lunes, 8 de septiembre de 2014

Ed. Impresa LA FISCALÍA ESPERA UN INFORME DE LA FELCC Y OTRAS EVIDENCIAS

INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO

Por Roberto Charca H. - La Prensa - 6/08/2014

INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO  - Roberto  Charca H. La Prensa
INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO - Roberto Charca H. La Prensa
Los militares niegan el hecho y, en conferencia de prensa, afirmaron que el conscripto se autohirió.

El fiscal departamental José Ángel Ponce informó que se iniciará una investigación de oficio de la supuesta tortura infligida al conscripto Álvaro Danilo Santa Cruz (19) en kas instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana ubicadas en El Alto.

Álvaro Danilo Santa Cruz fue acusado el pasado viernes --por oficiales de baja graduación y suboficiales-- de robar un celular y fue sometido a castigos disciplinarios que derivaron en tortura, según el relato de su madre, Esperanza Coronel. El soldado prestaba su servicio militar en Chipiriri, Cochabamba, antes de ser trasladado a La Paz.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, después de ser señalado como el autor del robo, hecho que no fue comprobado aún, en el intento de que confiese, el recluta fue sometido a castigos e inclusive choques eléctricos en su cuerpo.

El fiscal Ponce declaró que "vamos a verificar los antecedentes para iniciar una investigación de oficio. El Ministerio Público puede iniciar una investigación si hay denuncia, querella o noticia fehaciente de un caso. Vamos a verificar y ver de qué realmente se trata".

En tanto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que las Fuerzas Armadas deben ser los principales garantes de los derechos de los soldados a quienes no pueden torturar y menos aplicar sanciones inhumanas.

Rescate. La madre que el martes denunció un asedio psicológico por parte de oficiales de la Fuerza Aérea, recordó que su hijo fue rescatado del recinto militar de El Alto cuando elaboraba adobes, y después internado en el hospital de Clínicas, donde se recupera de las lesiones que presenta.

"Tuvimos que recurrir a mentiras para que los militares lo dejen salir. Nos enteramos de su trasladado y tortura gracias a uno de sus camaradas. El caso ya es de conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Defensoría del Pueblo".

Esperanza Coronel explicó que su hijo debía de ser trasladado al Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil) para dejar impunes a los militares involucrados en la supuesta tortura.

Desmentido oficial. El Ejército negó ayer haber torturado al conscripto del Comando de Aviación del Ejército, Álvaro Santa Cruz. La coronel Sarah Aramayo, directora de Comunicación Social del Ejército, dijo que "nadie le ha tocado un pelo al soldado, las lesiones que tiene en el cuerpo han sido realizadas por el mismo".

Denunció que el conscrito admitió haber robado el aparato y que fue encontrado en su poder cuando lo retiraba del sitio en el que lo había escondido cerca de su unidad.

DE ACUERDO CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ESTE AÑO SE REGISTRARON AL MENOS TRES DENUNCIAS DE TORTURA PRACTICADAS EN CONTRA DE SOLDADOS EN UNIDADES MILITARES DEL PAÍS.

Ejército niega tortura a soldado acusado de robar un celular

La directora de Comunicación Social del Ejército, Sarah Aramayo, explicó que el recluta, pese a estar arrestado por el robo de un celular ya que fue descubierto con el aparato sustraído, salió con permiso el sábado y no se reincorporó a la fecha.

