martes, 23 de septiembre de 2014

Durante una fiesta, los reos bolivianos y extranjeros se enfrentaron

Balacera en el penal de El Abra deja 4 muertos y 11 heridos

Según los testigos, las disputas por lograr el control de la población carcelaria se dan hace mucho tiempo. Antes hubo peleas con armas blancas y a golpes. 

 
Balacera en el penal de El Abra deja 4 muertos y 11 heridos
APG. Policías vigilan a los reos en el patio de la cárcel tras el enfrentamiento.
Agencias / Cochabamba
Las pugnas de poder y la rivalidad entre reclusos bolivianos y extranjeros derivaron en un enfrentamiento la noche del domingo en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, que terminó en una balacera que dejó cuatro personas muertas y otras 11 heridas.
Testigos del hecho indicaron al diario Opinión que los problemas se originaron hace mucho tiempo. Los hechos de violencia comenzaron con agresiones físicas y posteriormente el uso de armas blancas. El fin de cada grupo de presos era controlar toda la comunidad carcelaria.
El enfrentamiento se generó durante una fiesta "tradicional” dentro del recinto carcelario, según los reportes preliminares.
Cerca de las 22:00 del domingo se escucharon disparos, de acuerdo con el relato de los testigos, lo que derivó en un eventual corte de luz.
El comandante departamental de la Policía, Alberto Suárez, confirmó que el hecho se produjo a causa de pugnas internas entre grupos de poder de los mismos reos, quienes pretendían tener el control del penal. "No sabemos cómo ingresaron las armas. Los heridos eran por armas de fuego y armas blancas”, dijo.
El penal de El Abra está a cinco kilómetros de la ciudad de Cochabamba y hasta anoche había sido considerado -junto al de Chonchocoro- como uno de los que tiene más seguridad.
Uno de los reos, Ariel Tancara, alias El Tancara, pretendía manejar a toda la población carcelaria, pero tenía al frente a un grupo de ciudadanos extranjeros que tenía el mismo objetivo, según Radio Pío XXII. "A El Tancara le cercenaron al nivel del cuello”, sostuvo Suárez.
El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Denis Mejía, informó que un grupo de policías ingresó tras lo ocurrido para hacer una requisa.
Durante la noche se escucharon disparos de armas de fuego y gritos por todo lado. Los policías que están destinados a vigilar la cárcel tuvieron que llamar a otros para intervenir.
Durante las primeras horas de la mañana, los policías reunieron a los privados de libertad en el patio principal del penal con el fin de evitar otras peleas. Había una tensa calma hasta que por la noche todos regresaron a sus celdas correspondientes.
Entre los heridos hay una mujer que estaba embarazaba. Según informes extraoficiales, perdió al bebé que esperaba por las heridas que presenta. Ella y los otros 10 heridos fueron trasladados al hospital Viedma, de la capital cochabambina.
Lista de víctimas
Fallecidos Ariel Tancara Sandagorda, alias El Tancara; Sergio Arce Araníbar, alias El Lucifer, Gustavo Tobar Ramírez y Humberto Ramírez.
Heridos Rolando Vargas, Johnny Villarroel, Vejarano Durán, Marcel Choque, Félix Ramos, Guerico Galarza, Arial Mayra Choque y Javier Vargas.
Orden Régimen Penitenciario enviará un requerimiento para conocer cómo se dejó ingresar armas de fuego al penal de El Abra, con el fin de dar con los responsables.
Fiscal general ordena una investigación penal
El fiscal general, Ramiro Guerrero, instruyó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba que disponga el inicio de la investigación penal contra los autores y cómplices de los hechos ocurridos en la cárcel de El Abra, donde el domingo cuatro personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas.
Asimismo, Guerrero ordenó la conformación de una comisión de fiscales para la investigación de los hechos sucedidos.
El fiscal departamental de Cochabamba, Freddy Torrico, explicó que el Ministerio Público se constituyó en la cárcel con una comisión conformada por cuatro fiscales y tres médicos forenses. "El trabajo no sólo consistirá en hacer las requisas, sino toda actuación inicial investigativa que amerite este caso tan grave, hasta llegar a la verdad histórica de los hechos”, dijo Torrico. Asimismo, señaló que todos los reclusos fueron trasladados al patio del penal.
Jhosi Araujo, una de las fiscales, anunció que entre las 11 personas heridas existen dos mujeres, que al parecer eran visita de los internos y se trabaja para evitar cualquier vulneración de los derechos de las personas.
Defensor dice que fiestas en cárceles deben prohibirse
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo ayer que las fiestas en cárceles deben prohibirse ya que, por lo general, están ligadas al excesivo consumo de alcohol, lo cual desencadena en violencia, como lo ocurrido la noche del domingo en El Abra.
"Las fiestas deberían estar prohibidas, definitivamente. Porque personas en privación de libertad, e incluso en libertad, se encuentran bajo los efectos del alcohol. Estas situaciones deben evitarse y enfrentarse con el máximo rigor”, afirmó Villena.
Remarcó que El Abra, al igual que otras cárceles del país, no son "reformatorios” sino "centros penitenciarios”, por lo que este tipo de eventos sociales debe eliminarse y ello es responsabilidad de la Dirección General de Régimen Penitenciario.
Villena añadió que se envió una comisión a Cochabamba para que colabore en las investigaciones al representante de la Defensoría en este departamento. "Estamos en etapa de investigación para determinar qué es lo que sucedió y las responsabilidades”, dijo.
El representante de la Defensoría en Cochabamba, Andrés Cuevas, informó ayer a radio ERBOL que en una primera inspección se observó "sangre en el mobiliario, desorden, los cuerpos en distintos ambientes y signos de mucha violencia”.
Coincidió con Villena al expresar que deben suprimirse las "actitudes permisivas” de las autoridades, como las fiestas.
"Es algo irregular, no sabemos si tiene que ver con la reinserción”, añadió.
De acuerdo con la Ley 2298 es obligación del Servicio de Asistencia Social "incentivar eventos culturales y recreativos”. Cuevas añadió que se evidenció la crianza de perros raza pit bull dentro de El Abra, utilizados para la

