Cuatro
años después, videos y audios con la presunta voz del fiscal Soza
dejan mal parado el llamado juicio del siglo. La acusación es
inconsistente. Fallo Constitucional anula actuación de jueces. La red de
extorsión los enredó.
Ref. Fotografia: Juicio del siglo. Los procesados afirman que todo es un montaje del Gobierno contra los opositores.
Desplomado
antes del juicio oral por varios flancos. Así cumple este 16 de abril,
cuatro años el proceso por terrorismo y separatismo iniciado por el
gobierno de Evo Morales contra 39 personas, en su mayoría de Santa Cruz y
opositoras a su régimen de gobierno, tras el atentado al cardenal Julio
Terrazas y el asalto al hotel Las Américas donde murió el supuesto jefe
subversivo, Eduardo Rózsa y dos de sus acompañantes.
Llega después de haberse ventilado en La
Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, por eso se lo llamó itinerante y
con una nueva suspensión hasta el 22 de abril con un final incierto
porque el Tribunal Constitucional en un último fallo ha observado la
actuación de los dos jueces técnicos, que además tienen un juicio penal
por violación a derechos humanos, Sixto Fernández y Elena Gemio, y
anulado la actuación de los dos jueces ciudadanos Anastasia Calizaya y
Sonia Mamani porque juraron después de un fallo que declaró la rebeldía
del general Gary Prado Salmón, a pesar de su discapacidad y que fue el
objeto de la demanda planteada y aceptada.
Y también deja abierta la posibilidad
que el caso pueda desdoblarse si Prado demuestra que no puede
trasladarse a otro lugar, según dice su hijo Gary Prado, su defensor en
el juicio.
La red de extorsión los enredó. A esa estocada
constitucional que ha tenido el caso, se suman otras en cadena que han
terminado debilitando a quienes sostenían la acusación de terrorismo y
separatismo.
Ha sido por ejemplo la detención en
Tarija, en la misma audiencia, de uno de los denunciantes, el abogado
del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, involucrado en una presunta
red de extorsión en la que cayó también su compañero Boris Villegas.
Ahora ambos están detenidos en la cárcel de Palmasola acusados de
pretender extorsionar con 50 mil dólares al judío norteamericano Jacob
Ostreicher para concederle la libertad en un proceso por legitimación de
ganancias ilícitas y en la que han despilfarrado sus bienes incautados.
Fue a fines del 2012.
Fiscales que desaparecen, renuncias y maleficio. En octubre del año
pasado se conoció también la desaparición de uno de los fiscales que
llevaba el llamado "Terrorismo II", Harry Suaznábar y poco después el
caso ocupó las primeras páginas de los diarios tras conocerse que el
director funcional de las investigaciones, el fiscal Marcelo Soza, había
renunciado y no se sabía de su paradero, el 19 de marzo pasado.
Después de 10 días y cuando existían una
serie de conjeturas sobre el lugar donde estaba y hasta el riesgo que
apareciera muerto, Soza dio la cara, presentó un informe del caso y el
fiscal general Ramiro Guerrero le concedió 60 días de vacaciones.
Al alejamiento de Soza del caso se le
sumó también la renuncia de la abogada Paola Barriga, representante del
Ministerio de Gobierno y como si se tratara de un maleficio, Jorge
Clavijo, uno de los agentes policiales de la unidad de élite Utarc, que
estuvo en el asalto del hotel Las Américas, apareció muerto en La Paz,
tras ser acusado del asesinato de su esposa, la periodista de PAT,
Hanalí Huaycho.
Fotos comprometedoras. A esas bajas del juicio, se acoplan
unas fotos reveladoras que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en
las que aparece el fiscal Marcelo Soza con Denis Rodas, involucrado en
la presunta red de extorsión y uno de los fiscales que quedan aún
sustentando el caso, Sergio Céspedes, en la celebración del cumpleaños
del fiscal Marcelo Soza. También presentó otras en las que aparece
Eusebio Gironda, asesor del presidente Evo Morales en el Palacio de
Gobierno con Cory Balcázar, esposa del fiscal Roberto Achá, detenido por
el caso de supuesta extorsión.
Audios atribuidos a Soza y montaje. Pero los que dieron
un giro de 360 grados al caso fueron los audios presentados por la
legisladora Gonzales atribuidos al fiscal Marcelo Soza y ratificados
como auténticos por dos expertos en grabación en Brasil y España, en los
que este revela que el caso terrorismo fue montado por el Ejecutivo
para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz y en el que también dice
que en el hotel Las Américas hubo una ejecución extrajudicial en contra
de Rózsa y sus compañeros.
Evo no habla. Y lo último ha sido que el mismo
presidente Evo Morales que denunciara ante el presidente venezolano Hugo
Chávez al supuesto movimiento terrorista y separatista que lo quería
matar evitó referirse al juicio y señaló que "ese es un asunto del
Ministerio Público'.
Cambios
Quedan 38 imputados en el proceso
Afuera del caso. Un
informe forense declaró con Alzheimer al general Lucio Áñez Ribera y
por eso fue declarado interdicto y sacado del proceso. Esa es una
enfermedad que se manifiesta con la pérdida de memoria, por eso quedan
38 imputados.