Ejército niega tortura a soldado acusado de robar un celular
El soldado Álvaro Santa Cruz denunció que fue torturado.
La directora de Comunicación Social del Ejército, Sarah Aramayo, negó el martes que el soldado Álvaro Santa Cruz Coronel, acusado de robar un celular, haya sido torturado en el cuartel, tal como él denunció.
"Estamos saliendo a los medios de comunicación para negar completamente las denuncias, este soldado no fue maltratado en el cuartel, esas marcas y heridas no han sido hechas por sus instructores ni ningún miembro del Ejército", enfatizó en conferencia de prensa.
Aramayo explicó que el recluta, pese a estar arrestado por el robo de un celular ya que fue descubierto con el aparato sustraído, salió con permiso el sábado y no se reincorporó a la fecha.
"El sábado en horas de la tarde la hermana mayor María del Carmen Pedrazas Coronel junto a su esposo, Julio Cesar, se presentó en la unidad y solicitó permiso que fue concedido porque su madre se hallaba delicada de salud", relató.
En esas circunstancias mencionó "fue grande la sorpresa" verlo a él y sus familiares denunciando la presunta tortura y agresiones físicas de sus instructores desde su lecho en el Hospital de Clínicas.
Al ser consultada sobre los signos de violencia que presenta el soldado en su cuerpo, por supuestos "choques eléctricos", anunció que es algo que debe investigarse porque esas lesiones "no le hicieron en la unidad militar" donde ingresó el 26 de julio pasado.
Hechas las averiguaciones, agregó que Santa Cruz en 2014 se reclutó en el Regimiento Colorados de Bolivia, a mediados de febrero fue destinado al Regimiento de Infantería '31' con asiento en Chipiriri, de donde desertó el 7 de marzo.
Aramayo invitó al Defensor del Pueblo y otras autoridades para indagar y evaluar la conducta del recluta.
Así también desmintió que ningún militar del Ejército haya ido al nosocomio con la intención de sacarlo y llevarlo a la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil), "él para la institución es un desertor porque no se reincorporó a su unidad", afirmó.
Por su parte, el soldado Franz Ticona, víctima del robo, manifestó que Santa Cruz, admitió el hecho y se comprometió a responder por el equipo.
ABI

Acusan a 5 policías de abusar a una joven dentro de la UTOP

Escándalo. Los agentes lo niegan; la Fiscalía investiga de oficio
Delito. La UTOP de Cochabamba; cinco efectivos son investigados por la violación de una mujer.
Delito. La UTOP de Cochabamba; cinco efectivos son investigados por la violación de una mujer. Fernando Cartagena.
La Razón (Edición Impresa) / Angélica Melgarejo / Cochabamba
02:43 / 25 de julio de 2014
La Fiscalía y la fuerza pública investigan a cinco agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, acusados de violar a una trabajadora sexual de 20 años, y de quien se dice tiene discapacidad intelectual, dentro de su cuartel la madrugada del lunes.
“No era contratada. Ella se acercó a la UTOP a pedir un vaso de agua, la detuvieron y la metieron a uno de los dormitorios donde los policías la violaron”, denunció la dirigente de las trabajadoras sexuales, quien pidió a La Razón que no publique su nombre.
Añadió que la víctima “sufre de retraso mental”. La joven, cuya identidad se guarda en reserva, habría sido vejada en uno de los dormitorios de la UTOP, donde el Ministerio Público encontró una prenda íntima, un condón y una frazada, que servirán de prueba para la indagación que abrió de oficio, ya que no existe una denuncia formal.
La mañana del martes, la mujer fue llevada a la fuerza anticrimen para prestar su declaración informativa y también se le pidió someterse a un examen médico forense, pero “ella se negó”, dijo la fiscal Claudia Mansilla. A pesar de ello, se abrirá la investigación en la División de Víctimas Especiales por tratarse de una persona con discapacidad mental..
La víctima “llegó con antecedentes de una presunta agresión sexual, fue acompañada por personal femenino de la UTOP. Presentó agresividad, no se encuentra ubicada en el tiempo y el espacio, no coordina discurso y no permite el examen médico forense”, informó Mansilla.
El coronel Alberto Suárez, comandante departamental de la Policía de Cochabamba, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que explicó que los involucrados negaron las acusaciones y aseguraron que solo “permitieron el ingreso de una dama de compañía a dependencias policiales”. Una falta grave, de acuerdo al reglamento policial.
“Tenemos dos vías —para establecer si se cometió el delito o no—: la administrativa, para que ellos sean procesados por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, y en el Ministerio Público”, manifestó.
Los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Departamental de Investigación Policial (DDIP). Los involucrados, que tienen el grado de dragoneantes, podrían ser sancionados, según Suárez, con “la baja temporal de dos años por haber infringido el artículo 13 de la Ley 101”.
La representante de las trabajadoras sexuales denunció que no es la primera vez que un policía abusa sexualmente de una de ellas. Las vejaciones son constantes, denunció la dirigente, quien llegó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo para exigir sanciones y pedir que se frenen los abusos.
“Estamos pidiendo al Comandante de la Policía que se haga cargo de la situación que se ha presentado en la UTOP, pedimos un castigo ejemplarizador, se supone que ellos deben resguardar la integridad física de la población y no cometer delitos”.
“Una violación entre seis no es novedad, es el abuso del uniforme; se debe hacer algo, porque las denuncias de que han sido violadas por policías llegan a las oficinas y éstos las amenazan para que no digan nada”, apuntó.
Sanción penal
Violación
El artículo 308 del Código Penal establece una pena de encierro de cinco a 15 años para los culpables del delito de violación. Sanción que se elevará a 20 años si la víctima tuviera alguna perturbación mental.