lunes, 8 de septiembre de 2014


Un juez dispuso la detención preventiva para los militares .

Envían a prisión a 2 sargentos por la muerte de una premilitar

Los comunarios de la provincia Los Andes amenazaron con tomar el Regimiento Ayacucho para que se apruebe pena de muerte para los violadore
           
Domingo, 07 de septiembre de 2014

Página Siete / La Paz
Los sargentos militares Sidar Ch. Q. (de 26 años) y Ángel R. M. (27), acusados de abusar sexualmente y luego asesinar a la premilitar Carmen Rosa Mollo (17) fueron enviados ayer preventivamente a la cárcel de San Pedro. La audiencia cautelar se realizó en medio de protestas de los comunarios de Achacachi que pedían la pena de muerte.
Igualmente, los comunarios amenzaron con tomar las instalaciones del Regimiento Ayacucho, en Achacachi, para que se apruebe una ley que permita la pena de muerte para violadores y asesinos.
"¡Qué paguen con pena de muerte, por favor!”, gritaba en medio de lágrimas Maria Carmen de Mollo, madre de la premilitar asesinada.
Como parte de las medidas de presión, ayer, los comunarios de la provincia Los Andes bloquearon la carretera a Copacabana.
El jefe de la División de Homicidios de la FELCC, teniente Ramiro Mollinedo, dijo que la declaración de la prima de la víctima fue esencial para encontrar el cuerpo de Carmen Rosa Mollo, detener a los sargentos y la posterior detención preventiva.
El informe forense, revelado por el abogado de la familia Mollo, José Cossío, da cuenta que el cuerpo de Carmen presentaba hematomas producto de alguna golpiza y que luego fue abusada sexualmente. La adolescente habría luchado o resistido los ataques, por lo que la asesinaron.
En la audiencia cautelar, los acusados se declararon inocentes argumentando que no estuvieron con las premilitares el 29 de agosto, el día del crimen.
Los hechos
El 29 de agosto Carmen Rosa y su prima Vanesa M. (18), ambas premilitares, fueron a un domicilio particular, guiadas por sus instructores, a consumir bebidas alcohólicas como despedida del servicio premilitar.
Ambas jóvenes habrían sido dopadas con diazepan. Los sargentos, aprovechando que estaban inconcientes procedieron a abusarlas sexualmente.
Cuando Vanesa despertó se percató que su prima estaba muerta. Uno de los sargentos la amenazó con quitarle la vida si contaba lo sucedido.

