El 75% de los incidentes sucedió en recintos castrenses del país

8 muertes en recintos policiales y militares aún no se esclarecen

Cuatro de los casos ocurrieron en el departamento de La Paz , dos en Sanandita (Tarija), uno en Santa Cruz y otro en Potosí. Siguen las investigaciones.

domingo, 08 de diciembre de 2013

 

Pablo Peralta / La Paz
Al menos ocho casos de muertes que sucedieron en los últimos tres años en recintos policiales y militares aún no se esclarecen. La mayoría de los casos se dio en el departamento de La Paz.

Cuatro de ellos ocurrieron en La Paz, dos sucedieron en Tarija, uno en Santa Cruz y otro en Potosí, según un recuento realizado por Página Siete.
El 75% de los incidentes sucedió en recintos militares. El resto en instancias policiales.

En cuestión de instituciones, dos ocurrieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), dos tuvieron epicentro en la Academia Nacional de Policías (Anapol) y uno en el Estado Mayor, el resto en otras instancias castrenses del interior (más detalles en el cuadro adjunto).
Siendo que la mayoría de los casos ocurrieron en instancias militares, en noviembre el defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió una misiva al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que le pide instruir, a la entidad que corresponda, llevar adelante acciones para velar por los derechos en esos espacios.

La Defensoría maneja el dato de que más de 20 ciudadanos murieron en recintos castrenses, entre militares, cadetes y conscriptos, además que en los últimos tres años hubo 300 denuncias de vulneración de derechos.
Las causas
Dos casos sucedieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita. El primero data del 9 de febrero de 2011, cuando murió el subteniente Gróver Poma a causa de una golpiza que le propinaron presuntamente como castigo después de que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”. El segundo sucedió en ese mismo recinto el 2 de febrero, cuando murió el subteniente Ceooly Espinal. Ambos casos se ventilan en la justicia ordinaria.

El primero de los hechos que tuvo lugar en la Anapol ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando una baranda de esa institución cedió y murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas. El segundo sucedió el mes pasado, cuando la cadete de tercer año Cinthia Poma falleció tras realizar ejercicios físicos.

En junio, dentro del Estado Mayor murió la enfermera Jhaneth Vargas (de 27 años). Según las indagaciones de la Fiscalía, esta persona perdió la vida después de una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinó la causa de la muerte.

En octubre, el alférez de la Escuela Naval Emmanuel Cusi murió cuando realizaba una prueba de buceo. Su cuerpo fue hallado el 5 de noviembre. El Ministerio Público lleva las investigaciones del caso, pero la parte acusada presentó un recurso inhibitorio para que éste no sea tramitado en la justicia ordinaria, sino en la militar.

Según datos de la Defensoría, el 29 de agosto murió el soldado Carlos Loza en Puerto Suárez (Santa Cruz), cuando ayudaba a trasladar enseres de un teniente y cayó de la camioneta del ejército. Un mes después, entre el 2 y 3 de septiembre, falleció el conscripto Freddy Rodríguez, del Puesto Militar de Atocha (Potosí), quien fue golpeado por un sargento y otros conscriptos.