martes, 10 de diciembre de 2013

El 75% de los incidentes sucedió en recintos castrenses del país

8 muertes en recintos policiales y militares aún no se esclarecen

Cuatro de los casos ocurrieron en el departamento de La Paz , dos en Sanandita (Tarija), uno en Santa Cruz y otro en Potosí. Siguen las investigaciones.

domingo, 08 de diciembre de 2013
 
8  muertes en recintos  policiales y militares   aún no se esclarecen
Pablo Peralta / La Paz
Al menos ocho casos de muertes que sucedieron en los últimos tres años en recintos policiales y militares aún no se esclarecen. La mayoría de los casos se dio en el departamento de La Paz.

Cuatro de ellos ocurrieron en La Paz, dos sucedieron en Tarija, uno en Santa Cruz y otro en Potosí, según un recuento realizado por Página Siete.
El 75% de los incidentes sucedió en recintos militares. El resto en instancias policiales.

En cuestión de instituciones, dos ocurrieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), dos tuvieron epicentro en la Academia Nacional de Policías (Anapol) y uno en el Estado Mayor, el resto en otras instancias castrenses del interior (más detalles en el cuadro adjunto).
Siendo que la mayoría de los casos ocurrieron en instancias militares, en noviembre el defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió una misiva al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que le pide instruir, a la entidad que corresponda, llevar adelante acciones para velar por los derechos en esos espacios.

La Defensoría maneja el dato de que más de 20 ciudadanos murieron en recintos castrenses, entre militares, cadetes y conscriptos, además que en los últimos tres años hubo 300 denuncias de vulneración de derechos.
Las causas
Dos casos sucedieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita. El primero data del 9 de febrero de 2011, cuando murió el subteniente Gróver Poma a causa de una golpiza que le propinaron presuntamente como castigo después de que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”. El segundo sucedió en ese mismo recinto el 2 de febrero, cuando murió el subteniente Ceooly Espinal. Ambos casos se ventilan en la justicia ordinaria.

El primero de los hechos que tuvo lugar en la Anapol ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando una baranda de esa institución cedió y murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas. El segundo sucedió el mes pasado, cuando la cadete de tercer año Cinthia Poma falleció tras realizar ejercicios físicos.

En junio, dentro del Estado Mayor murió la enfermera Jhaneth Vargas (de 27 años). Según las indagaciones de la Fiscalía, esta persona perdió la vida después de una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinó la causa de la muerte.

En octubre, el alférez de la Escuela Naval Emmanuel Cusi murió cuando realizaba una prueba de buceo. Su cuerpo fue hallado el 5 de noviembre. El Ministerio Público lleva las investigaciones del caso, pero la parte acusada presentó un recurso inhibitorio para que éste no sea tramitado en la justicia ordinaria, sino en la militar.

