viernes, 23 de agosto de 2013

TARIJA: Red ACLO.- La Representante del Defensor del Pueblo en Tarija, Gladys Sandoval, dio a conocer denuncia de tres estudiantes de la Escuela Básica Policial (Esbapol), quienes habrían sido víctimas de maltratos físicos y psicológicos por parte de un subteniente que responde al nombre de Héctor Claros.
Por su parte, el director de la escuela policial, Vladimir Calderón Sandoval, señaló que la autoridad policial hizo mención que no conocía de estos tratos, se encontró a tres alumnos golpeados, torturados y maltratados por un teniente llamado Héctor Claros, “comieron en un casco sucio sopa y segundo, uno de ellos fue golpeado en nariz y labio, los otros habían trotado con llantas” dijo Sandoval.

Los castigos habrían sido impartidos por infracciones que cometieron dentro de la escuela básica policial, sin embargo no justifica el accionar de sub teniente. Sandoval señaló: “la denuncia se encuentra en el ministerio público y pidió destitución del sub teniente, esto para garantizar el regreso de los estudiantes a la escuela básica policial”, señalo Sandoval.

Sobre este hecho, una fuente policial que prefirió reservarse su identidad, señaló también a un capitán, quienes habrían maltratado más de siete veces a treinta y nueve estudiantes de segundo año.

De acuerdo con la versión de la policía, hizo conocer que les amenazo a todos los que denunciaron y denuncian que buscaran su baja, los instructores deben ser los primeros en respetar los derechos humanos, sin embargo, “con esta mala experiencia les será difícil practicar este valor con la ciudadanía cuando estén en las calles y distintas unidades policiales; a todos los han torturado, el viernes no han dicho nada algunos, no es solo un subteniente, también hay un capitán que está metido en esto" señaló el efectivo policial.
Lunes, 19 Agosto 2013 02:56 Diario EL PAIS

Denuncian a dos oficiales de la Esbapol por maltratos 

Denuncian a dos oficiales de la Esbapol por maltratos
Tres estudiantes de la Escuela Básica Policial (Esbapol) habrían sido víctimas de vejámenes por parte de un subteniente, según informó la representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Gladys Sandoval, sin embargo, una fuente policial que prefirió reservarse su identidad, señaló también a un capitán, quienes habrían maltratado más de siete veces a treinta y nueve estudiantes de segundo año.
De acuerdo con la versión del policía, los instructores deben ser los primeros en respetar los derechos humanos, sin embargo, “con esta mala experiencia les será difícil practicar este valor con la ciudadanía cuando estén en las calles y distintas unidades policiales”. “A todos los han torturado, el viernes no han dicho nada algunos, no es solo un subteniente, también hay un capitán que está metido en esto”, refirió el policía, quien agregó que fueron amenazados por los oficiales luego de que la Defensoría dejó la Esbapol.
Les habrían dicho que de todos los que denunciaron y denuncian van a buscar su baja. “Se encontró a tres alumnos golpeados, torturados y maltratados por un teniente llamado Héctor Claros, comieron en un casco sucio sopa y segundo, uno de ellos fue golpeado en nariz y labio, los otros habían trotado con llantas”, señaló Sandoval luego de realizar una verificación en la institución.
La funcionaria agregó que las víctimas fueron llevadas al Ministerio Público, se hizo la denuncia correspondiente, después del examen del médico forense, dos de ellos tienen cinco días de impedimento, hay un fiscal asignado al caso y juez; se tomó la queja defensorial, ya que ellos sufrieron torturas, tratos crueles y degradantes”, indicó.
El caso entra en etapa de investigación, y el instructor denunciado ha sido suspendido. “No se los devolvió a la escuela, hasta que no se tenga la destitución de esta persona, quien fue suspendido el mismo viernes”, dijo Sandoval y luego aclaró que no tienen denuncia alguna contra el capitán ni que se ha verificado las amenazas a los estudiantes.
El policía añadió que luego de que se retirara la representante de la Defensoría del Pueblo, el viernes en la noche, los estudiantes fueron amenazadas con hacerles dar de baja una vez que egresen con un caso falso para hacer retirar a los tres alumnos afectados. “Esto no es nada, cuando salgan igual les voy a pasar la voz a todos los oficiales, y les van a dar de baja”