Universitarios denuncian torturas en cuartel de Chúa

Instrucción. Una estudiante afectada está internada en una clínica.
Cuartel. Una toma de 2008 del Batallón de Infantería Marina instalado en la localidad de Chúa.F oto: ABI
Cuartel. Una toma de 2008 del Batallón de Infantería Marina instalado en la localidad de Chúa.F oto: ABI
La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz
05:17 / 08 de septiembre de 2014
Un grupo de 83 estudiantes de la universidad indígena Túpac Katari fue sometido a torturas físicas y psicológicas por parte de instructores del Batallón de Infantería Marina, instalado en la localidad paceña de Chúa, el miércoles 3 de septiembre, según denunció uno de los afectados.
La citada universidad tiene vigente un convenio con la unidad militar para recibir clases de valores y defensa del Estado. Es en ese marco que los alumnos fueron al cuartel. A raíz de las torturas, agregó el denunciante, tres estudiantes resultaron los más afectados, una universitaria que llegó a orinar sangre, internada en una clínica de El Alto, y dos jóvenes que no pueden dormir, producto del trauma.
El director de Comunicación del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, capitán Hernán Crespo, señaló que a ese despacho no llegó ninguna denuncia sobre este caso. Agregó que la Armada podía tener conocimiento del mismo, pero este diario no se pudo contactar con personal de relaciones públicas de esa fuerza.
La representante del Defensor del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, indicó que recibió esta denuncia el sábado y que actualmente se encuentra en fase de investigación, en la que se recaba información, tanto de los estudiantes como de las autoridades militares de la unidad implicada.
Informe. Guarachi adelantó que para hoy se espera tener el informe del médico forense sobre el estado de salud de la universitaria que está internada en una clínica particular.
El denunciante explicó que el lunes de la pasada semana, estudiantes de Agronomía de la universidad Túpac Katari, que funciona en la comunidad de Cuyahuani, al lado de Huarina, fueron a pasar los cursos al cuartel de Chúa. El miércoles les tocó ingresar a ellos y grande fue su sorpresa cuanto el instructor que les recibió les calificó de “indisciplinados” y les advirtió que recibió instrucciones del rectorado para que revierta esa situación.
Este entrevistado detalló que los problemas internos en la universidad surgieron porque tanto el rector como el vicerrector fueron “impuestos”. Por esa situación, los estudiantes de la carrera de Veterinaria protagonizaron en meses pasados un bloqueo de caminos, para pedir el cambio de esas autoridades, demanda que hasta ahora no fue atendida. En ese sentido, sostuvo que se trata de una “venganza”, lo sucedido en la unidad militar.
El estudiante que denunció este hecho detalló que el miércoles, cuando empezó el curso con instructores militares, recibieron orden de instrucción cerrada durante toda la mañana, hasta la hora del almuerzo. Indicó que les hicieron hacer cuclillas, “ranitas” y otros ejercicios sin distinción, a las 43 mujeres y a los 40 hombres. En la tarde les hicieron disparar fusiles, hasta la hora de la cena.
Pero después, en la noche, empezó la tortura de parte de los instructores, ya que en plena lluvia les dijeron que iban a recibir instrucción táctica. Agregó que les hicieron arrastrar por el suelo y a quienes levantaban un poco el pecho les pateaban y les insultaban. Luego expresó que les dispararon gases lacrimógenos, aspecto que hizo desmayar a algunos estudiantes, a éstos les gritaron “desnutridos”, indicó.
Después de esa actividad, los instructores ordenaron a los universitarios que vayan al cerro que estaba cerca del lugar para traer piedras. Cuando los estudiantes llegaron al lugar no había piedras, por lo que fueron castigados, ya que no cumplieron la orden.
Esa noche les dieron una frazada para que duerman y varios tuvieron que sacarse la ropa mojada. Al día siguiente les sacaron del cuartel.
Un Centro educativo indígena
Centro
La universidad indígena aymara Túpac Katari fue creada en 2008 en la localidad de Warisata.Convenio
La universidad firmó un convenio con el cuartel de Chúa para que sus alumnos pasen un curso mensual obligatorio
Ed. Impresa LA FISCALÍA ESPERA UN INFORME DE LA FELCC Y OTRAS EVIDENCIAS

INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO

Por Roberto Charca H. - La Prensa - 6/08/2014

INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO  - Roberto  Charca H. La Prensa
INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO - Roberto Charca H. La Prensa
Los militares niegan el hecho y, en conferencia de prensa, afirmaron que el conscripto se autohirió.

El fiscal departamental José Ángel Ponce informó que se iniciará una investigación de oficio de la supuesta tortura infligida al conscripto Álvaro Danilo Santa Cruz (19) en kas instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana ubicadas en El Alto.

Álvaro Danilo Santa Cruz fue acusado el pasado viernes --por oficiales de baja graduación y suboficiales-- de robar un celular y fue sometido a castigos disciplinarios que derivaron en tortura, según el relato de su madre, Esperanza Coronel. El soldado prestaba su servicio militar en Chipiriri, Cochabamba, antes de ser trasladado a La Paz.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, después de ser señalado como el autor del robo, hecho que no fue comprobado aún, en el intento de que confiese, el recluta fue sometido a castigos e inclusive choques eléctricos en su cuerpo.

El fiscal Ponce declaró que "vamos a verificar los antecedentes para iniciar una investigación de oficio. El Ministerio Público puede iniciar una investigación si hay denuncia, querella o noticia fehaciente de un caso. Vamos a verificar y ver de qué realmente se trata".

En tanto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que las Fuerzas Armadas deben ser los principales garantes de los derechos de los soldados a quienes no pueden torturar y menos aplicar sanciones inhumanas.

Rescate. La madre que el martes denunció un asedio psicológico por parte de oficiales de la Fuerza Aérea, recordó que su hijo fue rescatado del recinto militar de El Alto cuando elaboraba adobes, y después internado en el hospital de Clínicas, donde se recupera de las lesiones que presenta.

"Tuvimos que recurrir a mentiras para que los militares lo dejen salir. Nos enteramos de su trasladado y tortura gracias a uno de sus camaradas. El caso ya es de conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Defensoría del Pueblo".

Esperanza Coronel explicó que su hijo debía de ser trasladado al Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil) para dejar impunes a los militares involucrados en la supuesta tortura.

Desmentido oficial. El Ejército negó ayer haber torturado al conscripto del Comando de Aviación del Ejército, Álvaro Santa Cruz. La coronel Sarah Aramayo, directora de Comunicación Social del Ejército, dijo que "nadie le ha tocado un pelo al soldado, las lesiones que tiene en el cuerpo han sido realizadas por el mismo".

Denunció que el conscrito admitió haber robado el aparato y que fue encontrado en su poder cuando lo retiraba del sitio en el que lo había escondido cerca de su unidad.

DE ACUERDO CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ESTE AÑO SE REGISTRARON AL MENOS TRES DENUNCIAS DE TORTURA PRACTICADAS EN CONTRA DE SOLDADOS EN UNIDADES MILITARES DEL PAÍS.

Ejército niega tortura a soldado acusado de robar un celular

La directora de Comunicación Social del Ejército, Sarah Aramayo, explicó que el recluta, pese a estar arrestado por el robo de un celular ya que fue descubierto con el aparato sustraído, salió con permiso el sábado y no se reincorporó a la fecha.