Según datos de la Defensoría, el 29 de agosto murió el soldado Carlos Loza en Puerto Suárez (Santa Cruz), cuando ayudaba a trasladar enseres de un teniente y cayó de la camioneta del ejército. Un mes después, entre el 2 y 3 de septiembre, falleció el conscripto Freddy Rodríguez, del Puesto Militar de Atocha (Potosí), quien fue golpeado por un sargento y otros conscriptos.
A estos casos se suman la muerte de un cadete y un conscripto del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade de Sucre, quienes fallecieron después de ser arrastrados por el río Quirpinchaca, al tratar de rescatar un vehículo atrapado en el cauce. Aún no se conoce con precisión si hubo o no orden superior para que realizaran esa acción.
"La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes, como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos”.
Rolando Villena, defensor
Los ocho casos
Caso Poma El 9 de febrero de 2011, el subteniente Gróver Poma murió por una golpiza que le dieron presuntamente como castigo tras que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”, en la Escuela de Cóndores de Sanandita de Tarija. El caso está en la fase que antecede al juicio oral.
Caso Aranda El 22 de junio de 2012, una baranda de la Anapol, ubicada entre el segundo y tercer piso, cedió. En ese incidente murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas.
Caso Espinal El 2 de febrero murió el subteniente Ceooly Espinal durante su estancia en la Escuela de Cóndores. La Defensoría detectó afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida del oficial.
Caso enfermera El 21 de junio, la enfermera Janeth Vargas (de 27 años) murió en el Estado Mayor. Según la pesquisa de la Fiscalía, falleció tras una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinaron las causas de la muerte.
Caso Loza El 29 de agosto, el soldado Carlos Loza falleció en Puerto Suárez, cuando "era utilizado” para transportar los enseres personales de un teniente. Por un accidente cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército, según la Defensoría.
Caso Rodríguez Entre el 2 y 3 de septiembre, el conscripto Freddy Rodríguez Uño (19 años), con presunta discapacidad intelectual, fue sometido a torturas y tratos crueles en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas de Potosí, según la Defensoría.
Caso Cussi El 22 de octubre, el alférez Emmanuel Cusi desapareció bajo las aguas durante una prueba de buceo. El 5 de noviembre se encontró su cuerpo. Según los familiares, sus compañeros comunicaron que cuando estaba en el agua Cusi levantó la mano para pedir ayuda, pero nadie lo auxilió.
Caso Poma El 18 de noviembre murió la cadete Cinthia Poma, tras realizar ejercicios físicos en la Anapol, donde cursaba el tercer año. Aún no se sabe cuál es la causa de su fallecimiento.
Puntos de vista
ever moya, presidente de Com. DDHH de Diputados

Hicimos un seguimiento
Estamos preocupados. Hicimos un seguimiento de fiscalización para ver en qué están quedando estos casos. Hemos pedido informe y convocamos recientemente al ministro de Gobierno para que nos informe sobre esos casos que nos preocupan. Asimismo, este año hemos llamado al ministro de Defensa sobre el caso de cadetes y conscriptos de las Fuerzas Armadas.
En todo caso, la mayoría de los casos, según ambas informaciones, nos indica que estarían en manos del Ministerio Público. No podemos ahora convocar sobre el caso de Cinthia Poma y JanethVargas, que murió en el Estado Mayor, porque esos dos casos todavía faltan. Según información del Ministerio Público, que llegue el plazo de la investigación: que son seis meses, y en función a eso queremos hacer la petición de informe oral.
Una vez cumplido el plazo fijado, estamos pensando convocar al fiscal general para que nos pueda esclarecer.
víctor vacaflores
DDHH de La Paz
Investigación, caiga quien caiga

Hubo una reflexión al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y por tanto hay un documento, en referencia fundamentalmente a la cadete Poma. Pero ese documento expresa el espíritu en general.
Una y otra vez tenemos que insistir en la necesidad de la investigación hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Así tiene que ser. Ése es el mejor tributo para la democracia.
No debe haber ninguna otra razón que obstaculice las investigaciones, salvo algo que tenga que ver con la calidad, con la capacidad o no capacidad técnica. No puede haber obstáculos políticos, intereses creados, intereses sectoriales coyunturales. Ésa debería ser la línea, la posición que sostenga toda organización de derechos humanos y toda la población, y nosotros pedimos que ése también sea la línea, los valores, la orientación de la Fiscalía y del Estado. Nuestras dudas surgen en la medida en que son varios casos y existe una retardación de justicia.