SUPUESTA FALTA
La supuesta falta de los tres estudiantes es que se habrían enamorado de mujeres de la Esbapol, por lo que indicaron que pidan su baja o se sometan a la tortura. “Solo a los tres les agarraron a patadas, pero a los otros les hicieron revolcar en deshechos de alcantarillados. Los 39 alumnos de segundo año de esta gestión, por culpa de los tres han sufrido estos maltratos, les hicieron comer sopa y segundo caliente en dos minutos, cuando el reglamento te permite en quince”, agregó el informante.

SUBTENIENTE NO
FUE EXPULSADO
Al momento, se sabe que cambiaron de cargo al subteniente como administrativo, por lo que dejó de ser instructor, ya que la Defensoría del Pueblo le pidió al responsable de la escuela que el denunciado por vejamen no se acerque a los estudiantes. “Al capitán, como es jefe de estudios, no lo han denunciado”, agregó.

DÍA DE TORTURA
“Todo el martes, en la hora de descanso, les patearon en el estómago, les hacían tomar diez litros de agua”, dijo el informante, quien agregó que el caso fue conocido hasta el momento por la Felcc, pero se identifica al capitán Rodrigo Flores y al subteniente Flores como autores del vejamen. “Mientras el uno torturaba el otro supervisaba, la falta es grave, los instructores que torturen y el director de la Esbapol, teniente coronel Vladimir Calderón, debe hacer respetar los derechos humanos. Pero se ve que no hay eso, se ve que se forma policías agresivos. No se puede formar técnicos superiores violentos, y es que van a ser reales servidores públicos, y conocedores de los derechos humanos”, finalizó.

martes, 20 de agosto de 2013

DECESOS EN CUARTELES 

Van 20 militares muertos desde 2010 y no hay ni un responsable

La mayoría perdió la vida por ahogamiento y por accidentes. En todos se instauró un sumario. Cinco casos pasaron a la Justicia Ordinaria y no se halla al o los culpables. El padre de Poma busca hacer justicia con sus manos, ya que no avanza el juicio.
Gráfico: La Razón
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico: La Razón

