martes, 23 de mayo de 2017

Defensores del pueblo de Iberoamérica discuten en México acciones para la defensa y promoción de los DDHH

En la XIX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) participan al menos 80 representantes de los países miembro. El Defensor del Pueblo de Bolivia es el vicepresidente de ese organismo internacional.
Encuentro iberoamericano de Defensores del Pueblo
Encuentro iberoamericano de Defensores del Pueblo
La Razón Digital / La Paz
16:41 / 02 de octubre de 2014
Más de 80 Defensores del Pueblo de Iberoamérica se reúnen en la ciudad de México para considerar temáticas como la trata y tráfico de personas, la violencia hacia las mujeres y los derechos de la niñez y adolescencia, además de evaluar su trabajo y el rol de instancias protectoras como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El encuentro, según informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, se realiza en el marco de la XIX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que comenzó este 1 de octubre en Distrito Federal.
El encuentro regional, que además abarcará la reunión del Consejo Rector de la FIO y de las cuatro Redes Temáticas sobre Mujeres, Niñez y Adolescencia, Migrantes y Trata y Tráfico y Comunicación, fue inaugurado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien destacó que la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos son una responsabilidad inexcusable y una obligación irrenunciable.
El titular de la Comisión Nacional de DDHH de México y actual presidente de la FIO, Raul Plascencia, destacó – según detalla el informe de prensa- que la consolidación de un régimen de derechos humanos supone necesariamente el respeto pleno del poder público al quehacer autónomo del ombudsman, los avances en cuanto a reformas legislativas, en el fortalecimiento de las instituciones y la implementación de mecanismos de prevención de vulneración de derechos.
El Defensor boliviano Rolando Villena, quien asiste a la Asamblea en su calidad de Vicepresidente de la FIO, explicó que la reunión anual de este organismo es fundamental porque consolida el papel de las Defensorías del Pueblo en el continente bajo la línea y el principio de la independencia de estas instituciones y su liderazgo y compromiso con los derechos humanos. Destacó la importancia de que Chile ingrese a ser parte de la Federación, lo que significará que todos los países de Latinoamérica estarán representados en esta instancia.
Villena participará como moderador de la mesa de análisis que analizará el papel y los resultados del trabajo del sistema interamericano de protección de derechos humanos, del que participarán además los defensores de España, Portugal, Ecuador, Brasil y Colombia.

Procesan en Italia a García Meza y Arce Gómez por el Plan Cóndor

Justicia. El 6 de octubre se definirá la situación judicial de 33 militares acusados
Bolivia. A Luis García Meza (centro) se le atribuye la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Bolivia. A Luis García Meza (centro) se le atribuye la desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz. La Razón-Archivo.
La Razón (Edición Impresa) / EFE / Roma
03:55 / 01 de octubre de 2014
La Justicia italiana decidirá el 6 de octubre si enjuicia a 33 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de varios países latinoamericanos por la denominada “Operación Cóndor”. En la lista del proceso figuran los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez.
La decisión la tomará el juez Alessandro Arturi, que instruye la fase preliminar del proceso que investiga la desaparición de 23 italianos durante las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado.
La fase de instrucción de este proceso concluyó ayer con las exposiciones de los abogados de los desaparecidos y de los acusados, después de que el fiscal del caso, Giancarlo Capaldo, presentase sus acusaciones tras más de diez años recogiendo pruebas.
Capaldo reiteró ayer su acusación por “crímenes de lesa humanidad” como consecuencia del sistema de opresión vigente en varios países latinoamericanos en aquellos años.Ayer fue el turno de tres abogados que defendían a las familias de los uruguayos, argentinos y chilenos desaparecidos en las dictaduras.
Andrea Speranzoni, abogada que representa a la familia del chileno Juan Bosco Maino, estudiante y miembro del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) que desapareció en 1976, declaró a EFE que ayer se entregó al juez una memoria de cerca de 160.000 páginas. En ella hay documentos procedentes de los servicios de inteligencia estadounidenses (CIA) sobre “cómo estaba organizado el sistema de represión y sus responsables”.
Asistió a la vista judicial Margarita, hermana de Maino, quien expresó a la agencia EFE su “esperanza de que finalmente haya un poco de justicia que no se ha hecho en Chile”.
También intervino el abogado del exsacerdote de origen italiano Omar Venturelli, que desapareció tras pasar por la cárcel chilena de Temuco en 1973 y que presentó documentos en los que las autoridades chilenas acusaban al sacerdote de ser “un traidor de la patria por ayudar a los mapuches” contra la Reforma Agraria.
Bolivia. Tomó la palabra el abogado del coronel Arce Gómez, jefe del Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980, quien contestó que se hubiera probado que el militar estuviera en el lugar de los hechos que se le imputan.
Mientras, el abogado del general chileno Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras presentó como alegación que la acusación que fue comunicada fue la de homicidio, mientras que en la actualidad está siendo acusado de “masacre”.
Aseguró que el delito del que se le acusa prescribió según la ley italiana, al haber pasado 24 años. En este proceso están imputadas 33 personas; otras dos murieron durante el proceso: el expresidente de Uruguay Juan María Bordaberry Arocena (2011) y el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas (2013).
Los uruguayos imputados son el exdictador Gregorio Goyo Álvarez y los militares José Ricardo Arab, Carlos Calcagno, Jose Nino Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Ramas, José Felipe Sande, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Valentín Vázquez Bisio; el exabogado Juan Carlos Blanco y Ricardo Eliseo Chávez Dominguín.
Los bolivianos son el expresidente Luis García Meza Tejada, quien lideró el golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y la represión durante su dictadura, que incluyó el asesinato de ocho líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1981, y el coronel Luis Arce Gómez, jefe del Departamento Segundo de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980.
Otros. Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.
Asimismo, están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.(NdE). García Meza, extraditado desde Brasil en 1995, y Arce Gómez, repatriado en 2007 de Estados Unidos a Bolivia, guardan prisión en la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro, al suroeste de la ciudad de El Alto. Fueron sentenciados por su incursión en la dictadura de 1980.
El plan Cóndor fue una red política y de seguridad instaurado entre los años 70 y 80 en Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina con el objetivo de aniquilar movimientos comunistas en la región. En Bolivia, el expresidente y otrora dictador Hugo Banzer Suárez era vinculado al plan.
Dictaduras en Bolivia
Banzer
El 21 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer derrocó al general Juan José Torres. Gobernó hasta 1978.
García Meza
Luis García Meza usurpó el poder a Lydia Gueiler en 1980. Se fue en 1981.