lunes, 9 de diciembre de 2013

En el acto de graduación de 284 sargentos en Tarata, Cochabamba

Evo alude a DDHH la baja preparación física de soldados

Recordó que cuando vivía en Orinoca escuchaba que cadetes y oficiales ganaban medallas en juegos deportivos internacionales. Ahora, en cambio, no. 

Lunes, 09 de diciembre de 2013

 
Evo alude a DDHH  la baja preparación física de soldados
 

Página Siete / La Paz
El presidente Evo Morales aludió ayer a Derechos Humanos (DDHH) la baja preparación física de uniformados. Recordó que cadetes y oficiales ganaban premios internacionales y que ahora ya no los consiguen.
"Los comandantes tienen la obligación de preparar físicamente (a los soldados). Aunque lamento mucho decir que tienen su tarea y responsabilidad las instituciones de derechos humanos. Entendemos perfectamente (su labor), pero cualquier institución de los derechos humanos no puede perjudicar en la preparación física de nuestros soldados”, declaró el presidente Evo Morales.
La afirmación fue hecha en el acto de graduación de 284 sargentos, entre damas y varones, de las escuelas militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) correspondiente a la promoción 2013. El acto se desarrolló ayer en la Escuela Militar de Sargentos Maximiliano Paredes, en la localidad de Tarata.
El dignatario recordó sus primeros años de vida en la localidad de Orinoca. "Cuando era adolescente o niño todavía, era adicto al deporte y trataba de escuchar por la radio las informaciones deportivas (...). Escuchaba que en los Juegos Bolivarianos y otros eventos internacionales (y decían) que tal cadete sacó medalla de oro, tal oficial medalla de plata”, declaró.
Sin embargo, "ahora no escucho que cadetes ni oficiales de las FFAA medalleros en las competencias internacionales. Me pregunto: ¿qué pasa en las FFAA? Algunos oficiales me dicen: ‘por culpa de los derechos humanos’. Habrá que ver si realmente es por culpa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o el defensor del Pueblo”, cuestionó el dignatario.
Además, dijo que "respetando los derechos humanos, garantizar la preparación física y que también nuestros cadetes y alumnos de escuelas e institutos y oficiales vuelvan a representar al pueblo boliviano en competencias internacionales (…) Mi gran deseo es que nuevamente nuestras Fuerzas Armadas sean medalleros en estos eventos internacionales”. En su discurso, además, el Jefe de Estado señaló que los nuevos sargentos deben ser actores importantes para impulsar el desarrollo de la nación de cara al bicentenario de Bolivia, en 2025, y que tienen la responsabilidad junto a sus camaradas de llevar adelante la Agenda Patriótica, que busca erradicar la extrema pobreza y universalizar los servicios básicos, entre otros.
También subrayó que ser militar es "servir al pueblo boliviano, tener una profunda conciencia” sobre el civismo y patriotismo.
Asimismo, les pidió profundizar el sentimiento por la patria
El proyecto de ley fue aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados

Buscan crear institución para prevenir las torturas

domingo, 08 de diciembre de 2013
 
Buscan crear institución para prevenir  las torturas
Cecilia Ayllón, ministra de Justicia.
Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley de Servicio para Prevención de la Tortura (SEPRET) sugiere crear una institución pública descentralizada que permita contar con mecanismos de previsión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes a las personas.
Según un boletín de la Cámara de Diputados, al que hace referencia la gubernamental ABI, el proyecto de ley aprobado en sus dos estaciones se enmarca en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
Asimismo, la nueva norma cumple el mandato del artículo 111 de la CPE, que determina que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria o crímenes de guerra son imprescriptibles.
Durante su exposición ante el pleno, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, justificó la importancia de esta norma haciendo referencia a las múltiples irregularidades registradas en las academias de formación policial y militar relacionadas con malos tratos o torturas.
Asimismo, la autoridad recordó que el 27 de julio de 2006, a través de la Ley 3454, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la cual Bolivia se comprometió a asumir acciones contra este tipo de prácticas.
Ayllón recordó que el 10 de diciembre del mismo año, el Estado boliviano puso en vigencia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien 2009-2013, que también incluye medidas contra la tortura.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Los uniformados vulneran los derechos humanos en las sesiones de instrucción