A estos casos se suman la muerte de un cadete y un conscripto del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade de Sucre, quienes fallecieron después de ser arrastrados por el río Quirpinchaca, al tratar de rescatar un vehículo atrapado en el cauce. Aún no se conoce con precisión si hubo o no orden superior para que realizaran esa acción.
"La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes, como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos”.
Rolando Villena, defensor
Los ocho casos
Caso Poma El 9 de febrero de 2011, el subteniente Gróver Poma murió por una golpiza que le dieron presuntamente como castigo tras que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”, en la Escuela de Cóndores de Sanandita de Tarija. El caso está en la fase que antecede al juicio oral.
Caso Aranda El 22 de junio de 2012, una baranda de la Anapol, ubicada entre el segundo y tercer piso, cedió. En ese incidente murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas.
Caso Espinal El 2 de febrero murió el subteniente Ceooly Espinal durante su estancia en la Escuela de Cóndores. La Defensoría detectó afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida del oficial.
Caso enfermera El 21 de junio, la enfermera Janeth Vargas (de 27 años) murió en el Estado Mayor. Según la pesquisa de la Fiscalía, falleció tras una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinaron las causas de la muerte.
Caso Loza El 29 de agosto, el soldado Carlos Loza falleció en Puerto Suárez, cuando "era utilizado” para transportar los enseres personales de un teniente. Por un accidente cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército, según la Defensoría.
Caso Rodríguez Entre el 2 y 3 de septiembre, el conscripto Freddy Rodríguez Uño (19 años), con presunta discapacidad intelectual, fue sometido a torturas y tratos crueles en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas de Potosí, según la Defensoría.
Caso Cussi El 22 de octubre, el alférez Emmanuel Cusi desapareció bajo las aguas durante una prueba de buceo. El 5 de noviembre se encontró su cuerpo. Según los familiares, sus compañeros comunicaron que cuando estaba en el agua Cusi levantó la mano para pedir ayuda, pero nadie lo auxilió.
Caso Poma El 18 de noviembre murió la cadete Cinthia Poma, tras realizar ejercicios físicos en la Anapol, donde cursaba el tercer año. Aún no se sabe cuál es la causa de su fallecimiento.
Puntos de vista
ever moya, presidente de Com. DDHH de Diputados
Hicimos un seguimiento
Estamos preocupados. Hicimos un seguimiento de fiscalización para ver en qué están quedando estos casos. Hemos pedido informe y convocamos recientemente al ministro de Gobierno para que nos informe sobre esos casos que nos preocupan. Asimismo, este año hemos llamado al ministro de Defensa sobre el caso de cadetes y conscriptos de las Fuerzas Armadas.
En todo caso, la mayoría de los casos, según ambas informaciones, nos indica que estarían en manos del Ministerio Público. No podemos ahora convocar sobre el caso de Cinthia Poma y JanethVargas, que murió en el Estado Mayor, porque esos dos casos todavía faltan. Según información del Ministerio Público, que llegue el plazo de la investigación: que son seis meses, y en función a eso queremos hacer la petición de informe oral.
Una vez cumplido el plazo fijado, estamos pensando convocar al fiscal general para que nos pueda esclarecer.
víctor vacaflores
DDHH de La Paz
Investigación, caiga quien caiga
Hubo una reflexión al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y por tanto hay un documento, en referencia fundamentalmente a la cadete Poma. Pero ese documento expresa el espíritu en general.
Una y otra vez tenemos que insistir en la necesidad de la investigación hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Así tiene que ser. Ése es el mejor tributo para la democracia.
No debe haber ninguna otra razón que obstaculice las investigaciones, salvo algo que tenga que ver con la calidad, con la capacidad o no capacidad técnica. No puede haber obstáculos políticos, intereses creados, intereses sectoriales coyunturales. Ésa debería ser la línea, la posición que sostenga toda organización de derechos humanos y toda la población, y nosotros pedimos que ése también sea la línea, los valores, la orientación de la Fiscalía y del Estado. Nuestras dudas surgen en la medida en que son varios casos y existe una retardación de justicia.

En el acto de graduación de 284 sargentos en Tarata, Cochabamba

Evo alude a DDHH la baja preparación física de soldados

Recordó que cuando vivía en Orinoca escuchaba que cadetes y oficiales ganaban medallas en juegos deportivos internacionales. Ahora, en cambio, no. 

Lunes, 09 de diciembre de 2013

 

 

Página Siete / La Paz

El presidente Evo Morales aludió ayer a Derechos Humanos (DDHH) la baja preparación física de uniformados. Recordó que cadetes y oficiales ganaban premios internacionales y que ahora ya no los consiguen.

"Los comandantes tienen la obligación de preparar físicamente (a los soldados). Aunque lamento mucho decir que tienen su tarea y responsabilidad las instituciones de derechos humanos. Entendemos perfectamente (su labor), pero cualquier institución de los derechos humanos no puede perjudicar en la preparación física de nuestros soldados”, declaró el presidente Evo Morales.

La afirmación fue hecha en el acto de graduación de 284 sargentos, entre damas y varones, de las escuelas militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) correspondiente a la promoción 2013. El acto se desarrolló ayer en la Escuela Militar de Sargentos Maximiliano Paredes, en la localidad de Tarata.

El dignatario recordó sus primeros años de vida en la localidad de Orinoca. "Cuando era adolescente o niño todavía, era adicto al deporte y trataba de escuchar por la radio las informaciones deportivas (...). Escuchaba que en los Juegos Bolivarianos y otros eventos internacionales (y decían) que tal cadete sacó medalla de oro, tal oficial medalla de plata”, declaró.

Sin embargo, "ahora no escucho que cadetes ni oficiales de las FFAA medalleros en las competencias internacionales. Me pregunto: ¿qué pasa en las FFAA? Algunos oficiales me dicen: ‘por culpa de los derechos humanos’. Habrá que ver si realmente es por culpa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o el defensor del Pueblo”, cuestionó el dignatario.