martes, 23 de septiembre de 2014

Aprehenden al Director de Régimen Penitenciario por balacera en El Abra                        

                   
Texto: Nubia Sarmiento 17-09-14
El Director de Régimen Penitenciario, Denis Mejía, fue destituido del cargo y aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, por denuncias contra su persona por parte de los internos de la cárcel de El Abra.
Mejía, fue trasladado por efectivos de la Felcc de Sacaba en calidad de aprehendido, luego de que el Ministerio Público hiciera la toma de declaraciones a los privados de libertad de dicho penal durante esta jornada.
La fiscalía halló indicios de culpabilidad y determinó la aprehensión inmediata del ahora exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba, que fue destituido por el Ministro de Gobierno Jorge Pérez.
“Se recibieron diversas denuncias por parte de los internos, una de ellas era que Mejía habría sido testigo de un caso de extorsión realizado por el Tancara a una de las víctimas indicó que entregó 30 mil dólares al Tancara en presencia de Mejía y fue amenazado con un cuchillo en el cuello a desistir de realizar la denuncia, esta es una de las muchas de las denuncias que se realizaron en contra de Autoridades implicadas en los casos de extorsión en el Abra que serán constatadas y no se descartan nuevas detenciones de acuerdo al desarrollo de las investigaciones”, indicó Pérez en conferencia de prensa.
Asimismo, se pudo constatar amenazas dentro del penal a los denunciantes y también a los familiares de los reclusos incluso a los de nacionalidad extranjera, quienes brindaron información útil para continuar con las investigaciones.
Por su parte, el exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba, en un breve contacto con la prensa cochabambina, aseguró que su detención “es ilegal y que se debería investigar también al personal de seguridad del penal y otras autoridades sobre este caso”.
Internos denuncian cobros, torturas y robos de parte de la Policía
Los privados de libertad de la cárcel de El Abra, denunciaron que son víctimas de cobros de hasta cinco mil dólares, torturas y además, sufrieron el robo de sus pertenencias durante la requisa efectuada la mañana de este miércoles.
“Exigimos la presencia del Defensor del Pueblo y de (representantes) de Derechos Humanos cuando se realicen las requisas”, denunció un interno que por seguridad prefirió guardar su nombre en el anonimato.
Víctimas fatales realizaban cobros
Según los denunciantes, los cuatro reos fallecidos en la balacera, a la cabeza del Tancara torturaban a quienes se oponían, los reclusos aseguraron que lo sucedido se trataría de un ajuste de cuentas entre el Tancara y el Lucifer por problemas de mujeres y no así un crimen por pugnas de poder.
A su vez, presos chilenos y de otros países, denunciaron haber sido encerrados y torturados por el Tancara, además, indicaron haber realizado depósitos de seguro de vida a nombre de Norma Valda, Rosa García y Josué Tobar.
Los encargados de cobrar estos depósitos niegan las acusaciones de ser los cabecillas de la balacera.
Asimismo, el principal sospechoso de este hecho, Iván castro Gamboa (alias el Iván), recluido por asesinato renunció como delegado y niega ser el autor de la balacera, aseguró que aceptó el cargo que se le dio como delegado principal del penal debido al desorden que se registró luego de esta matanza y que no tiene ningún interés, puesto que estaría a pocos meses de dejar el recinto penitenciario.
“No hay pugnas de poder, ya estoy para irme, pedí mi redención y no puedo estar como culpable indicó”.
Por su parte, el ahora exdirector de Régimen Penitenciario Dennis Mejía aseguro que presentará un informe con todas las denuncias de los internos para que sean investigadas por la fiscalía y que los presos deben presentar pruebas de sus denuncias.
Entre tanto, los familiares de los reos, aseguraron que fueron víctimas de estos cobros, “desde que el Tancara no está, están viviendo en paz nuestros parientes y ahora cada vez que ingresan los policías a requisar se pierden sus cosas de valor les pedimos que los dejen en paz dijo la hermana de uno de los internos”, afirmó una familiar.
        

El Tancara, un delincuente temerario al mando de El Abra


Por: Darynka Sánchez A. darynkaperiodista@gmail.com | 16/09/2014



Imagen de Edgar Ariel Tancara en El Abra y que fue subida al Facebook. ARCHIVO


Ni siquiera el sistema carcelario pudo controlar a Edgar Ariel Tancara Sandagorda, uno de los delincuentes más temidos y peligrosos del país. Era un hombre grande y robusto, vengativo, cruel y poderoso, no solo en el mundo del hampa, sino también en las cárceles en las que estuvo encerrado, desde donde seguía operando a través de sus cómplices.

Édgar Tancara fue cabecilla de varios grupos delincuenciales y tenía un frondoso prontuario policial por 22 delitos de robos agravados a librecambistas, tentativas de homicidios, el secuestro de un niño de 12 años, el robo de 102.000 bolivianos de una caja del Banco Ganadero en la Udabol y la quema de un guardia, en una empresa de helados.

El 6 de mayo de 2006 fue detenido en El Alto en un alojamiento frente a la entidad financiera Prodem, en posesión de armas avanzadas y con proyectiles que estallan dentro del cuerpo humano, visores. Por la cantidad de delitos cometidos en Cochabamba, fue trasladado a El Abra. En ese tiempo, el delegado del penal El Abra era Ronald Alcaraz, un hombre que era cinta negra en artes marciales y que estaba recluido por el asesinato de la niña Kelly Herbas.

Alcaraz, como delegado, administraba todos los ingresos económicos de esta cárcel, que eran cuantiosos. El Tancara, que ya era procesado penalmente por un robo agravado que cometió en 2002, entendió que iba a quedarse en la cárcel por un buen tiempo y quiso convertirse en el nuevo administrador de los recursos de El Abra. Deshacerse de Alcaraz no iba a ser fácil. Por ello, según fuentes de internos del mismo penal, acudieron a la mano derecha de Alcaraz y le ofrecieron dinero para que él le de un mate con algún fármaco para dormirlo.

El 24 de diciembre de 2007, cuando Alcaraz volvió de comprar juguetes para los hijos de los reclusos, su hombre de confianza le ofreció el mate y éste se acostó en su cuarto, dopado. Entonces, según las mismas fuentes, Edgar Ariel Tancara, Richard Cáceres y Jason El Bicho, entraron a la habitación y asesinaron a Ronald Alcaraz.

Al igual que ocurrió ayer en la madrugada, y como solo pasa en el sistema carcelario boliviano, los internos no dejaban entrar a los policías mientras los asesinos borraban todas sus huellas en la habitación de Alcaraz. Cuando la Policía ingresó, no pudo hallar evidencias y el crimen quedó impune.

Tancara quedó al mando de la cárcel de El Abra desde entonces. Fue sentenciado a cinco años de cárcel por uno de sus 22 procesos. Empezó a cumplir su condena en octubre de 2009.

IRREGULARIDADES Un secreto a voces era que El Tancara salía del penal cuando él lo deseaba. En dos ocasiones fue sorprendido in fraganti. La primera fue en 2011. Fue hallado en la avenida Petrolera, cuando volvía del Valle Alto con dos custodios policiales vestidos de civil. El Tancara tenía aliento alcohólico, estaba a bordo de un vehículo con placas falsas y armas de fuego. Se presume que volvían de cometer un atraco. Entonces, para justificar su salida del penal exhibió un permiso para una consulta médica otorgado por la juez de Ejecución Penal Yolanda Ramírez.

Luego de semejante hallazgo, los permisos de salida deberían haber sido suspendidos para El Tancara y debió dejar de ser delegado, pero no fue así. El 25 de mayo de 2014, El Tancara fue nuevamente sorprendido en una salida. Esta vez, en un local de la avenida América y Potosí, también junto a sus tres custodios. También contaba con un permiso para participar de una feria en la plaza Colón expedido, también, por la juez Yolanda Ramírez.

