lunes, 30 de septiembre de 2013

Villena dice que tal vez el Presidente esperaba un Defensor del Pueblo pro intereses del Gobierno

El Defensor del Pueblo consideró que, el actual, es “un momento difícil y complicado” y señaló que sí conocía del apoyo del presidente Evo Morales a su postulación cuando fue elegido en ese cargo. Lamentó que algunos sectores no tengan la madurez suficiente para medir sin apasionamientos la labor de la Defensoría del Pueblo.
La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
18:05 / 27 de septiembre de 2013
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó hoy que conocía del apoyo del presidente Evo Morales a su elección en el cargo y consideró que sus recientes críticas posiblemente se deban a que el Jefe de Estado esperaba una autoridad ligada a los intereses de su Gobierno. Dijo además que no le preocupan las críticas que recibe del oficialismo por mantener una posición consecuente con el esclarecimiento de los hechos en el caso de la represión en Chaparina.
“Cuando asumí el mandato de Defensor del Pueblo lo hice con esa conciencia: soy Defensor del Pueblo y eso está costando críticas, tensiones y sinsabores, pero eso lo asumo como parte de mi trabajo y de ninguna manera me siento turbado, menos preocupado; pero llama la atención que no haya la madurez suficiente para aquilatar el trabajo de la Defensoría”, afirmó.
El jueves, un día después que Villena planteó la suspensión de Sacha Llorenti como embajador en la ONU para que aclare su participación en Chaparina, Morales dijo en una entrevista con CNN que cometió un error al apoyar su elección.  “Ahí debo reconocer que es el error que he cometido. Había sugerido a los movimientos sociales que Rolando Villena sea Defensor del Pueblo…Yo soy el culpable para que (Villena) sea Defensor, lamento mucho decir de manera sincera”, sostuvo.
El Defensor había solicitado a la Cancillería la suspensión de Llorenti como embajador en la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que contribuya a aclarar la represión de septiembre de 2011 a indígenas en Chaparina, quienes marchaban en rechazo a la construcción de una carretera por medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Villena calificó esta coyuntura como “un momento difícil y complicado”, aunque consideró que las cosas se aclararán  porque –afirmó-  no está en contra del Gobierno, sino contra medidas que contradicen a la Constitución y que vulneran derechos humanos.
“Para mí (el apoyo del Presidente) sorpresa no es, porque esto lo sabía desde un principio, y posiblemente lo que ellos esperaban, al menos el Presidente, era que ejerciera una labor de Defensor del Pueblo más o menos pro algunos derechos o algunos intereses a lo mejor del Gobierno”, declaró en una entrevista con la red Erbol.
En un comunicado difundido ayer, la autoridad aseguró que mantiene su decisión de plantear la suspensión de Llorenti, quien en el momento de los sucesos de Chaparina ejercía la cartera de Ministro de Gobierno.
Renunció al cargo y, posteriormente la Fiscalía lo excluyó de la investigación para esclarecer la intervención policial, que implicó el uso de cinta masquin para amordazar y maniatar a los indígenas que marchaban en contra del paso de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del TIPNIS.
“El Ejecutivo tenía la claridad de la implementación de un plan, las mismas razones ratifican la necesidad de que sea convocado Sacha Llorenti para que pueda informar, presentar sus descargos, en todo caso es el Ministerio Público el que debe ampliar las investigaciones para que este tipo de cosas no queden en la impunidad”, sostuvo.
Sobre la posibilidad de que sea convocado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para informar sobre su trabajo, Villena afirmó que todo su accionar está documentado y que en su momento se evaluará su asistencia
POR PEDIR LA SUSPENSIÓN DE SACHA

Evo tilda a Villena de ser "instrumento de la derecha"

El presidente Evo Morales reveló este jueves que fue él quien recomendó a Rolando Villena para ser Defensor del Pueblo, decisión de la cual se arrepiente, pues esta autoridad en la actualidad es, a su criterio, el "mejor instrumento de la derecha".
26 de Septiembre de 2013 | 10:52
 

Evo acusó al defensor del Pueblo, Rolando Villena, de ser un "instrumento de la derecha" porque pidió la suspensión de Sacha Llorente de la ONU para que sea procesado por el caso Chaparina. Foto: EL DEBER