Ejército niega tortura a soldado acusado de robar un celular
El soldado Álvaro Santa Cruz denunció que fue torturado.
La directora de Comunicación Social del Ejército, Sarah Aramayo, negó el martes que el soldado Álvaro Santa Cruz Coronel, acusado de robar un celular, haya sido torturado en el cuartel, tal como él denunció.
"Estamos saliendo a los medios de comunicación para negar completamente las denuncias, este soldado no fue maltratado en el cuartel, esas marcas y heridas no han sido hechas por sus instructores ni ningún miembro del Ejército", enfatizó en conferencia de prensa.
Aramayo explicó que el recluta, pese a estar arrestado por el robo de un celular ya que fue descubierto con el aparato sustraído, salió con permiso el sábado y no se reincorporó a la fecha.
"El sábado en horas de la tarde la hermana mayor María del Carmen Pedrazas Coronel junto a su esposo, Julio Cesar, se presentó en la unidad y solicitó permiso que fue concedido porque su madre se hallaba delicada de salud", relató.
En esas circunstancias mencionó "fue grande la sorpresa" verlo a él y sus familiares denunciando la presunta tortura y agresiones físicas de sus instructores desde su lecho en el Hospital de Clínicas.
Al ser consultada sobre los signos de violencia que presenta el soldado en su cuerpo, por supuestos "choques eléctricos", anunció que es algo que debe investigarse porque esas lesiones "no le hicieron en la unidad militar" donde ingresó el 26 de julio pasado.
Hechas las averiguaciones, agregó que Santa Cruz en 2014 se reclutó en el Regimiento Colorados de Bolivia, a mediados de febrero fue destinado al Regimiento de Infantería '31' con asiento en Chipiriri, de donde desertó el 7 de marzo.
Aramayo invitó al Defensor del Pueblo y otras autoridades para indagar y evaluar la conducta del recluta.
Así también desmintió que ningún militar del Ejército haya ido al nosocomio con la intención de sacarlo y llevarlo a la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil), "él para la institución es un desertor porque no se reincorporó a su unidad", afirmó.
Por su parte, el soldado Franz Ticona, víctima del robo, manifestó que Santa Cruz, admitió el hecho y se comprometió a responder por el equipo.
ABI

Acusan a 5 policías de abusar a una joven dentro de la UTOP

Escándalo. Los agentes lo niegan; la Fiscalía investiga de oficio
Delito. La UTOP de Cochabamba; cinco efectivos son investigados por la violación de una mujer.
Delito. La UTOP de Cochabamba; cinco efectivos son investigados por la violación de una mujer. Fernando Cartagena.
La Razón (Edición Impresa) / Angélica Melgarejo / Cochabamba
02:43 / 25 de julio de 2014
La Fiscalía y la fuerza pública investigan a cinco agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, acusados de violar a una trabajadora sexual de 20 años, y de quien se dice tiene discapacidad intelectual, dentro de su cuartel la madrugada del lunes.
“No era contratada. Ella se acercó a la UTOP a pedir un vaso de agua, la detuvieron y la metieron a uno de los dormitorios donde los policías la violaron”, denunció la dirigente de las trabajadoras sexuales, quien pidió a La Razón que no publique su nombre.
Añadió que la víctima “sufre de retraso mental”. La joven, cuya identidad se guarda en reserva, habría sido vejada en uno de los dormitorios de la UTOP, donde el Ministerio Público encontró una prenda íntima, un condón y una frazada, que servirán de prueba para la indagación que abrió de oficio, ya que no existe una denuncia formal.
La mañana del martes, la mujer fue llevada a la fuerza anticrimen para prestar su declaración informativa y también se le pidió someterse a un examen médico forense, pero “ella se negó”, dijo la fiscal Claudia Mansilla. A pesar de ello, se abrirá la investigación en la División de Víctimas Especiales por tratarse de una persona con discapacidad mental..
La víctima “llegó con antecedentes de una presunta agresión sexual, fue acompañada por personal femenino de la UTOP. Presentó agresividad, no se encuentra ubicada en el tiempo y el espacio, no coordina discurso y no permite el examen médico forense”, informó Mansilla.
El coronel Alberto Suárez, comandante departamental de la Policía de Cochabamba, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que explicó que los involucrados negaron las acusaciones y aseguraron que solo “permitieron el ingreso de una dama de compañía a dependencias policiales”. Una falta grave, de acuerdo al reglamento policial.
“Tenemos dos vías —para establecer si se cometió el delito o no—: la administrativa, para que ellos sean procesados por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, y en el Ministerio Público”, manifestó.
Los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Departamental de Investigación Policial (DDIP). Los involucrados, que tienen el grado de dragoneantes, podrían ser sancionados, según Suárez, con “la baja temporal de dos años por haber infringido el artículo 13 de la Ley 101”.
La representante de las trabajadoras sexuales denunció que no es la primera vez que un policía abusa sexualmente de una de ellas. Las vejaciones son constantes, denunció la dirigente, quien llegó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo para exigir sanciones y pedir que se frenen los abusos.
“Estamos pidiendo al Comandante de la Policía que se haga cargo de la situación que se ha presentado en la UTOP, pedimos un castigo ejemplarizador, se supone que ellos deben resguardar la integridad física de la población y no cometer delitos”.
“Una violación entre seis no es novedad, es el abuso del uniforme; se debe hacer algo, porque las denuncias de que han sido violadas por policías llegan a las oficinas y éstos las amenazan para que no digan nada”, apuntó.
Sanción penal
Violación
El artículo 308 del Código Penal establece una pena de encierro de cinco a 15 años para los culpables del delito de violación. Sanción que se elevará a 20 años si la víctima tuviera alguna perturbación mental.