Este diario conoce que en octubre de 2014, Tancara iba a salir en libertad porque su sentencia, de cinco años de reclusión, estaba a punto de ser cumplida.

Mientras estuvo en El Abra, Ariel Tancara tenía doble vida. Delante de las cámaras de televisión asumía un rol de “delegado tranquilo” que luchaba por darle al penal de máxima seguridad en Cochabamba la imagen de un recinto carcelario modelo. Pero El Abra está lejos de ser una cárcel modelo.



CORRUPCIÓN En El Abra se mueven miles de bolivianos. Allí todo tiene su precio. Los ingresos tienen varias vetas. Se cobra, en primera instancia, por el derecho de vida a todos los internos nuevos. Cada recluso tiene que pagar entre 300 y 500 dólares por el derecho a no ser asesinado. También se paga por las celdas, por el derecho de tener celular, laptops, internet.

El delegado y su camarilla también obtenían ingresos económicos de las cabinas telefónicas, del ingreso de drogas, de alcohol, mujeres y de armas. Allí los policías no mandan. Quien manda, en realidad, es el delegado. Era El Tancara. De ahora en adelante, será quien le haya arrebatado el poder.



LO QUE HAY QUE INVESTIGAR Una hipótesis de lo ocurrido en El Abra hace unas horas, es que El Tancara pretendía continuar al mando del penal, a través de su grupo, pese a que su libertad estaba cerca. Otros ambiciosos grupos, que conocen de las grandes cantidades de dinero que se mueven en esta cárcel y del poder que tienen, desde allí, sobre varios grupos del hampa, se enfrentaron con el fin de quitarle el poder a El Tancara.

Una hipótesis que no tiene asidero es que las armas que fueron usadas en esta reyerta, entre internos, hayan sido arrojadas desde afuera del penal. Entre el muro y la malla olímpica existen al menos 25 metros, distancia que hace imposible que las armas las hayan arrojado. Se cree que ya estaban adentro. Se sabe que las armas utilizadas son calibre 9, 38 y hallaron una escopeta de aire comprimido.



Imagen de Edgar Ariel Tancara en El Abra y que fue subida al Facebook. ARCHIVO


No existen derechos humanos

En El Abra se violan los derechos humanos universales, todos los días, frente al silencio cómplice de policías que no hacen ni dicen nada. Hubo varias denuncias de torturas organizadas por El Tancara que la Policía y la Fiscalía jamás investigaron. En una audiencia de juicio de un delincuente, el procesado lloró pidiéndole al juez que no lo envíe a El Abra porque El Tancara lo obligaba a dormir con sus pies sumergidos en lavandina. El reo se sacó los zapatos en plena audiencia y exhibió sus plantas completamente destrozadas y llenas de llagas a causa del tóxico líquido. El juez le ordenó que se pusiera los zapatos e ignoró el clamor del interno. La venganza de El Tancara, a su retorno, fue mayor.

El Tancara creía que había diferencia entre los delincuentes. Decía que no soportaba a los violadores. Y, cuando ellos ingresaban a ese penal, ordenaba que los sodomicen con diversos objetos por un mes, amenazándolos de muerte si hablaban.

Motín en El Abra y hay otra versión de matanza

Una crónica de los hechos en el penal de máxima seguridad de Cochabamba donde murieron cuatro internos y 11 resulatron heridos. 

Jueves, 18 de septiembre de 2014
 
 
Motín en El Abra y hay otra versión de matanza
Darynka Sánchez / Cochabamba

Ayer a las cinco de la madrugada, más de 500 internos de la cárcel El Abra se amotinaron y encendieron fogatas en los bloques para protestar ante una nueva requisa en el penal y exigir que los periodistas puedan escuchar sus denuncias.

La requisa tenía la intención de buscar cualquier tipo de arma para prevenir un nuevo enfrentamiento y brindar seguridad a los cuatro fiscales y cinco peritos que someterán a pruebas de absorción atómica y luminol a todos los internos para esclarecer quiénes participaron de la matanza.

Iván Castro Gamboa alias El Iván rompió el acta de la votación en la que él resultó elegido como nuevo delegado de El Abra y reveló que a él no le interesa el poder en el penal pues está a punto de salir en libertad.

"En la prensa salió que yo soy el autor de la matanza, ¿cómo puedo ser yo el autor si hace 15 días tramité el beneficio de redención?, Estoy por salir del penal, ¿cuál pugna de poder? Yo no acepto ser sospechoso ni ser trasladado, no tengo interés en ser delegado y delante de ustedes estoy presentando mi renuncia, ya no soy más delegado de este penal”, declaró.

Un interno que presenció la balacera contó una versión distinta de la que publicó ayer este diario, de otro recluso.

"Yo estaba de encargado de la Limpieza en la fiesta, caminaba por el contorno del patio cuando se oyeron disparos y se apagaron las luces. El control de las luces está detrás de una reja por los talleres, me imagino que saltaron esa reja y se quedaron ahí. La señal parece que eran los disparos porque luego de dos tiros las luces se apagaron”, relata.

El interno corrió en busca de un refugio pero todo estaba cerrado. "Estaba oscuro, todos corrína en diferentes direcciones, unos encapuchados seguían disparando y yo me topé con el cuerpo del Tancara en el piso y más allá el del Pilas, ya estaban muertos. La ví a Romina, la mujer del Tancara, que hacía ruidos como si se estaría ahogando y su blusa llena de sangre. Con mi compañero la auxiliamos y llevamos hasta la puerta de los policías y gritamos pidiendo auxilio, no nos abrían”.

Finalmente luego de mucho insistir, un efectivo aceptó abrir la puerta rápido para evacuar a la mujer. "Yo volví adentro, quería refugiarme en la iglesia pero hallé a doña Margarita, la que vende comida, tirada ensangrentada, también la ayudamos llevándola con los policías”.

El interno retornó al patio donde la matanza continuaba. "No fue un enfrentamiento, tomaron de sorpresa a todos, unos trataba de defenderse pero seguían los disparos. El Iván pasó cerca de nosotros gritando: ¿qué está pasando?, ¿quiénes nos están matando? Nadie sabía quiénes eran, muchos internos se habían encerrado en los bloques y no abrían las puertas”.

Según este interno, los delegados trataban de buscar bates "donde siempre los guardan”, cuando Sergio Arze Araníbar alias El Lucifer, que no estaba encapuchado, sacó un arma de canguro y empezó a disparar "como loco”.

"Apuntaba hacia los delegados y yo no entendía nada porque el Lucifer era delegado de disciplina del Tancara y parecían llevarse bien, no sé si estaba drogado y se confundió pero cuando el Johnny Villarroel quiso calmarlo y quitarle el arma, le dio varios tiros a él, uno de los disparos le llegó al Bejarano que corría. Con los nuevos lo auxiliamos, le hicismo un torniquete en la pierna y lo llevamos hacia la puerta de los policías, tuvimos que romper la malla y arrojarlo por ahía para que lo evacúen también”.

Mientras el testigo hacía esto, presume que al Lucifer se le terminaron las balas y fue capturado por los internos que salían de los bloques. "Al Lucifer lo ha linchado la población, todos creen que era el cómplice de los encapuchados y por eso lo mataron”.