Los detenidos. En San Pedro de La Paz: Mario Tadic,
Elöd Tóásó, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes, Gelafio Santistevan,
Hugo Paz y Juan Kudelka. Ignacio Villa Vargas está en la cárcel El Abra
de Cochabamba y Zoilo Salces en Mocoví del Beni. En Montevideo, Uruguay,
guarda detención Alberto Melgar.
El juicio. Se ventila contra 21 procesados en total,
los 10 detenidos y Mario Antonio Herrera, Ronald Castedo. Gary Prado
Salmón, Marco Monasterio, Juan Carlos Velarde, Roberto Justiniano Áñez,
Hugo Melquiades Vásquez, Juan Carlos Santistevan López, Carlos Eduardo
Pereira Flores, Juan Adalberto Tórrez, Alberto Melgar Villarroel que
tienen arresto domiciliario o libertad provisional mientras se sustancia
el proceso.
Salud. Varios de los implicados en el proceso han
tenido problemas de salud, incluyendo al testigo clave, Ignacio Villa
Vargas, alias "El Viejo".
Por eso, varios de ellos no han podido trasladarse a La Paz u otra ciudad en altura, pues padecen de problemas cardiacos.
Asimismo, el Tribunal Constitucional
ordenó que al general Gary Prado Salmón, que sufre un impedimento físico
desde hace varios años, no se le obligue a trasladarse para someterse
al juicio.
Punto de vista
"Se extraña un debido proceso en este caso'
En la revisión técnica del caso Rózsa hemos visto algunas fallas al
debido proceso que se traduce en las siguientes observaciones:
1.- El derecho al juez natural, previsto
en los artículos 120 – I, 180-III y 181 de la Constitución y artículos
44, 46 y 49 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el entendido
que la norma establece que el juez competente será el del lugar de la
supuesta comisión del delito, donde se descubran las pruebas materiales
del hecho, o el juez de la residencia del imputado o del lugar en que
éste sea habido. Es decir, existe la prohibición constitucional a la
existencia de tribunales de excepción o ad hoc. En otras palabras, no se
debería juzgar con jueces distintos del lugar del hecho, salvo que sea
resultado de varias recusaciones y se tenga de acudir a otro Tribunal
Judicial Departamental; situación que según se tiene entendido no
ocurrió.
2.- Derecho a un proceso si dilaciones
indebidas, previsto en el art. 115 de la Constitución y los arts. 134 y
133 del CPP, sumado a la jurisprudencia constitucional además de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
las cuales son vinculantes para Bolivia, de acuerdo con los arts. 410 y
256 de la Constitución.
3.- Derecho a utilizar los medios de
prueba pertinentes y debiendo estos ser obtenidos cumpliendo las
formalidades legales, previsto en el art. 119-I de la Constitución y
arts. 167 y 169 del CPP.
4.- La presunción de inocencia previsto en el artículo 116 de la Constitución y arts. 296 CPP.
5.- La eficacia de tener una garantía de
que nazca de la Constitución, previsto en el art. 109 de la CPE, que se
ejerce por el solo hecho de estar en la Constitución y no necesita una
ley de desarrollo; es decir, deberían ser eficazmente protegidos por las
autoridades mediante los medios de defensa constitucionales, como ser
la Acción de Libertad, Amparo Constitucional.
Ciro Áñez Núñez
Abogado experto en Proceso Penal
Está plagado de irregularidades...
Denuncia. La querella
criminal por terrorismo y alzamiento armado tiene la fecha de 30 de
marzo del 2009 sin embargo esta fue presentada el 14 de abril, un día
antes del atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas en el barrio
La Santa Cruz.
Atentado al Cardenal.
En ese caso no hay víctimas pues el cardenal Julio Terrazas desistió el
inicio de cualquier acción penal por el explosivo que colocaron en su
puerta. El Ministerio de Gobierno ha dicho que por el separatismo son
víctimas.
Asalto al Hotel. Los
agentes de una unidad de élite de la Policía (Utarc) ingresaron sin
autorización fiscal y sintomáticamente el hotel denunció que les
cortaron las cintas de video de esa noche. También ingresaron a la Feria
Exposición sin fiscal.
¿Fuego cruzado?. La
versión oficial señaló que hubo fuego cruzado y por eso dieron muerte al
presunto cabecilla del grupo subversivo, Eduardo Rózsa, y dos
acompañantes. Pero otros informes periciales dijeron que les dispararon a
matar.
Infiltrados. En la
supuesta célula terrorista estaban infiltrados el jefe de la Utarc,
capitán Wálter Andrade; el funcionario del Ministerio de Gobierno, Luis
Clavijo, según fotografías y videos que ha corroborado el "testigo
clave", Ignacio Villa.
Sembrado de pruebas. El
abogado defensor, Otto Ritter, se preguntó ayer por qué el fiscal
Marcelo Soza permitió que la policía Marilín Vargas colocara armas a
Rózsa y por qué no averiguó quién era el "camarada" Linera.
Videos y audios. Un
video-soborno en el que aparece Ignacio Villa recibiendo $us 31.500 como
pago del Gobierno para que implicara a líderes cruceños y también otros
tres audios han sido presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales.
Juez natural. El caso
se sustanció en La Paz, siendo que los presuntos hechos ocurrieron en
Santa Cruz. Por esa razón el juez Luis Tapia fue perseguido y tuvo que
buscar refugio en el Brasil, donde se encuentra ahora.