La Razón (Edición impresa) / Elisa Medrano / La Paz
04 de agosto de 2013
Desde 2010, una veintena de conscriptos, cadetes, oficiales y suboficiales falleció en las Fuerzas Armadas cuando prestaba servicio. Pese a que algunos murieron en accidentes, los responsables no fueron identificados ni castigados en pesquisas en la Justicia Ordinaria.
Nueve de las víctimas pertenecían a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), ocho soldados y un cadete. Cuatro eran del Ejército, dos subtenientes, un suboficial y un conscripto. Siete estaban en la Armada Boliviana, todos marineros. Cinco casos están en juicio ordinario y ninguno acabó.
Este diario intentó entrevistar al comandante en jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, pero en la Unidad de Comunicación se indicó que no habrá ningún pronunciamiento respecto a la muerte de uniformados. Este jefe militar también rechazó en dos oportunidades audiencias al defensor del Pueblo, Rolando Villena.
El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó a la Cámara de Diputados el miércoles 31 que la mayoría de los soldados (11) falleció por ahogamiento, como consecuencia de accidentes y acciones de desobediencia, por lo que no ameritó mayor investigación ni sanción a nadie.
En todos los casos se instauraron sumarios militares, aunque en algunos también intervino la Justicia Ordinaria, debido a que habría alguna responsabilidad, por lo que aseguró apoyo.
Las muertes de los subtenientes de Ejército Gróver Poma Guanto (2011) y Ceooly Espinal (2013), que recibían instrucción en la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol), ameritaron una investigación en la vía ordinaria.
En el primer caso, según Saavedra, uno de los oficiales, identificado como Franz G., además de enfrentar un proceso en la Justicia Ordinaria, fue separado de la institución, a raíz del fallecimiento de una enfermera, en junio, en el Estado Mayor de Miraflores.
Precisó que las autoridades deberán establecer si hubo encubrimiento por parte de los jefes militares, ya que ese oficial seguía trabajando al interior de las Fuerzas Armadas.
Agregó que los militares involucrados en la muerte de Poma tenían la orden de permanecer en ese lugar, pero no explicó por qué no lo hicieron y de quién es la responsabilidad.
Respecto al deceso de Espinal, dijo que se inició un sumario militar, aunque además se abrió un proceso por la vía ordinaria, el que fue coadyuvado por esa institución militar.
Declaración. Recordó que en diferentes fechas declararon ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba cinco instructores, el médico operativo de la Esconbol, otro instructor y ocho estudiantes de la institución militar. Posteriormente se presentaron tres instructores y cuatro alumnos más.
Además del fallecimiento de ambos oficiales, la Justicia Ordinaria indaga la muerte del cadete de aviación Wildo Delgado de los Ríos, del soldado Carlos Flores Chura y del marinero Henry Molina Gutiérrez, los tres a causa de disparo de arma de fuego.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucio Marca, expresó su preocupación porque son varias muertes de conscriptos y de oficiales o suboficiales en los últimos tres años, la mayoría todavía no fue esclarecida y no se identificó y sancionó a los responsables.
Después de recibir la información oral de Saavedra, el asambleísta adelantó que todos los datos que fueron proporcionados por la autoridad gubernamental serán analizados, con el fin de que se pueda emitir recomendaciones a esas instituciones.
Explicó también que se requerirá mayor información en determinados casos, si es que corresponde, para que se pueda complementar el reporte conclusivo a ser elaborado.
Además, indicó que su comisión también evaluará la pertinencia de pedir que se amplíen las investigaciones de algunos decesos, aunque no especificó de cuáles. Agregó que el hecho de que no se haya esclarecido algunas de esas muertes es porque la Justicia Ordinaria tiene falencias. Sólo así se explica por qué no se castigó a nadie en el caso Poma, en tres años.
Reporte de cada fuerza militar
Informe
Los datos sobre la cantidad de fallecidos fueron remitidos por cada una de las fuerzas al Ministerio de Defensa.
Educación
Se informó también que se imparte enseñanza en diferentes ramas técnicas, tanto a cadetes como al personal de la tropa, a través de diferentes cursos.
Villena califica de ‘escándalo’ las bajas
De un “escándalo” calificó el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, que sean 20 los militares fallecidos en cuarteles de las Fuerzas Armadas entre 2010 y lo que va de este 2013.
Esa cantidad de muertos, según el representante defensorial, pone al descubierto prácticas que se han hecho consuetudinarias en la formación de los cuadros al interior de las Fuerzas Armadas. “Es más, la pregunta es: ¿se va a seguir formando militares a costa de sus propias vidas?”, se cuestionó.
En su criterio, hay una contradicción entre la cultura de paz que propugnan las Fuerzas Armadas y la vulneración de los derechos humanos en las reparticiones de esa institución.
Manifestó que debe haber una sujeción irrestricta y de respeto a los derechos humanos porque precisamente las naciones indígenas, ya sea la aymara, la quechua o la guaraní, propugnan aquello.
Si bien hasta la fecha no hubo sanciones por las muertes reportadas en instituciones militares, el Defensor considera que ello se debe a que todavía el camino para llegar a una condena es “muy complejo”.
“Ya el hecho de que estos casos pasen a la Justicia Ordinaria es un logro fundamental, ahora la Justicia debe hacer su trabajo y las autoridades tienen la obligación de facilitar la labor de investigación; el Ministerio Público no puede ser impedido en su accionar”, sostuvo.
Sin embargo, recordó que de no haber sido por la muerte de la enfermera Jannett Vargas (27), ocurrida el 21 de junio en predios del Estado Mayor, el subteniente Franz G., implicado en el fallecimiento de su camarada Gróver Poma, no hubiera sido detenido.
Poma perdió la vida en la Escuela de Cóndores Bolivianos en Sanandita el 9 de febrero de 2011.
“Faltan dos más y he pedido al Fiscal General (Ramiro Guerrero) que se extreme todo lo que está a su alcance para que dé con los dos que están con serios indicios de prueba de ser responsables (de esa muerte)”, dijo.
Justicia por mano propia
Andrés Poma, padre del fallecido subteniente Gróver Poma Guanto, quien murió el 9 de febrero luego de estar en la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol) en Sanandita, está cansado de los vaivenes de este proceso, por lo que pidió su extinción a fin de que él mismo, con sus manos, pueda hacer justicia.
“Buscaré con mis propias manos la justicia”, aseguró en Tarija, durante una entrevista con el diario El País.
También calificó de “una vergüenza” la retardación que hay en el juicio por la vía ordinaria.
A más de dos años de iniciarse el proceso, él está cansado de llamar en reiteradas ocasiones al Ministerio Público de Yacuiba, donde le responden que los fiscales están en audiencia.
Recordó que en una ocasión quiso declararse en huelga de hambre en los juzgados, pero los policías se lo impidieron y le echaron de la acera.