El cadáver de Sergio Arze fue el que más daño sufrió. Tenía la espalda llena de enormes y profundas heridas de cuchillos y machetes. Un lado del cráneo estaba destrozado y su cuerpo, cubierto de sangre. "El Lucifer se murió en su propio infierno”, dijo el testigo.

Nadie dice por dónde entraron o salieron los encapuchados. Unas vecinas le dijeron a este diario, el lunes, que vieron a un encapuchado entrar a la cárcel desde la calle, pero no sabían si salió del penal.
Otro interno sostuvo que no existen pugnas de poder en El Abra y lanzó, como hipótesis, que el Lucifer traicionó al Tancara por un "lío de faldas”.

"Parece que tuvieron un problema porque Tancara se metió con su mujer del Lucifer”, declaró a los periodistas en un intento por desviar la atención de las pugnas por el poder económico y el dominio de El Abra, a un problema de orden personal. Sergio Arze era el padre de tres niños. Dos pequeñas de 5 y 4 años con una expareja y un niño de más de un año, de la relación que mantuvo hasta su muerte.

Murió linchado

Sergio Arze alias El Lucifer no murió en la balacera sino linchado por la población que lo capturó después que se le acabaron las balas. Dicen que era cómplice de los encapuchados.

Defensor del Pueblo confirma abusos a chilenos

El Defensor del Pueblo de Cochabamba, Andrés Cuevas, confirmó ayer a este diario que los tres jóvenes chilenos, imputados por el delito de hurto, sufrieron la violación de sus derechos en el sistema carcelario boliviano, yal y como denunció el padre de dos de ellos.

El cónsul general de Chile en La Paz, Milenko Skoknic, se comunicó con el Defensor del Pueblo de Bolivia Rolando Villena para pedir su intervención en favor de sus compatriotas. En una carta oficial, Skoknic agradece a la institución "por concretar el traslado del recinto penitenciario de tres nacionales chilenos que estaban recluidos en El Abra de la ciudad de Cochabamba. Deseamos reconocer su disposición y deferencia para brindar protección a estos ciudadanos chilenos”.

Según Cuevas, hicieron gestiones defensoriales ante el Gobernador de El Abra, Yuri Duk, para que los jóvenes fueran aislados con carácter preventivo y así garantizar su integridad física.

También canalizaron las evaluaciones médicas forenses. Si bien el médico forense que examinó a los jóvenes concluyó que no sufrieron vejaciones sexuales, las sospechas de los padres de los jóvenes es otra y planeaban someter a sus hijos a pruebas forenses en Chile.

Mitchel Portilla, el padre de dos de los detenidos anunció que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos por los abusos y extorsiones que se cometen en El Abra, "para que nunca más se repitan estos delitos”. Acusó al Edgar Ariel Tancara de exigirle 6 mil dólares como derecho de vida por los tres jóvenes chilenos. El Defensor del Pueblo, Andrés Cuevas, lamentó que la imagen del país se vea afectada internacionalmente por la vulneración de derechos humanos universales y dijo que sólo la voluntad política de los gobernantes cambiará un sistema carcelario donde los reclusos se autocontrolan, se autoregulan y los policías han renunciado a ejercer un control real sobre las poblaciones penitenciarias.

Reclusos chilenos eran extorsionados por El Tancara en El Abra

El cónsul de Chile tuvo que intervenir y efectuar un reclamo vía Cancillería. El Defensor del Pueblo en Cochabamba coadyuvó en que los jóvenes fuesen examinados por un forense

Darynka Sánchez / Cochabamba

Con los ojos llenos de lágrimas, el padre de dos jóvenes de nacionalidad chilena que fueron encerrados en El Abra, a raíz de varios hurtos, denunció que los delegados de este penal violaron los derechos humanos básicos de sus hijos y de otro de sus compatriotas.
Anunció que al llegar a su país, él y los padres del otro joven, presentarán una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos para evitar que más extranjeros sean víctimas de la corrupción y la crueldad del sistema carcelario boliviano.
Mitchel Portilla habló con este diario hace tres semanas, pero pidió que su denuncia sólo fuese publicada cuando él pudiera poner a salvo a sus hijos en Chile, pues temía a las represalias del entonces delegado Edgar Ariel Tancara alias El Tancara.

LA HISTORIA Nicolás (22) y Sacha (20) Portilla Astorga e Isaías Abraham Martínez Álvarez (20) llegaron a Bolivia en busca de un tratamiento quiropráctico para Sacha, que sufrió de un cáncer de huesos en una rodilla, del que habían leído en internet. Hicieron demasiados gastos y se quedaron sin dinero.

El 21 de mayo de este año, en la FELCC fueron presentados como integrantes de una banda que se dedicaba a robar negocios. La Policía informó que el 20 de mayo habían entrado a la tienda Tommy, de la avenida Santa Cruz, para hurtar poleras de marca que colocaban en bolsas forradas con papel aluminio para evitar que las alarmas los delaten en las puertas. El propietario los descubrió y atrapó a uno.
El 16 de mayo habían robado un televisor de 42 pulgadas de la hamburguesería Toby metiendo una caja vacía para distraer al personal. Las cámaras los filmaron. También habían hurtado productos de una farmacia de la cadena Farmacorp. En la audiencia cautelar, un juez los envió a la cárcel de San Sebastián.

"Antes de llevarlos a la cárcel,los policías los golpearon brutalmente, mis hijos narran que fueron torturados para confesar los delitos”, describió Portilla.
En San Sebastián fueron encerrados en calabozos alejados del resto, mientras se adaptaban. "Pero en ese proceso, reclusos intentaron violar al menor de ellos, a Isaías, y mis hijos lo defendieron”.
Luego pasaron a la población penitenciaria y todo iba bien hasta que hubo una riña en la cárcel iniciada por otros reclusos chilenos mayores.
"Los tres estaban en su celda, les golpearon la puerta y al abrir los sacaron a la fuerza, los golpearon brutalmente con palos en la cabeza, a patadas, puñetes, a uno de mis hijos le lanzaron una cocinilla en la cabeza que le causó una burbuja en el cerebro, todo esto delante de varios policías que no movieron un dedo por parar las golpizas”.
Nicolás Portilla tuvo que ser hospitalizado. Afuera, para la prensa, la información fue escueta. Dijeron que un recluso chileno causó una pelea y los reos "lo frenaron”. El juez octavo cautelar penal ordenó el traslado de los tres jóvenes al penal de El Abra, sin notificar a sus abogados del Servicio Nacional de Defensa Pública. (Senadep). "Cuando los tres llegaron a El Abra les dieron una paliza de bienvenida terrible, para que sean dóciles al mando de Tancara”.
La madre de los jóvenes recibió en Chile una llamada advirtiéndole que sus hijos habían sido violados. Quien la llamó fue la familiar de otro recluso que los había visto maltrechos. "Yo me vine de inmediato a Bolivia porque, ¿se imagina lo que es para un padre enterarse de que sus hijos fueron vejados?”, dijo Portilla. Los tres jóvenes al verlo, lloraron.