Además, dijo que "respetando los derechos humanos, garantizar la preparación física y que también nuestros cadetes y alumnos de escuelas e institutos y oficiales vuelvan a representar al pueblo boliviano en competencias internacionales (…) Mi gran deseo es que nuevamente nuestras Fuerzas Armadas sean medalleros en estos eventos internacionales”. En su discurso, además, el Jefe de Estado señaló que los nuevos sargentos deben ser actores importantes para impulsar el desarrollo de la nación de cara al bicentenario de Bolivia, en 2025, y que tienen la responsabilidad junto a sus camaradas de llevar adelante la Agenda Patriótica, que busca erradicar la extrema pobreza y universalizar los servicios básicos, entre otros.

También subrayó que ser militar es "servir al pueblo boliviano, tener una profunda conciencia” sobre el civismo y patriotismo.

Asimismo, les pidió profundizar el sentimiento por la patria

El proyecto de ley fue aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados

Buscan crear institución para prevenir las torturas

domingo, 08 de diciembre de 2013

 

Cecilia Ayllón, ministra de Justicia.

Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley de Servicio para Prevención de la Tortura (SEPRET) sugiere crear una institución pública descentralizada que permita contar con mecanismos de previsión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes a las personas.
Según un boletín de la Cámara de Diputados, al que hace referencia la gubernamental ABI, el proyecto de ley aprobado en sus dos estaciones se enmarca en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
Asimismo, la nueva norma cumple el mandato del artículo 111 de la CPE, que determina que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria o crímenes de guerra son imprescriptibles.
Durante su exposición ante el pleno, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, justificó la importancia de esta norma haciendo referencia a las múltiples irregularidades registradas en las academias de formación policial y militar relacionadas con malos tratos o torturas.
Asimismo, la autoridad recordó que el 27 de julio de 2006, a través de la Ley 3454, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la cual Bolivia se comprometió a asumir acciones contra este tipo de prácticas.
Ayllón recordó que el 10 de diciembre del mismo año, el Estado boliviano puso en vigencia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien 2009-2013, que también incluye medidas contra la tortura.

Los uniformados vulneran los derechos humanos en las sesiones de instrucción

Los castigos derivan en torturas en algunos recintos militares y policiales

Instructores castrenses imparten castigos a conscriptos que van desde golpes, asfixia hasta el ahogamiento, con el riesgo de llegar a la muerte. Lo mismo ocurre en la Policía, con instrucciones excesivas.

Lunes, 25 de noviembre de 2013

 

Fotos: Stringer / Página Siete. Entrenamiento militar en una dependencia de las Fuerzas Armadas, en La Paz

Claudia Soruco / La Paz

Daban las 7:00 de un martes de septiembre de 1992. A la hora de la formación, el instructor del regimiento militar GADA de Cochabamba pidió a dos conscriptos que sujetaran a Carlos S., lo ataran con una cuerda, colgaran de los pies en un arco de madera y golpearan con un tolete hasta que pidiera disculpas por un acto de indisciplina.

Pasaron más de 20 años y el ejercicio de una extrema violencia dentro de las fuerzas policiales y militares persiste. Unos denominan a este hecho como instrucción y otros lo califican como una vulneración de los derechos humanos que incurre incluso en delitos de tortura.

Entonces, Carlos tenía 18 años, y veía esta sanción, causada por una salida del cuartel sin autorización, como una prueba para "demostrar la valentía en frente de los camaradas y para que no se burlen si yo me rendía”.

En un sondeo que Página Siete realizó a 12 hombres que prestaron su servicio militar y premilitar dentro de cuarteles de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el común denominador fue que el uso de violencia ejercido por sus propios camaradas por una orden de sus instructores era el resultado de actos de indisciplina e incumplimiento de sus ejercicios durante su instrucción física.

"Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde”, cuenta Marco Callizaya, quien hizo su servicio militar en el Regimiento Colorados de Bolivia, en La Paz.

Ante estos hechos recurrentes en el país, que revelan esta vulneración de los derechos humanos en la instrucción militar, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en una entrevista con este medio, aseguró que dichos "castigos van desde vejaciones, humillaciones hasta expresiones muy torpes que se constituyen también en un mecanismo de violencia psicológica, pero que los instructores para su descargo siempre aseguran que estaban dentro de lo correcto y de la instrucción establecida”.

Datos de esta instancia dan cuenta de que entre 2010 y 2012 se registraron y admitieron 401 denuncias contra las Fuerzas Armadas. De ese total, 109 (27%) corresponden a vulneraciones de los derechos de la integridad física, psíquica y moral, y a los de la salud.

De la instrucción a la tortura

La representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de La Paz, María Amparo Carvajal, informó que cada año su entidad registra en promedio 300 denuncias de vulneración de derechos humanos en los recintos policiales y militares, llegando a agravantes de torturas que no son investigadas y menos sancionadas.