lunes, 29 de julio de 2013

Defensoría aguarda la respuesta de las FFAA

Villena pide una reunión para dialogar sobre las muertes en los cuarteles
La Razón / Édgar Toro / La Paz
02:07 / 29 de julio de 2013
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aún espera la respuesta de las Fuerzas Armadas sobre la muerte de efectivos militares en los cuarteles. Es la segunda solicitud para conversar sobre el tema con el comandante en jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente.
Villena cree que es posible prevenir estos decesos porque hay “algunas falencias en la seguridad y protección de las personas cuya vida y seguridad se encuentran bajo el cuidado de la institución castrense”.
Además, el Defensor afirmó que se pueden revisar algunos procedimientos en los entrenamientos para evitar estos accidentes. En un mes perdieron la vida dos soldados y un cadete. El conscripto Carlos Churata fue el último en perecer, el 26 de julio en un cuartel de Tarija.

FFAA ven que ‘no es pertinente’ reunión con Defensor para tratar tema de DDHH

Rolando Villena le recordó al Comandante en Jefe de las FFAA, Ramiro de la Fuente que la Defensoría inició las investigaciones sobre las muertes de la enfermera Janeth Vargas, el subteniente Ceooly Espinal, el cadete Daniel Delgado de Los Ríos y el soldado Henry Molina.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz
19:30 / 26 de julio de 2013
Las Fuerzas Armadas (FFAA) rechazan la invitación del 22 de julio del Defensor del Pueblo para sostener una reunión, con el argumento de que “no es pertinente” tratar temas de Derechos Humanos (DDHH) cuando el caso de muertes en recintos e institutos militares están en los ámbitos de la Justicia, tanto penal como militar. El Defensor respondió que es su deber garantizar los derechos y apeló a la responsabilidad y compromiso del Comandante en Jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, para viabilizar una nueva cita.
De la Fuente, en una nota fechada el 23 de julio señaló que “no es pertinente” una reunión porque los casos que serian objeto de análisis se encuentran en la justicia ordinaria, por lo cual le corresponde “abstenerse de emitir criterio alguno, mientras no exista sentencia ejecutoriada”. Además, El Comandante le sugirió al Defensor que cualquier solicitud que haga sea canalizada a través del Ministerio de Defensa.
“Debo aclarar que mi solicitud está motivada además por mi deber y por las prerrogativas que la Constitución y las leyes me asignan y atribuyen”, respondió Villena en una extensa carta dirigida a de la Fuente con fecha de hoy, donde citó el artículo 218 de la Constitución Política del Estado (CPE) como referencia a las potestades que debe cumplir el Defensor del Pueblo.
En la misiva, Villena también le recordó a de la Fuente que la Defensoría inició las investigaciones sobre las muertes de la enfermera Janeth Vargas, en el Estado Mayor el 21 de junio; el subteniente Ceooly Espinal, el cadete Daniel Delgado de Los Ríos y el soldado Henry Molina.
En el tenor de la carta el Defensor del Pueblo sostiene que el hecho de que los decesos de personas en instituciones castrenses están siendo investigadas por los organismo correspondientes, “no inhabilita nuestra competencia institucional para investigar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin perjuicio de cualquier otra investigación administrativa, disciplinaria o penal que se lleve a cabo, más tomando en cuenta que son nuestras conclusiones las que serán remitidas al Ministerio Público en caso de evidenciar aspectos que tengan que ser investigados en dicha instancia”.
El 22 de julio, Villena cursó una carta a de la Fuente para sostener con esa autoridad militar una reunión para analizar conjuntamente las medidas de protección, seguridad y garantía de los derechos humanos en los recintos militares. Recordó, en ese entonces, que en los últimos meses siete personas murieron en esos lugares.
"Apelando (…) sobre todo a su responsabilidad y compromiso, le reitero mi solicitud de programar una reunión con su persona y los comandantes de las tres fuerzas (Fuerza aérea, Armada y Ejército), la misma que sugiero pueda llevarse a cabo el miércoles 31 de julio a horas 16:00 en sus instalaciones”, concluye Villena en la carta cursada el 26 de julio.
El lunes pasado, el Defensor expresó en la misiva del 22 de julio que los hechos irregulares en los recintos militares “parecen indicar, cuando menos, una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección que están afectando principalmente la vida y la seguridad de quienes acuden a esa institución para servir a la Patria y a la sociedad”.