"Chile llamó al cónsul nuestro en La Paz, vino hasta Cochabamba, se contactó con el Defensor, Ministerio de Justicia y presentó un reclamo”.
Mitchel Portilla relató que él entró a El Abra y vio varias irregularidades."Ahí dentro los reclusos andan armados, los guardaespaldas y el delegado Tancara, tienen armas. No te dejan hablar con tu ser querido, a solas, ni un momento. El delegado máximo (Tancara) me habló con otros cuatro delegados en un cuarto y me dijeron que los chicos tenían que pagar un derecho de piso para estar tranquilos, cinco mil dólares por cabeza”. Estaban molestos por las denuncias hechas vía Cancillería y querían tomar represalias contra los jóvenes.

Para garantizar su seguridad, el pago debía efectivizarse rápido. "Les tuve que decir que no seguiría con las denuncias y me rebajaron, por ser tres los chicos, a 2 mil dólares por cabeza, es decir 6 mil”. "Pedí más plazo para conseguir el dinero y me dijeron que le iban a consultar al gobernador, que no sé si era cierto, pero ya no lo dudo,luego me dieron hasta el lunes”, contó.


Procesos por las vejaciones

Gracias al consulado chileno y a las gestiones del Defensor del Pueblo Andrés Cuevas, se hizo viable el traslado de los tres jóvenes a la cárcel de San Antonio, el viernes, dos días antes de que el plazo se venza.
Los delegados del Tancara querpian evitar que los internso se fueran sin pagar y los obligaron a firmar un documento diciendo que eran bien tratados en El Abra y que no deseaban irse. Sin embargo, la orden llegó "de arriba” y fueron trasladados a la cárcel de San Antonio, donde permanecieron varias semanas hasta el 10 de septiembre, cuando se llevó a cabo una audiencia donde fueron dejados en libertad, luego de reparar los daños y transar con dos de los dueños de las tiendas.
El jueves 11 de septiembre, los jóvenes volvieron a Chile. Su abogado, Carlo Dante Reyes, dijo que está ala espera de que le envíen un poder protocolizado para iniciar varios procesos penales contra autoridades judiciales y policiales por todas las vejaciones sufridas por los jóvenes.
Además, la madre de Isaías anunció que irá hasta la Corte Interamericana de Derechos para evitar que Bolivia siga vulnerando derechos humanos básicos en cárceles.

2 mil Dólares por cabeza le pidieron a Mitchel Portilla el ahora exdelegado Edgar Ariel Tancara Sandagorda y cuatro delegados más, para evitar represalias contra los reclusos chilenos por haber denunciado vía Cancillería los abusos que cometieron contra ellos. Tancara, que andaba armado dentro del penal, le hizo "una rebaja”.
Durante una fiesta, los reos bolivianos y extranjeros se enfrentaron

Balacera en el penal de El Abra deja 4 muertos y 11 heridos

Según los testigos, las disputas por lograr el control de la población carcelaria se dan hace mucho tiempo. Antes hubo peleas con armas blancas y a golpes. 

 
Balacera en el penal de El Abra deja 4 muertos y 11 heridos
APG. Policías vigilan a los reos en el patio de la cárcel tras el enfrentamiento.
Agencias / Cochabamba
Las pugnas de poder y la rivalidad entre reclusos bolivianos y extranjeros derivaron en un enfrentamiento la noche del domingo en la cárcel de El Abra, en Cochabamba, que terminó en una balacera que dejó cuatro personas muertas y otras 11 heridas.
Testigos del hecho indicaron al diario Opinión que los problemas se originaron hace mucho tiempo. Los hechos de violencia comenzaron con agresiones físicas y posteriormente el uso de armas blancas. El fin de cada grupo de presos era controlar toda la comunidad carcelaria.
El enfrentamiento se generó durante una fiesta "tradicional” dentro del recinto carcelario, según los reportes preliminares.
Cerca de las 22:00 del domingo se escucharon disparos, de acuerdo con el relato de los testigos, lo que derivó en un eventual corte de luz.
El comandante departamental de la Policía, Alberto Suárez, confirmó que el hecho se produjo a causa de pugnas internas entre grupos de poder de los mismos reos, quienes pretendían tener el control del penal. "No sabemos cómo ingresaron las armas. Los heridos eran por armas de fuego y armas blancas”, dijo.
El penal de El Abra está a cinco kilómetros de la ciudad de Cochabamba y hasta anoche había sido considerado -junto al de Chonchocoro- como uno de los que tiene más seguridad.
Uno de los reos, Ariel Tancara, alias El Tancara, pretendía manejar a toda la población carcelaria, pero tenía al frente a un grupo de ciudadanos extranjeros que tenía el mismo objetivo, según Radio Pío XXII. "A El Tancara le cercenaron al nivel del cuello”, sostuvo Suárez.
El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Denis Mejía, informó que un grupo de policías ingresó tras lo ocurrido para hacer una requisa.
Durante la noche se escucharon disparos de armas de fuego y gritos por todo lado. Los policías que están destinados a vigilar la cárcel tuvieron que llamar a otros para intervenir.
Durante las primeras horas de la mañana, los policías reunieron a los privados de libertad en el patio principal del penal con el fin de evitar otras peleas. Había una tensa calma hasta que por la noche todos regresaron a sus celdas correspondientes.
Entre los heridos hay una mujer que estaba embarazaba. Según informes extraoficiales, perdió al bebé que esperaba por las heridas que presenta. Ella y los otros 10 heridos fueron trasladados al hospital Viedma, de la capital cochabambina.
Lista de víctimas
Fallecidos Ariel Tancara Sandagorda, alias El Tancara; Sergio Arce Araníbar, alias El Lucifer, Gustavo Tobar Ramírez y Humberto Ramírez.
Heridos Rolando Vargas, Johnny Villarroel, Vejarano Durán, Marcel Choque, Félix Ramos, Guerico Galarza, Arial Mayra Choque y Javier Vargas.
Orden Régimen Penitenciario enviará un requerimiento para conocer cómo se dejó ingresar armas de fuego al penal de El Abra, con el fin de dar con los responsables.
Fiscal general ordena una investigación penal
El fiscal general, Ramiro Guerrero, instruyó a la Fiscalía Departamental de Cochabamba que disponga el inicio de la investigación penal contra los autores y cómplices de los hechos ocurridos en la cárcel de El Abra, donde el domingo cuatro personas perdieron la vida y otras 11 resultaron heridas.
Asimismo, Guerrero ordenó la conformación de una comisión de fiscales para la investigación de los hechos sucedidos.
El fiscal departamental de Cochabamba, Freddy Torrico, explicó que el Ministerio Público se constituyó en la cárcel con una comisión conformada por cuatro fiscales y tres médicos forenses. "El trabajo no sólo consistirá en hacer las requisas, sino toda actuación inicial investigativa que amerite este caso tan grave, hasta llegar a la verdad histórica de los hechos”, dijo Torrico. Asimismo, señaló que todos los reclusos fueron trasladados al patio del penal.
Jhosi Araujo, una de las fiscales, anunció que entre las 11 personas heridas existen dos mujeres, que al parecer eran visita de los internos y se trabaja para evitar cualquier vulneración de los derechos de las personas.
Defensor dice que fiestas en cárceles deben prohibirse
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo ayer que las fiestas en cárceles deben prohibirse ya que, por lo general, están ligadas al excesivo consumo de alcohol, lo cual desencadena en violencia, como lo ocurrido la noche del domingo en El Abra.
"Las fiestas deberían estar prohibidas, definitivamente. Porque personas en privación de libertad, e incluso en libertad, se encuentran bajo los efectos del alcohol. Estas situaciones deben evitarse y enfrentarse con el máximo rigor”, afirmó Villena.
Remarcó que El Abra, al igual que otras cárceles del país, no son "reformatorios” sino "centros penitenciarios”, por lo que este tipo de eventos sociales debe eliminarse y ello es responsabilidad de la Dirección General de Régimen Penitenciario.
Villena añadió que se envió una comisión a Cochabamba para que colabore en las investigaciones al representante de la Defensoría en este departamento. "Estamos en etapa de investigación para determinar qué es lo que sucedió y las responsabilidades”, dijo.
El representante de la Defensoría en Cochabamba, Andrés Cuevas, informó ayer a radio ERBOL que en una primera inspección se observó "sangre en el mobiliario, desorden, los cuerpos en distintos ambientes y signos de mucha violencia”.
Coincidió con Villena al expresar que deben suprimirse las "actitudes permisivas” de las autoridades, como las fiestas.
"Es algo irregular, no sabemos si tiene que ver con la reinserción”, añadió.
De acuerdo con la Ley 2298 es obligación del Servicio de Asistencia Social "incentivar eventos culturales y recreativos”. Cuevas añadió que se evidenció la crianza de perros raza pit bull dentro de El Abra, utilizados para la