"Sin embargo, hay padres que vienen y aseguran que sus hijos están siendo masacrados, pero a la hora de tomar sus datos prefieren callar por el temor de que sean echados o reciban una mayor paliza. Este temor está latente en todo el país”, asegura Carvajal.

En estos tres últimos años, 28 personas murieron en diferentes recintos policiales y militares. ¿Las causas? En su mayoría por excesivos ejercicios de entrenamiento o castigos que llegaron hasta la tortura.

"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más”, relata un cadete de segundo año de la Academia Nacional de Policías, quien prefirió, "por seguridad”, guardar su nombre en reserva.

Una de esas tantas denuncias que admitió la Defensoría del Pueblo es el castigo, con puños y puntapiés en todo el cuerpo, que un conscripto recibió el pasado 4 de septiembre en uno de los cuarteles del Comando General del Ejército.

Los informes previos también establecen que el joven de 19 años fue sumergido en agua caliente por sus propios compañeros, quienes obedecieron las órdenes de un sargento, quien sospechaba que la víctima había robado su teléfono celular.

Para el senador de oposición y excomandante del Ejército boliviano Marcelo Antezana, estos hechos no son recurrentes dentro de las Fuerzas Armadas. "Con el tiempo más bien hemos visto que se han ido aboliendo y se respetan más los derechos humanos, aunque siempre hay casos aislados”.

Entre el miedo y el exceso

A finales de 2012, una madre denunció que su hijo que prestaba su servicio en el Colegio Militar del Ejército, luego de haber presentado agotamiento por los excesivos ejercicios, fue obligado por su teniente a ponerse en posición de abdominales para que otro de sus camaradas orinara en su rostro.

"Hablamos de una extrema violencia. Estamos enfrentando a torturados que después se convertirán en torturadores. Esta gente siente que el uniforme les da todo el derecho de ejercer semejante violencia sin control”, agrega Carvajal.

En los recintos policiales, los cadetes de los primeros años son los más propensos a recibir castigos y uso excesivo de la fuerza por parte de sus superiores. En el caso de las dependencias de las Fuerzas Armadas, los conscriptos y estudiantes que cursan los primeros años son los más afectados.

Para el exmayor de Policía David Vargas, el entrenamiento en los recintos debe ser duro, para que los futuros policías estén preparados ante cualquier contingencia. "Yo también he sido instructor y también castigaba de manera desproporcionada a los cadetes y por eso les decía que en el futuro iban a enfrentarse con gente de diferente tipo, es para eso que hay que preparar a los policías”, sostuvo.

La APDHB estableció que la Policía y las Fuerzas Armadas son las instituciones que más vulneran los derechos humanos en el país.

Sin embargo, los numerosos casos de muertes y torturas continúan sin el necesario ni oportuno esclarecimiento.

Persisten los casos de personas que sufrieron actos violentos dentro de la Policía y las FFAA

Carlos s.

Exconscripto

"Me golpearon con toletes”

"Lo que recuerdo es que salí sin permiso por la noche del cuartel. Pensé que nadie lo había notado, pero cuando regresé y fui como cada mañana a la formación, el sargento me hizo pasar adelante, ordenó que dos de mis camaradas me sostuvieran y me sujetaran con una soga de manos y pies. Luego les ordenó que me colgaran de los pies en un arco y que después me golpearan con los toletes, hasta que pidiera perdón. Fue doloroso”.

Cadete

Segundo año de la Anapol

"Las fuerzas nos vencen a veces”

"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más. Los ejercicios son muy dolorosos, pero siempre nos dicen que no debemos quejarnos. Hay gente que no puede aguantar, pero a veces quejarse es peor, porque viene el teniente y da patadas en la espalda. Hemos sabido de cadetes que han tenido que ir hasta el hospital a hacerse ver, porque ya no aguantaban el dolor, pero nada cambia”.

Madre

De cadete de la Anapol

"Mi hijo no quiere quejarse”

"Mi hijo va a ser el primer policía de la familia, pero a veces me da pena porque mucho sufre. Cuando lo veo el fin de semana está cada vez más demacrado, no me quiere decir nada, pero siempre llega adolorido. A veces me da la impresión de que hasta lo están golpeando más de la cuenta, tal vez son sus mismos compañeros de curso, porque somos de origen bien humilde. Ya hemos intentado que nos diga, pero nada”.

Marco Callizaya

Exconscripto

"En ese tiempo no lo veía mal”

"No todos teníamos el mismo rendimiento físico. Algunos que no teníamos la altura de otros sufríamos mucho más en el momento de realizar los ejercicios y el entrenamiento táctico. Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde. Fue muy duro y no me hicieron ni probar un poco de agua en todo ese tiempo”.