Defensoría investiga muerte de un conscripto

Henry Molina murió el sábado en el Valle Alto, en un cuartel
La Razón / Angélica Melgarejo / Cochabamba
02:35 / 23 de julio de 2013
La representación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba indagará las circunstancias en las que falleció el conscripto Henry Molina Gutiérrez (19 años), muerto el sábado presuntamente a consecuencia de una mala manipulación de un arma. La Policía informó que ya citó a quienes presenciaron la muerte.
“No sabemos las circunstancias (en las que falleció), esto va a ser motivo de una indagación nuestra, más allá de las competencias de otras instituciones”, advirtió Raúl Castro, representante del Defensor del Pueblo.
Marcelo Gutiérrez, oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), explicó que corroboran la información respecto a la muerte del soldado, quien prestaba su servicio militar en el Batallón N° 2 Naval, en la Policía Militar, en Carcaje, Valle Alto.
Según los primeros datos, “un oficial en el grado de alférez habría dejado por descuido su arma de reglamento y toda su armadura, un grupo de soldados ingresó al dormitorio de este oficial naval y manipuló de manera arbitraria esta arma produciendo la percusión, que quitó la vida del soldado”, dijo.
Villena pide audiencia a las FFAA para el viernes
A través de una nota entregada ayer en el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), el defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó una audiencia para el viernes a las 09.00. Villena busca reunirse con el comandante en Jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, para debatir sobre el respeto de los derechos humanos en recintos militares.
Villena expresó su preocupación por los hechos de sangre registrados en institutos militares y cuarteles. “(Esto) parece indicar, cuando menos, una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección”, dijo.