lunes, 8 de septiembre de 2014


Un juez dispuso la detención preventiva para los militares .

Envían a prisión a 2 sargentos por la muerte de una premilitar

Los comunarios de la provincia Los Andes amenazaron con tomar el Regimiento Ayacucho para que se apruebe pena de muerte para los violadore
           
Domingo, 07 de septiembre de 2014

Página Siete / La Paz
Los sargentos militares Sidar Ch. Q. (de 26 años) y Ángel R. M. (27), acusados de abusar sexualmente y luego asesinar a la premilitar Carmen Rosa Mollo (17) fueron enviados ayer preventivamente a la cárcel de San Pedro. La audiencia cautelar se realizó en medio de protestas de los comunarios de Achacachi que pedían la pena de muerte.
Igualmente, los comunarios amenzaron con tomar las instalaciones del Regimiento Ayacucho, en Achacachi, para que se apruebe una ley que permita la pena de muerte para violadores y asesinos.
"¡Qué paguen con pena de muerte, por favor!”, gritaba en medio de lágrimas Maria Carmen de Mollo, madre de la premilitar asesinada.
Como parte de las medidas de presión, ayer, los comunarios de la provincia Los Andes bloquearon la carretera a Copacabana.
El jefe de la División de Homicidios de la FELCC, teniente Ramiro Mollinedo, dijo que la declaración de la prima de la víctima fue esencial para encontrar el cuerpo de Carmen Rosa Mollo, detener a los sargentos y la posterior detención preventiva.
El informe forense, revelado por el abogado de la familia Mollo, José Cossío, da cuenta que el cuerpo de Carmen presentaba hematomas producto de alguna golpiza y que luego fue abusada sexualmente. La adolescente habría luchado o resistido los ataques, por lo que la asesinaron.
En la audiencia cautelar, los acusados se declararon inocentes argumentando que no estuvieron con las premilitares el 29 de agosto, el día del crimen.
Los hechos
El 29 de agosto Carmen Rosa y su prima Vanesa M. (18), ambas premilitares, fueron a un domicilio particular, guiadas por sus instructores, a consumir bebidas alcohólicas como despedida del servicio premilitar.
Ambas jóvenes habrían sido dopadas con diazepan. Los sargentos, aprovechando que estaban inconcientes procedieron a abusarlas sexualmente.
Cuando Vanesa despertó se percató que su prima estaba muerta. Uno de los sargentos la amenazó con quitarle la vida si contaba lo sucedido.

Universitarios denuncian torturas en cuartel de Chúa

Instrucción. Una estudiante afectada está internada en una clínica.
Cuartel. Una toma de 2008 del Batallón de Infantería Marina instalado en la localidad de Chúa.F oto: ABI
Cuartel. Una toma de 2008 del Batallón de Infantería Marina instalado en la localidad de Chúa.F oto: ABI
La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz
05:17 / 08 de septiembre de 2014
Un grupo de 83 estudiantes de la universidad indígena Túpac Katari fue sometido a torturas físicas y psicológicas por parte de instructores del Batallón de Infantería Marina, instalado en la localidad paceña de Chúa, el miércoles 3 de septiembre, según denunció uno de los afectados.
La citada universidad tiene vigente un convenio con la unidad militar para recibir clases de valores y defensa del Estado. Es en ese marco que los alumnos fueron al cuartel. A raíz de las torturas, agregó el denunciante, tres estudiantes resultaron los más afectados, una universitaria que llegó a orinar sangre, internada en una clínica de El Alto, y dos jóvenes que no pueden dormir, producto del trauma.
El director de Comunicación del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, capitán Hernán Crespo, señaló que a ese despacho no llegó ninguna denuncia sobre este caso. Agregó que la Armada podía tener conocimiento del mismo, pero este diario no se pudo contactar con personal de relaciones públicas de esa fuerza.
La representante del Defensor del Pueblo en La Paz, Teófila Guarachi, indicó que recibió esta denuncia el sábado y que actualmente se encuentra en fase de investigación, en la que se recaba información, tanto de los estudiantes como de las autoridades militares de la unidad implicada.
Informe. Guarachi adelantó que para hoy se espera tener el informe del médico forense sobre el estado de salud de la universitaria que está internada en una clínica particular.
El denunciante explicó que el lunes de la pasada semana, estudiantes de Agronomía de la universidad Túpac Katari, que funciona en la comunidad de Cuyahuani, al lado de Huarina, fueron a pasar los cursos al cuartel de Chúa. El miércoles les tocó ingresar a ellos y grande fue su sorpresa cuanto el instructor que les recibió les calificó de “indisciplinados” y les advirtió que recibió instrucciones del rectorado para que revierta esa situación.
Este entrevistado detalló que los problemas internos en la universidad surgieron porque tanto el rector como el vicerrector fueron “impuestos”. Por esa situación, los estudiantes de la carrera de Veterinaria protagonizaron en meses pasados un bloqueo de caminos, para pedir el cambio de esas autoridades, demanda que hasta ahora no fue atendida. En ese sentido, sostuvo que se trata de una “venganza”, lo sucedido en la unidad militar.
El estudiante que denunció este hecho detalló que el miércoles, cuando empezó el curso con instructores militares, recibieron orden de instrucción cerrada durante toda la mañana, hasta la hora del almuerzo. Indicó que les hicieron hacer cuclillas, “ranitas” y otros ejercicios sin distinción, a las 43 mujeres y a los 40 hombres. En la tarde les hicieron disparar fusiles, hasta la hora de la cena.
Pero después, en la noche, empezó la tortura de parte de los instructores, ya que en plena lluvia les dijeron que iban a recibir instrucción táctica. Agregó que les hicieron arrastrar por el suelo y a quienes levantaban un poco el pecho les pateaban y les insultaban. Luego expresó que les dispararon gases lacrimógenos, aspecto que hizo desmayar a algunos estudiantes, a éstos les gritaron “desnutridos”, indicó.
Después de esa actividad, los instructores ordenaron a los universitarios que vayan al cerro que estaba cerca del lugar para traer piedras. Cuando los estudiantes llegaron al lugar no había piedras, por lo que fueron castigados, ya que no cumplieron la orden.
Esa noche les dieron una frazada para que duerman y varios tuvieron que sacarse la ropa mojada. Al día siguiente les sacaron del cuartel.
Un Centro educativo indígena
Centro
La universidad indígena aymara Túpac Katari fue creada en 2008 en la localidad de Warisata.Convenio
La universidad firmó un convenio con el cuartel de Chúa para que sus alumnos pasen un curso mensual obligatorio
Ed. Impresa LA FISCALÍA ESPERA UN INFORME DE LA FELCC Y OTRAS EVIDENCIAS

INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO

Por Roberto Charca H. - La Prensa - 6/08/2014

INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO  - Roberto  Charca H. La Prensa
INVESTIGAN SUPUESTAS TORTURAS A UN SOLDADO - Roberto Charca H. La Prensa
Los militares niegan el hecho y, en conferencia de prensa, afirmaron que el conscripto se autohirió.

El fiscal departamental José Ángel Ponce informó que se iniciará una investigación de oficio de la supuesta tortura infligida al conscripto Álvaro Danilo Santa Cruz (19) en kas instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana ubicadas en El Alto.

Álvaro Danilo Santa Cruz fue acusado el pasado viernes --por oficiales de baja graduación y suboficiales-- de robar un celular y fue sometido a castigos disciplinarios que derivaron en tortura, según el relato de su madre, Esperanza Coronel. El soldado prestaba su servicio militar en Chipiriri, Cochabamba, antes de ser trasladado a La Paz.

De acuerdo con la denuncia de los familiares, después de ser señalado como el autor del robo, hecho que no fue comprobado aún, en el intento de que confiese, el recluta fue sometido a castigos e inclusive choques eléctricos en su cuerpo.

El fiscal Ponce declaró que "vamos a verificar los antecedentes para iniciar una investigación de oficio. El Ministerio Público puede iniciar una investigación si hay denuncia, querella o noticia fehaciente de un caso. Vamos a verificar y ver de qué realmente se trata".

En tanto, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó que las Fuerzas Armadas deben ser los principales garantes de los derechos de los soldados a quienes no pueden torturar y menos aplicar sanciones inhumanas.

Rescate. La madre que el martes denunció un asedio psicológico por parte de oficiales de la Fuerza Aérea, recordó que su hijo fue rescatado del recinto militar de El Alto cuando elaboraba adobes, y después internado en el hospital de Clínicas, donde se recupera de las lesiones que presenta.

"Tuvimos que recurrir a mentiras para que los militares lo dejen salir. Nos enteramos de su trasladado y tortura gracias a uno de sus camaradas. El caso ya es de conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Defensoría del Pueblo".

Esperanza Coronel explicó que su hijo debía de ser trasladado al Hospital de la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil) para dejar impunes a los militares involucrados en la supuesta tortura.

Desmentido oficial. El Ejército negó ayer haber torturado al conscripto del Comando de Aviación del Ejército, Álvaro Santa Cruz. La coronel Sarah Aramayo, directora de Comunicación Social del Ejército, dijo que "nadie le ha tocado un pelo al soldado, las lesiones que tiene en el cuerpo han sido realizadas por el mismo".

Denunció que el conscrito admitió haber robado el aparato y que fue encontrado en su poder cuando lo retiraba del sitio en el que lo había escondido cerca de su unidad.

DE ACUERDO CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, ESTE AÑO SE REGISTRARON AL MENOS TRES DENUNCIAS DE TORTURA PRACTICADAS EN CONTRA DE SOLDADOS EN UNIDADES MILITARES DEL PAÍS.

Ejército niega tortura a soldado acusado de robar un celular

La directora de Comunicación Social del Ejército, Sarah Aramayo, explicó que el recluta, pese a estar arrestado por el robo de un celular ya que fue descubierto con el aparato sustraído, salió con permiso el sábado y no se reincorporó a la fecha.

Ejército niega tortura a soldado acusado de robar un celular
El soldado Álvaro Santa Cruz denunció que fue torturado.
La directora de Comunicación Social del Ejército, Sarah Aramayo, negó el martes que el soldado Álvaro Santa Cruz Coronel, acusado de robar un celular, haya sido torturado en el cuartel, tal como él denunció.
"Estamos saliendo a los medios de comunicación para negar completamente las denuncias, este soldado no fue maltratado en el cuartel, esas marcas y heridas no han sido hechas por sus instructores ni ningún miembro del Ejército", enfatizó en conferencia de prensa.
Aramayo explicó que el recluta, pese a estar arrestado por el robo de un celular ya que fue descubierto con el aparato sustraído, salió con permiso el sábado y no se reincorporó a la fecha.
"El sábado en horas de la tarde la hermana mayor María del Carmen Pedrazas Coronel junto a su esposo, Julio Cesar, se presentó en la unidad y solicitó permiso que fue concedido porque su madre se hallaba delicada de salud", relató.
En esas circunstancias mencionó "fue grande la sorpresa" verlo a él y sus familiares denunciando la presunta tortura y agresiones físicas de sus instructores desde su lecho en el Hospital de Clínicas.
Al ser consultada sobre los signos de violencia que presenta el soldado en su cuerpo, por supuestos "choques eléctricos", anunció que es algo que debe investigarse porque esas lesiones "no le hicieron en la unidad militar" donde ingresó el 26 de julio pasado.
Hechas las averiguaciones, agregó que Santa Cruz en 2014 se reclutó en el Regimiento Colorados de Bolivia, a mediados de febrero fue destinado al Regimiento de Infantería '31' con asiento en Chipiriri, de donde desertó el 7 de marzo.
Aramayo invitó al Defensor del Pueblo y otras autoridades para indagar y evaluar la conducta del recluta.
Así también desmintió que ningún militar del Ejército haya ido al nosocomio con la intención de sacarlo y llevarlo a la Corporación de Seguro Social Militar (Cossmil), "él para la institución es un desertor porque no se reincorporó a su unidad", afirmó.
Por su parte, el soldado Franz Ticona, víctima del robo, manifestó que Santa Cruz, admitió el hecho y se comprometió a responder por el equipo.
ABI