En una entrevista con la cadena televisiva norteamericana CNN, el mandatario fue consultado por el pedido que hizo este miércoles Villena, quien exigió suspender de sus funciones al embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, para que se presente al país y responda por la brutal intervención policial a la VIII marcha indígena del Tipnis, acaecida el 25 de septiembre de 2011. "Ahí debo reconocer yo, es el error que he cometido, yo había sugerido a los movimientos sociales que Rolando Villena sea Defensor del Pueblo, es por eso que aprobaron. Yo soy el culpable para que sea defensor, lamento mucho decir de manera sincera, porque cuando me piden opinión, yo opino, y a veces mi opinión es respetada", respondió Morales.  
En ese sentido, y sobre las declaraciones de Villena, el dignatario señaló que "este señor es el mejor instrumento de la derecha en este momento", más aún cuando la VIII marcha indígena estaba financiada, acusó, por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, prueba de ello, dijo, son los contactos telefónicos que mantenían los dirigentes del Tipnis con la legación diplomática.
 "Lamento que el Defensor sea el mejor instrumento de la derecha, en vez de que apoyaba, porque él viene de un sector religioso, metodista, yo tengo mucho respeto, admiración a metodistas que oran (…). Yo pensé que realmente iba a responder, cuando sus familiares trabajan con la derecha en algunas alcaldías, prefiere estar al servicio de la derecha, que estar al servicio del pueblo boliviano", criticó.
Tiempo atrás, el diputado Galo Bonifaz (MAS) denunció a Villena de tener una "estrecha relación" con el Movimiento Sin Miedo (MSM), debido a que su esposa es hermana del actual director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Pedro Susz.
Villena fue posesionado en el cargo de Defensor del Pueblo el 13 de mayo de 2010, en una sesión de la Asamblea Legislativa, en la que estuvo presente el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
 El acto estuvo marcado por las críticas de la oposición, que tildaron a Villena como el "Defensor del MAS y no del Pueblo".
"Soy un siervo del pueblo y vamos a hacer una defensa intransigente de los derechos humanos desde los diferentes escenarios para que el uso del poder dignifique las relaciones entre el Estado y la comunidad", dijo Villena el día de su posesión.
Villena, pastor y obispo de la iglesia Metodista, trabajó 30 años en esa institución, fue activista de derechos humanos y fundador de una oficina para esa misión en Cochabamba. Fue presidente de Derechos Humanos y fue designado por la mayoría oficialista del MAS como el nuevo Defensor del Pueblo.
Fuente: ANF

lunes, 9 de septiembre de 2013

Los crímenes de Pinochet, más allá de la ficción

Desarrolló armas químicas para exterminar opositores, planificó el primer atentado terrorista en Washington, se alió con exnazis, montó apariciones de la Virgen: los crímenes y las tretas de la dictadura de Augusto Pinochet superaron la ficción.
Santiago. Simpatizantes de Allende son arrestados tras el golpe. Foto: reuters-archivo
Santiago. Simpatizantes de Allende son arrestados tras el golpe. Foto: reuters-archivo
La Razón (Edición impresa) / Afpn / Santiago de Chile
08 de septiembre de 2013
Desarrolló armas químicas para exterminar opositores, planificó el primer atentado terrorista en Washington, se alió con exnazis, montó apariciones de la Virgen: los crímenes y las tretas de la dictadura de Augusto Pinochet superaron la ficción.
Transcurridos 40 años del golpe de Estado que dio inicio a su dictadura, el 11 de septiembre de 1973, asombran aún la crueldad y los crímenes de un régimen que se saldó con más de 3.200 víctimas y 38.000 torturados.
“No solo hubo una selección y asesinatos masivos, sino que también existió uso de armas químicas y terror en diferentes áreas”, afirmó la periodista Mónica González, una de las mayores investigadoras de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura (1973-1990).
Un año después del golpe, Pinochet mandó asesinar a quien lo había antecedido en la jefatura del Ejército y recomendado su nombre a Salvador Allende: el general Carlos Prats, un hombre con una brillante carrera militar, que murió junto a su esposa al estallar una bomba adosada a su automóvil en Buenos Aires. El doble asesinato fue la antesala de la macabra Operación Cóndor, una confabulación de las dictaduras del cono sur para eliminar opositores ideada por Pinochet.
Pero dos años después, fue mucho más allá: el 21 de septiembre de 1976, a pocas cuadras de la Casa Blanca, en la capital estadounidense, otro coche bomba acabó con la vida del excanciller chileno Orlando Letelier. Hasta antes de los ataques al Pentágono y las Torres Gemelas, en 2001, el atentado a Letelier era considerado el primer acto terrorista en suelo estadounidense.
Letelier había llegado a EEUU tras permanecer detenido junto a otros miembros del gobierno de Allende en una remota e inhóspita isla del estrecho de Magallanes, donde Pinochet construyó un campo de concentración similar a los usados por los nazis para sus prisioneros políticos.
TERROR. Pero Pinochet no sólo se inspiró en los nazis para hacer sus campos de concentración, sino que recurrió a uno de ellos para encubrir torturas y desapariciones. Paul Schafer, un exenfermero nazi del Ejército alemán que llegó a Chile en 1961, colaboró con Pinochet para recluir, torturar y enterrar a opositores.
La dictadura desarrolló también armas químicas, como el gas sarín, somán y tabún, y los perfeccionó de la mano del químico Eugenio Berríos para ser usados en conflictos con países vecinos y contra opositores, según la investigación de González.
Cuando comenzaron a sentirse las primeras protestas contra su régimen, a inicios de los 80, Pinochet buscó distraer también a la población con unas misteriosas apariciones de la Virgen a través de un niño vidente