martes, 10 de diciembre de 2013

El 75% de los incidentes sucedió en recintos castrenses del país

8 muertes en recintos policiales y militares aún no se esclarecen

Cuatro de los casos ocurrieron en el departamento de La Paz , dos en Sanandita (Tarija), uno en Santa Cruz y otro en Potosí. Siguen las investigaciones.

domingo, 08 de diciembre de 2013
 
8  muertes en recintos  policiales y militares   aún no se esclarecen
Pablo Peralta / La Paz
Al menos ocho casos de muertes que sucedieron en los últimos tres años en recintos policiales y militares aún no se esclarecen. La mayoría de los casos se dio en el departamento de La Paz.

Cuatro de ellos ocurrieron en La Paz, dos sucedieron en Tarija, uno en Santa Cruz y otro en Potosí, según un recuento realizado por Página Siete.
El 75% de los incidentes sucedió en recintos militares. El resto en instancias policiales.

En cuestión de instituciones, dos ocurrieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), dos tuvieron epicentro en la Academia Nacional de Policías (Anapol) y uno en el Estado Mayor, el resto en otras instancias castrenses del interior (más detalles en el cuadro adjunto).
Siendo que la mayoría de los casos ocurrieron en instancias militares, en noviembre el defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió una misiva al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que le pide instruir, a la entidad que corresponda, llevar adelante acciones para velar por los derechos en esos espacios.

La Defensoría maneja el dato de que más de 20 ciudadanos murieron en recintos castrenses, entre militares, cadetes y conscriptos, además que en los últimos tres años hubo 300 denuncias de vulneración de derechos.
Las causas
Dos casos sucedieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita. El primero data del 9 de febrero de 2011, cuando murió el subteniente Gróver Poma a causa de una golpiza que le propinaron presuntamente como castigo después de que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”. El segundo sucedió en ese mismo recinto el 2 de febrero, cuando murió el subteniente Ceooly Espinal. Ambos casos se ventilan en la justicia ordinaria.

El primero de los hechos que tuvo lugar en la Anapol ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando una baranda de esa institución cedió y murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas. El segundo sucedió el mes pasado, cuando la cadete de tercer año Cinthia Poma falleció tras realizar ejercicios físicos.

En junio, dentro del Estado Mayor murió la enfermera Jhaneth Vargas (de 27 años). Según las indagaciones de la Fiscalía, esta persona perdió la vida después de una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinó la causa de la muerte.

En octubre, el alférez de la Escuela Naval Emmanuel Cusi murió cuando realizaba una prueba de buceo. Su cuerpo fue hallado el 5 de noviembre. El Ministerio Público lleva las investigaciones del caso, pero la parte acusada presentó un recurso inhibitorio para que éste no sea tramitado en la justicia ordinaria, sino en la militar.

