

El lunes pasado, el Defensor expresó en la misiva del 22 de julio que los hechos irregulares en los recintos militares “parecen indicar, cuando menos, una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección que están afectando principalmente la vida y la seguridad de quienes acuden a esa institución para servir a la Patria y a la sociedad”.