Si bien la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de tortura, el experto en derechos humanos Nicolás Boeglin observó que en Bolivia aún no se aprobaron leyes que pongan en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención contra ese delito.
El citado mecanismo, precisó, es un órgano técnico que hace recomendaciones a cada Estado para reducir los niveles de violencia que se dan de parte de éste y/o actores privados contra un detenido. La diputada Marianela Paco (MAS) y su colega Ever Moya confirmaron que la Asamblea legislativa no aprobó ninguna norma referida a la prevención de la tortura. En el Ministerio de Justicia se informó que elaboran un proyecto de ley para impulsar esa tarea.
Boeglin, de nacionalidad francesa, es doctor en Derecho y dicta la cátedra Derecho Internacional Público en Costa Rica. Visitó Bolivia a fines de junio, invitado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), para que dé cursos por el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura.
El experto manifestó que la falta de una normativa que ponga en marcha ese mecanismo, pone al descubierto la inexistencia de un procedimiento tutelar para evitar el ejercicio de tortura e intimidación. Su inquietud, agregó, radica en el hecho de que, entre 2007 y 2012, la Defensoría del Pueblo recibió 3.500 denuncias de tortura y malos tratos. “(Eso) nos da una idea de que la situación en Bolivia es preocupante”, aseveró.
Mediante la Ley 3298 del 12 de diciembre de 2005, Bolivia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.
Entonces se comprometió, según la norma, a la creación de “uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional” en el plazo de un año desde su validación.
Sin embargo, ya transcurrieron ocho años desde que se asumió esa responsabilidad sin que a la fecha se lo haya concretado.
El punto dos del artículo cuatro de ese protocolo hace referencia a la privación de libertad. Según Boeglin, justo después de la detención, una persona es susceptible de recibir malos tratos, intimidación o tortura, que pueden llegar a lesiones e incluso a la muerte.
Situación. Los postulados de la convención de la ONU precisan que se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”.
En septiembre de 2010, Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Subcomité de Prevención de la Tortura, un órgano del sistema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llegó a Bolivia y visitó recintos de privación de libertad, que incluye 11 unidades policiales y ocho cárceles.
Tras esa inspección, la misión que estuvo a su cargo recomendó establecer salvaguardas efectivas contra la tortura y otros malos tratos de los privados de libertad.
En su informe de febrero de 2014, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación porque hasta entonces no se había creado el Mecanismo Nacional de Prevención.
En América Latina, además de Bolivia, Guatemala, Perú y Brasil no designaron ese Mecanismo.
“No entiendo por qué Bolivia es parte de esos países que renquean el tema de la tortura. Yo entiendo que en Perú, Guatemala o Panamá esto no sea prioridad, pero Evo Morales (presidente) nos ha mandado señales de que Bolivia estaba dispuesta a escribir el movimiento moderno de los derechos humanos”, explicó Boeglin.
En la región latinoamericana, las naciones que ya pusieron en marcha sus entidades de prevención son Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y México.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que se trabaja en un anteproyecto de ley que establecerá la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención, el que pronto será remitido al Consejo Nacional de Política Económica y Sociales (Conapes).
En julio de 2010, antes del arribo al país de miembros del Subcomité de Prevención de la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados intentó, sin éxito, consensuar una norma referida al tema.
Tortura en democracia
Explicación
El experto Nicolas Boeglin consideró que la tortura en América Latina siempre estuvo ligada a la dictadura.
Cambio
Explicó que si bien en democracia rigen otros principios y la base de la democracia son los derechos humanos, todavía se practica tortura.
Protocolo de la ONU
Artículo 1
“El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 3
“Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el Mecanismo Nacional de Prevención)”.
Artículo 17
“Cada Estado mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos”.
En la Asamblea fracasó un proyecto
Diputada Paco dice que no se acordó si sólo se iba a crear el mecanismo
La diputada Marianela Paco (MAS), expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, informó que en 2010 en la Cámara Baja no fue posible acordar la aprobación de una ley contra el abuso porque habían divergencias respecto a si la normativa iba a referirse sólo al Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura o iba a ser integral.
Además, expuso, parte del debate también se centró en si sólo el Estado puede cometer tortura. “La experiencia nos dice que se puede incurrir en la vulneración de derechos desde la sociedad civil y el asunto, desde mi punto de vista, es cómo incorporamos medidas que protejan a las personas que sufren estos tratos con un enfoque proteccionista desde el Estado”. Un ejemplo de ello, acotó, es la tortura de parte de reos a un nuevo interno o, en movilizaciones sociales, agresiones a personas que piensan diferente.
El actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ever Moya (MAS), explicó que la Carta Magna ya garantiza la no existencia de la tortura en el país, “por lo que no sé si corresponde hacer una ley específica”.