Los castigos derivan en torturas en algunos recintos militares y policiales

Instructores castrenses imparten castigos a conscriptos que van desde golpes, asfixia hasta el ahogamiento, con el riesgo de llegar a la muerte. Lo mismo ocurre en la Policía, con instrucciones excesivas.

Lunes, 25 de noviembre de 2013

Los castigos  derivan en  torturas en  algunos recintos militares y policiales
 
Fotos: Stringer / Página Siete. Entrenamiento militar en una dependencia de las Fuerzas Armadas, en La Paz
Claudia Soruco / La Paz

Daban las 7:00 de un martes de septiembre de 1992. A la hora de la formación, el instructor del regimiento militar GADA de Cochabamba pidió a dos conscriptos que sujetaran a Carlos S., lo ataran con una cuerda, colgaran de los pies en un arco de madera y golpearan con un tolete hasta que pidiera disculpas por un acto de indisciplina.
Pasaron más de 20 años y el ejercicio de una extrema violencia dentro de las fuerzas policiales y militares persiste. Unos denominan a este hecho como instrucción y otros lo califican como una vulneración de los derechos humanos que incurre incluso en delitos de tortura.
Entonces, Carlos tenía 18 años, y veía esta sanción, causada por una salida del cuartel sin autorización, como una prueba para "demostrar la valentía en frente de los camaradas y para que no se burlen si yo me rendía”.
En un sondeo que Página Siete realizó a 12 hombres que prestaron su servicio militar y premilitar dentro de cuarteles de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el común denominador fue que el uso de violencia ejercido por sus propios camaradas por una orden de sus instructores era el resultado de actos de indisciplina e incumplimiento de sus ejercicios durante su instrucción física.
"Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde”, cuenta Marco Callizaya, quien hizo su servicio militar en el Regimiento Colorados de Bolivia, en La Paz.
Ante estos hechos recurrentes en el país, que revelan esta vulneración de los derechos humanos en la instrucción militar, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en una entrevista con este medio, aseguró que dichos "castigos van desde vejaciones, humillaciones hasta expresiones muy torpes que se constituyen también en un mecanismo de violencia psicológica, pero que los instructores para su descargo siempre aseguran que estaban dentro de lo correcto y de la instrucción establecida”.
Datos de esta instancia dan cuenta de que entre 2010 y 2012 se registraron y admitieron 401 denuncias contra las Fuerzas Armadas. De ese total, 109 (27%) corresponden a vulneraciones de los derechos de la integridad física, psíquica y moral, y a los de la salud.
De la instrucción a la tortura
La representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de La Paz, María Amparo Carvajal, informó que cada año su entidad registra en promedio 300 denuncias de vulneración de derechos humanos en los recintos policiales y militares, llegando a agravantes de torturas que no son investigadas y menos sancionadas.
"Sin embargo, hay padres que vienen y aseguran que sus hijos están siendo masacrados, pero a la hora de tomar sus datos prefieren callar por el temor de que sean echados o reciban una mayor paliza. Este temor está latente en todo el país”, asegura Carvajal.
En estos tres últimos años, 28 personas murieron en diferentes recintos policiales y militares. ¿Las causas? En su mayoría por excesivos ejercicios de entrenamiento o castigos que llegaron hasta la tortura.
"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más”, relata un cadete de segundo año de la Academia Nacional de Policías, quien prefirió, "por seguridad”, guardar su nombre en reserva.
Una de esas tantas denuncias que admitió la Defensoría del Pueblo es el castigo, con puños y puntapiés en todo el cuerpo, que un conscripto recibió el pasado 4 de septiembre en uno de los cuarteles del Comando General del Ejército.