A 40 años del golpe en Chile, miles piden justicia

Decenas de miles de chilenos se manifestaron ayer en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.
Aniversario. El homenaje a las víctimas de la dictadura convocó a centenares en Santiago, Chile. Foto: EFE.
Aniversario. El homenaje a las víctimas de la dictadura convocó a centenares en Santiago, Chile. Foto: EFE.
La Razón (Edición impresa) / EFE / Santiago
09 de septiembre de 2013
Decenas de miles de chilenos se manifestaron ayer en vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido en la dictadura y el castigo a los violadores de los derechos humanos.
La marcha más multitudinaria tuvo lugar en Santiago, donde según fuentes policiales unas 30.000 personas secundaron la convocatoria de la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos, que congrega a familiares de víctimas, grupos sociales y de izquierda.
Los manifestantes, que portaban retratos con los rostros y los nombres de personas asesinadas, recorrieron los cuatro kilómetros que distan entre la céntrica avenida Alameda y el Memorial del Ejecutado Político y el Detenido Desaparecido en el cementerio.
La marcha, que estaba autorizada, transcurrió de forma pacífica hasta que al llegar a las inmediaciones del cementerio, un reducido grupo de encapuchados protagonizó incidentes aislados y se enfrentó a la Policía.
La fuerza pública usó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a los encapuchados, y efectuó varias detenciones, aunque por el momento se desconoce su número.
Este año, el principal acto de homenaje a las víctimas de la dictadura estuvo precedido de una serie de gestos y pronunciamientos en favor de la reconciliación.
Culpa. La Asociación de Magistrados de Chile, la más importante del país, pidió perdón por sus “acciones y omisiones” durante el régimen militar, mientras que la Corte Suprema reconoció “que no hizo lo suficiente en dictadura”, si bien evitó hablar de perdón.
El presidente Sebastián Piñera denunció que ni el Poder Judicial ni los medios de comunicación hicieron todo lo que debieron para frenar las atrocidades ocurridas durante el régimen del general Augusto Pinochet.
Pero a juicio de las víctimas, nada de esto es suficiente mientras no se establezca la verdad histórica de lo sucedido y los tribunales apliquen con rigor la ley a los responsables de las violaciones a los derechos humanos. “No estamos obligados a perdonar. En vez de que pidan perdón, lo que queremos es que se empiece a hacer justicia y se conozca la verdad de lo que ocurrió”, declaró a EFE Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Pizarro exigió que el Parlamento apruebe leyes que pongan fin a un Estado que, a su juicio, “vive bajo una constitucionalidad autoritaria”, en referencia a la Carta Magna, que aunque ha sido reformada fue redactada y aprobada en el gobierno militar.
Alicia Lira, presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, dijo que espera no tener que esperar otros diez años para que la Justicia haga su trabajo. “Los que hoy piden perdón, esperaron 40 años (...), no nos interesa una reconciliación basada en la impunidad”, enfatizó.
Además de los jueces, algunos políticos han reconocido su responsabilidad en lo sucedido tras al golpe de Estado que derrocó al gobernante socialista Salvador Allende, como el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick.
La Razón (Edición impresa) / Daymira Barriga / La Paz
09 de septiembre de 2013

Jefe militar niega informe a la Defensoría

El comandante de la V División del Ejército acantonada en la población cruceña de Roboré, general Carlos Zurita, se negó a responder a un requerimiento de informe escrito de la Defensoría del Pueblo sobre las circunstancias de la muerte del conscripto César Daniel Carlos López, denunció la institución.
 