Experto ve falta de leyes para prevenir torturas en el país

Gobierno alista una norma para crear el mecanismo de prevención de ese delito
Penal. Vista de San Pedro. Los presos son más vulnerables a la tortura, dice Boeglin.
Penal. Vista de San Pedro. Los presos son más vulnerables a la tortura, dice Boeglin. Foto: Eduardo Schwartzberg
La Razón / Elisa Medrano / La Paz
00:53 / 22 de julio de 2013
Si bien la Constitución Política del Estado prohíbe toda forma de tortura, el experto en derechos humanos Nicolás Boeglin observó que en Bolivia aún no se aprobaron leyes que pongan en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención contra ese delito.
El citado mecanismo, precisó, es un órgano técnico que hace recomendaciones a cada Estado para reducir los niveles de violencia que se dan de parte de éste y/o actores privados contra un detenido. La diputada Marianela Paco (MAS) y su colega Ever Moya confirmaron que la Asamblea legislativa no aprobó ninguna norma referida a la prevención de la tortura. En el Ministerio de Justicia se informó que elaboran un proyecto de ley para impulsar esa tarea.
Boeglin, de nacionalidad francesa, es doctor en Derecho y dicta la cátedra Derecho Internacional Público en Costa Rica. Visitó Bolivia a fines de junio, invitado por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), para que dé cursos por el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura.
El experto manifestó que la falta de una normativa que ponga en marcha ese mecanismo, pone al descubierto la inexistencia de un procedimiento tutelar para evitar el ejercicio de tortura e intimidación. Su inquietud, agregó, radica en el hecho de que, entre 2007 y 2012, la Defensoría del Pueblo recibió 3.500 denuncias de tortura y malos tratos. “(Eso) nos da una idea de que la situación en Bolivia es preocupante”, aseveró.
Mediante la Ley 3298 del 12 de diciembre de 2005, Bolivia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de Naciones Unidas.
Entonces se comprometió, según la norma, a la creación de “uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional” en el plazo de un año desde su validación.
Sin embargo, ya transcurrieron ocho años desde que se asumió esa responsabilidad sin que a la fecha se lo haya concretado.
El punto dos del artículo cuatro de ese protocolo hace referencia a la privación de libertad. Según Boeglin, justo después de la detención, una persona es susceptible de recibir malos tratos, intimidación o tortura, que pueden llegar a lesiones e incluso a la muerte.
Situación. Los postulados de la convención de la ONU precisan que se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”.
En septiembre de 2010, Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Subcomité de Prevención de la Tortura, un órgano del sistema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llegó a Bolivia y visitó recintos de privación de libertad, que incluye 11 unidades policiales y ocho cárceles.
Tras esa inspección, la misión que estuvo a su cargo recomendó establecer salvaguardas efectivas contra la tortura y otros malos tratos de los privados de libertad.
En su informe de febrero de 2014, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación porque hasta entonces no se había creado el Mecanismo Nacional de Prevención.
En América Latina, además de Bolivia, Guatemala, Perú y Brasil no designaron ese Mecanismo.
“No entiendo por qué Bolivia es parte de esos países que renquean el tema de la tortura. Yo entiendo que en Perú, Guatemala o Panamá esto no sea prioridad, pero Evo Morales (presidente) nos ha mandado señales de que Bolivia estaba dispuesta a escribir el movimiento moderno de los derechos humanos”, explicó Boeglin.
En la región latinoamericana, las naciones que ya pusieron en marcha sus entidades de prevención son Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina y México.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que se trabaja en un anteproyecto de ley que establecerá la puesta en marcha del Mecanismo Nacional de Prevención, el que pronto será remitido al Consejo Nacional de Política Económica y Sociales (Conapes).
En julio de 2010, antes del arribo al país de miembros del Subcomité de Prevención de la Tortura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados intentó, sin éxito, consensuar una norma referida al tema.
Tortura en democracia
Explicación
El experto Nicolas Boeglin consideró que la tortura en América Latina siempre estuvo ligada a la dictadura.
Cambio
Explicó que si bien en democracia rigen otros principios y la base de la democracia son los derechos humanos, todavía se practica tortura.
Protocolo de la ONU
Artículo 1
“El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 3
“Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante denominado el Mecanismo Nacional de Prevención)”.
Artículo 17
“Cada Estado mantendrá, designará o creará, a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Protocolo, o de su ratificación o adhesión, uno o varios mecanismos”.
En la Asamblea fracasó un proyecto
Diputada Paco dice que no se acordó si sólo se iba a crear el mecanismo
La diputada Marianela Paco (MAS), expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, informó que en 2010 en la Cámara Baja no fue posible acordar la aprobación de una ley contra el abuso porque habían divergencias respecto a si la normativa iba a referirse sólo al Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura o iba a ser integral.
Además, expuso, parte del debate también se centró en si sólo el Estado puede cometer tortura. “La experiencia nos dice que se puede incurrir en la vulneración de derechos desde la sociedad civil y el asunto, desde mi punto de vista, es cómo incorporamos medidas que protejan a las personas que sufren estos tratos con un enfoque proteccionista desde el Estado”. Un ejemplo de ello, acotó, es la tortura de parte de reos a un nuevo interno o, en movilizaciones sociales, agresiones a personas que piensan diferente.
El actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Ever Moya (MAS), explicó que la Carta Magna ya garantiza la no existencia de la tortura en el país, “por lo que no sé si corresponde hacer una ley específica”.