Los informes previos también establecen que el joven de 19 años fue sumergido en agua caliente por sus propios compañeros, quienes obedecieron las órdenes de un sargento, quien sospechaba que la víctima había robado su teléfono celular.
Para el senador de oposición y excomandante del Ejército boliviano Marcelo Antezana, estos hechos no son recurrentes dentro de las Fuerzas Armadas. "Con el tiempo más bien hemos visto que se han ido aboliendo y se respetan más los derechos humanos, aunque siempre hay casos aislados”.
Entre el miedo y el exceso
A finales de 2012, una madre denunció que su hijo que prestaba su servicio en el Colegio Militar del Ejército, luego de haber presentado agotamiento por los excesivos ejercicios, fue obligado por su teniente a ponerse en posición de abdominales para que otro de sus camaradas orinara en su rostro.
"Hablamos de una extrema violencia. Estamos enfrentando a torturados que después se convertirán en torturadores. Esta gente siente que el uniforme les da todo el derecho de ejercer semejante violencia sin control”, agrega Carvajal.
En los recintos policiales, los cadetes de los primeros años son los más propensos a recibir castigos y uso excesivo de la fuerza por parte de sus superiores. En el caso de las dependencias de las Fuerzas Armadas, los conscriptos y estudiantes que cursan los primeros años son los más afectados.
Para el exmayor de Policía David Vargas, el entrenamiento en los recintos debe ser duro, para que los futuros policías estén preparados ante cualquier contingencia. "Yo también he sido instructor y también castigaba de manera desproporcionada a los cadetes y por eso les decía que en el futuro iban a enfrentarse con gente de diferente tipo, es para eso que hay que preparar a los policías”, sostuvo.
La APDHB estableció que la Policía y las Fuerzas Armadas son las instituciones que más vulneran los derechos humanos en el país.
Sin embargo, los numerosos casos de muertes y torturas continúan sin el necesario ni oportuno esclarecimiento.
Persisten los casos de personas que sufrieron actos violentos dentro de la Policía y las FFAA
Carlos s.
Exconscripto
"Me golpearon con toletes”
"Lo que recuerdo es que salí sin permiso por la noche del cuartel. Pensé que nadie lo había notado, pero cuando regresé y fui como cada mañana a la formación, el sargento me hizo pasar adelante, ordenó que dos de mis camaradas me sostuvieran y me sujetaran con una soga de manos y pies. Luego les ordenó que me colgaran de los pies en un arco y que después me golpearan con los toletes, hasta que pidiera perdón. Fue doloroso”.
Cadete
Segundo año de la Anapol
"Las fuerzas nos vencen a veces”
"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más. Los ejercicios son muy dolorosos, pero siempre nos dicen que no debemos quejarnos. Hay gente que no puede aguantar, pero a veces quejarse es peor, porque viene el teniente y da patadas en la espalda. Hemos sabido de cadetes que han tenido que ir hasta el hospital a hacerse ver, porque ya no aguantaban el dolor, pero nada cambia”.
Madre
De cadete de la Anapol
"Mi hijo no quiere quejarse”
"Mi hijo va a ser el primer policía de la familia, pero a veces me da pena porque mucho sufre. Cuando lo veo el fin de semana está cada vez más demacrado, no me quiere decir nada, pero siempre llega adolorido. A veces me da la impresión de que hasta lo están golpeando más de la cuenta, tal vez son sus mismos compañeros de curso, porque somos de origen bien humilde. Ya hemos intentado que nos diga, pero nada”.
Marco Callizaya
Exconscripto
"En ese tiempo no lo veía mal”
"No todos teníamos el mismo rendimiento físico. Algunos que no teníamos la altura de otros sufríamos mucho más en el momento de realizar los ejercicios y el entrenamiento táctico. Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde. Fue muy duro y no me hicieron ni probar un poco de agua en todo ese tiempo”.