Según datos de la Defensoría, el 29 de agosto murió el soldado Carlos Loza en Puerto Suárez (Santa Cruz), cuando ayudaba a trasladar enseres de un teniente y cayó de la camioneta del ejército. Un mes después, entre el 2 y 3 de septiembre, falleció el conscripto Freddy Rodríguez, del Puesto Militar de Atocha (Potosí), quien fue golpeado por un sargento y otros conscriptos.
A estos casos se suman la muerte de un cadete y un conscripto del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade de Sucre, quienes fallecieron después de ser arrastrados por el río Quirpinchaca, al tratar de rescatar un vehículo atrapado en el cauce. Aún no se conoce con precisión si hubo o no orden superior para que realizaran esa acción.
"La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes, como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos”.
Rolando Villena, defensor
Los ocho casos
Caso Poma El 9 de febrero de 2011, el subteniente Gróver Poma murió por una golpiza que le dieron presuntamente como castigo tras que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”, en la Escuela de Cóndores de Sanandita de Tarija. El caso está en la fase que antecede al juicio oral.
Caso Aranda El 22 de junio de 2012, una baranda de la Anapol, ubicada entre el segundo y tercer piso, cedió. En ese incidente murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas.
Caso Espinal El 2 de febrero murió el subteniente Ceooly Espinal durante su estancia en la Escuela de Cóndores. La Defensoría detectó afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida del oficial.
Caso enfermera El 21 de junio, la enfermera Janeth Vargas (de 27 años) murió en el Estado Mayor. Según la pesquisa de la Fiscalía, falleció tras una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinaron las causas de la muerte.
Caso Loza El 29 de agosto, el soldado Carlos Loza falleció en Puerto Suárez, cuando "era utilizado” para transportar los enseres personales de un teniente. Por un accidente cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército, según la Defensoría.
Caso Rodríguez Entre el 2 y 3 de septiembre, el conscripto Freddy Rodríguez Uño (19 años), con presunta discapacidad intelectual, fue sometido a torturas y tratos crueles en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas de Potosí, según la Defensoría.
Caso Cussi El 22 de octubre, el alférez Emmanuel Cusi desapareció bajo las aguas durante una prueba de buceo. El 5 de noviembre se encontró su cuerpo. Según los familiares, sus compañeros comunicaron que cuando estaba en el agua Cusi levantó la mano para pedir ayuda, pero nadie lo auxilió.
Caso Poma El 18 de noviembre murió la cadete Cinthia Poma, tras realizar ejercicios físicos en la Anapol, donde cursaba el tercer año. Aún no se sabe cuál es la causa de su fallecimiento.
Puntos de vista
ever moya, presidente de Com. DDHH de Diputados

Hicimos un seguimiento
Estamos preocupados. Hicimos un seguimiento de fiscalización para ver en qué están quedando estos casos. Hemos pedido informe y convocamos recientemente al ministro de Gobierno para que nos informe sobre esos casos que nos preocupan. Asimismo, este año hemos llamado al ministro de Defensa sobre el caso de cadetes y conscriptos de las Fuerzas Armadas.
En todo caso, la mayoría de los casos, según ambas informaciones, nos indica que estarían en manos del Ministerio Público. No podemos ahora convocar sobre el caso de Cinthia Poma y JanethVargas, que murió en el Estado Mayor, porque esos dos casos todavía faltan. Según información del Ministerio Público, que llegue el plazo de la investigación: que son seis meses, y en función a eso queremos hacer la petición de informe oral.
Una vez cumplido el plazo fijado, estamos pensando convocar al fiscal general para que nos pueda esclarecer.
víctor vacaflores
DDHH de La Paz
Investigación, caiga quien caiga

Hubo una reflexión al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y por tanto hay un documento, en referencia fundamentalmente a la cadete Poma. Pero ese documento expresa el espíritu en general.
Una y otra vez tenemos que insistir en la necesidad de la investigación hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Así tiene que ser. Ése es el mejor tributo para la democracia.
No debe haber ninguna otra razón que obstaculice las investigaciones, salvo algo que tenga que ver con la calidad, con la capacidad o no capacidad técnica. No puede haber obstáculos políticos, intereses creados, intereses sectoriales coyunturales. Ésa debería ser la línea, la posición que sostenga toda organización de derechos humanos y toda la población, y nosotros pedimos que ése también sea la línea, los valores, la orientación de la Fiscalía y del Estado. Nuestras dudas surgen en la medida en que son varios casos y existe una retardación de justicia.