El comandante de la V División del Ejército acantonada en la población cruceña de Roboré, general Carlos Zurita, se negó a responder a un requerimiento de informe escrito de la Defensoría del Pueblo sobre las circunstancias de la muerte del conscripto César Daniel Carlos López, denunció la institución.
El muchacho, de 18 años, oriundo de La Paz, quien cumplía su servicio en el regimiento Fuerzas Especiales 15 Junín de Roboré falleció el 19 de agosto.
Los militares dijeron que se cayó de un vehículo en marcha, el 17 de agosto. Se presume que la víctima —quien según la autopsia murió por un traumatismo encéfalo craneal— efectuaba un trabajo para un superior junto con otros reclutas.
El 20 de agosto, el representante de la Mesa Defensorial de Puerto Suárez, Osman Méndez, le envió una nota a Zurita solicitándole información.
Sin embargo, el jefe militar se rehusó y le sugirió que requiera el informe al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, alegando que él “es el representante legal de la institución armada ante los poderes públicos”.
Esta negativa, argumentó ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena, viola la ley del defensor y la Constitución Política del Estado, que en el artículo 223 dispone que “las autoridades y los servidores públicos tienen la obligación de proporcionar a la Defensoría del Pueblo la información que solicite en relación con el ejercicio de sus funciones. En caso de no ser debidamente atendida en su solicitud, la Defensoría interpondrá las acciones contra la autoridad, que podrá ser procesada y destituida”.
Desde 2010, según un recuento efectuado por La Razón, una veintena de conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales falleció en los cuarteles en presuntos accidentes (ahogamientos, caídas, disparo de armas, etc.).

Se cumplen 10 años del inicio de la ‘guerra’ por el gas

La Razón 09-09-13 Mariana Pérez / La Paz
El Gobierno recordó ayer diez años de la chispa que encendió la llamada guerra del gas y que expulsó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada: una marcha campesina que exigía la liberación de su dirigente Edwin Huampo y un paro de 24 horas en El Alto.
Un grupo escapa de la gasificación en el centro paceño. Foto: archivo La Razón
Un grupo escapa de la gasificación en el centro paceño. Foto: archivo La Razón
El Gobierno recordó ayer diez años de la chispa que encendió la llamada guerra del gas y que expulsó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada: una marcha campesina que exigía la liberación de su dirigente Edwin Huampo y un paro de 24 horas en El Alto.
El 8 de septiembre de 2003 distintos sectores acataron un paro cívico en El Alto y descendieron en una masiva marcha a la urbe paceña con un pliego de más de 80 demandas, aunque la principal fue la del rechazo a la exportación de gas por Chile. Este episodio fue recordado ayer por el vicepresidente Álvaro García en un concurrido acto en el cantón Macamaca, municipio paceño de Ancoraimes, provincia Omasuyos, donde entregó 461 viviendas sociales.
“Hace diez años, un presidente gringo llamado Sánchez de Lozada mató a los bolivianos por querer entregar el gas a los chilenos. Y el pueblo dijo, y las comunidades dijeron, no; la provincia Omasuyos se levantó”, agregó en alusión a otra movilización gestada en ese lugar con la misma finalidad, además de reclamar la liberación de Huampo.
En septiembre y octubre de 2003, El Alto se convirtió en un escenario de combate entre los manifestantes y el Ejército. Se calcula que fallecieron 77 personas y más de 400 quedaron heridas.
El 17 de octubre, tras dejar su carta de renuncia al Congreso, Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos, donde ahora reside.
En Bolivia se abrió un juicio de responsabilidades contra 17 personas involucradas en la masacre. En 2011, siete militares recibieron una sentencia de entre tres a 15 años de encierro. Pese a que la Justicia pidió a Estados Unidos extraditar al exmandatario, ésta fue negada el 6 septiembre de 2012.
“No existe una nueva solicitud de extradición, y ha pasado un año”, dijo ayer el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta. En mayo, la Fiscalía General entregó a la Cancillería el segundo exhorto suplicatorio para su revisión y traducción. Para recordar el décimo aniversario de la caída del régimen, las víctimas harán una misa.