Acusan a 5 policías de abusar a una joven dentro de la UTOP

Escándalo. Los agentes lo niegan; la Fiscalía investiga de oficio
Delito. La UTOP de Cochabamba; cinco efectivos son investigados por la violación de una mujer.
Delito. La UTOP de Cochabamba; cinco efectivos son investigados por la violación de una mujer. Fernando Cartagena.
La Razón (Edición Impresa) / Angélica Melgarejo / Cochabamba
02:43 / 25 de julio de 2014
La Fiscalía y la fuerza pública investigan a cinco agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba, acusados de violar a una trabajadora sexual de 20 años, y de quien se dice tiene discapacidad intelectual, dentro de su cuartel la madrugada del lunes.
“No era contratada. Ella se acercó a la UTOP a pedir un vaso de agua, la detuvieron y la metieron a uno de los dormitorios donde los policías la violaron”, denunció la dirigente de las trabajadoras sexuales, quien pidió a La Razón que no publique su nombre.
Añadió que la víctima “sufre de retraso mental”. La joven, cuya identidad se guarda en reserva, habría sido vejada en uno de los dormitorios de la UTOP, donde el Ministerio Público encontró una prenda íntima, un condón y una frazada, que servirán de prueba para la indagación que abrió de oficio, ya que no existe una denuncia formal.
La mañana del martes, la mujer fue llevada a la fuerza anticrimen para prestar su declaración informativa y también se le pidió someterse a un examen médico forense, pero “ella se negó”, dijo la fiscal Claudia Mansilla. A pesar de ello, se abrirá la investigación en la División de Víctimas Especiales por tratarse de una persona con discapacidad mental..
La víctima “llegó con antecedentes de una presunta agresión sexual, fue acompañada por personal femenino de la UTOP. Presentó agresividad, no se encuentra ubicada en el tiempo y el espacio, no coordina discurso y no permite el examen médico forense”, informó Mansilla.
El coronel Alberto Suárez, comandante departamental de la Policía de Cochabamba, convocó ayer a una conferencia de prensa en la que explicó que los involucrados negaron las acusaciones y aseguraron que solo “permitieron el ingreso de una dama de compañía a dependencias policiales”. Una falta grave, de acuerdo al reglamento policial.
“Tenemos dos vías —para establecer si se cometió el delito o no—: la administrativa, para que ellos sean procesados por las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, y en el Ministerio Público”, manifestó.
Los antecedentes fueron remitidos a la Dirección Departamental de Investigación Policial (DDIP). Los involucrados, que tienen el grado de dragoneantes, podrían ser sancionados, según Suárez, con “la baja temporal de dos años por haber infringido el artículo 13 de la Ley 101”.
La representante de las trabajadoras sexuales denunció que no es la primera vez que un policía abusa sexualmente de una de ellas. Las vejaciones son constantes, denunció la dirigente, quien llegó hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo para exigir sanciones y pedir que se frenen los abusos.
“Estamos pidiendo al Comandante de la Policía que se haga cargo de la situación que se ha presentado en la UTOP, pedimos un castigo ejemplarizador, se supone que ellos deben resguardar la integridad física de la población y no cometer delitos”.
“Una violación entre seis no es novedad, es el abuso del uniforme; se debe hacer algo, porque las denuncias de que han sido violadas por policías llegan a las oficinas y éstos las amenazan para que no digan nada”, apuntó.
Sanción penal
Violación
El artículo 308 del Código Penal establece una pena de encierro de cinco a 15 años para los culpables del delito de violación. Sanción que se elevará a 20 años si la víctima tuviera alguna perturbación mental.

martes, 10 de diciembre de 2013

El 75% de los incidentes sucedió en recintos castrenses del país

8 muertes en recintos policiales y militares aún no se esclarecen

Cuatro de los casos ocurrieron en el departamento de La Paz , dos en Sanandita (Tarija), uno en Santa Cruz y otro en Potosí. Siguen las investigaciones.

domingo, 08 de diciembre de 2013
 
8  muertes en recintos  policiales y militares   aún no se esclarecen
Pablo Peralta / La Paz
Al menos ocho casos de muertes que sucedieron en los últimos tres años en recintos policiales y militares aún no se esclarecen. La mayoría de los casos se dio en el departamento de La Paz.

Cuatro de ellos ocurrieron en La Paz, dos sucedieron en Tarija, uno en Santa Cruz y otro en Potosí, según un recuento realizado por Página Siete.
El 75% de los incidentes sucedió en recintos militares. El resto en instancias policiales.

En cuestión de instituciones, dos ocurrieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita (Tarija), dos tuvieron epicentro en la Academia Nacional de Policías (Anapol) y uno en el Estado Mayor, el resto en otras instancias castrenses del interior (más detalles en el cuadro adjunto).
Siendo que la mayoría de los casos ocurrieron en instancias militares, en noviembre el defensor del Pueblo, Rolando Villena, envió una misiva al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que le pide instruir, a la entidad que corresponda, llevar adelante acciones para velar por los derechos en esos espacios.

La Defensoría maneja el dato de que más de 20 ciudadanos murieron en recintos castrenses, entre militares, cadetes y conscriptos, además que en los últimos tres años hubo 300 denuncias de vulneración de derechos.
Las causas
Dos casos sucedieron en la Escuela de Cóndores de Sanandita. El primero data del 9 de febrero de 2011, cuando murió el subteniente Gróver Poma a causa de una golpiza que le propinaron presuntamente como castigo después de que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”. El segundo sucedió en ese mismo recinto el 2 de febrero, cuando murió el subteniente Ceooly Espinal. Ambos casos se ventilan en la justicia ordinaria.

El primero de los hechos que tuvo lugar en la Anapol ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando una baranda de esa institución cedió y murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas. El segundo sucedió el mes pasado, cuando la cadete de tercer año Cinthia Poma falleció tras realizar ejercicios físicos.

En junio, dentro del Estado Mayor murió la enfermera Jhaneth Vargas (de 27 años). Según las indagaciones de la Fiscalía, esta persona perdió la vida después de una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinó la causa de la muerte.

En octubre, el alférez de la Escuela Naval Emmanuel Cusi murió cuando realizaba una prueba de buceo. Su cuerpo fue hallado el 5 de noviembre. El Ministerio Público lleva las investigaciones del caso, pero la parte acusada presentó un recurso inhibitorio para que éste no sea tramitado en la justicia ordinaria, sino en la militar.

Según datos de la Defensoría, el 29 de agosto murió el soldado Carlos Loza en Puerto Suárez (Santa Cruz), cuando ayudaba a trasladar enseres de un teniente y cayó de la camioneta del ejército. Un mes después, entre el 2 y 3 de septiembre, falleció el conscripto Freddy Rodríguez, del Puesto Militar de Atocha (Potosí), quien fue golpeado por un sargento y otros conscriptos.
A estos casos se suman la muerte de un cadete y un conscripto del Liceo Militar Teniente Edmundo Andrade de Sucre, quienes fallecieron después de ser arrastrados por el río Quirpinchaca, al tratar de rescatar un vehículo atrapado en el cauce. Aún no se conoce con precisión si hubo o no orden superior para que realizaran esa acción.
"La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes, como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos”.
Rolando Villena, defensor
Los ocho casos
Caso Poma El 9 de febrero de 2011, el subteniente Gróver Poma murió por una golpiza que le dieron presuntamente como castigo tras que se negó a continuar una pelea de "cuerpo a cuerpo”, en la Escuela de Cóndores de Sanandita de Tarija. El caso está en la fase que antecede al juicio oral.
Caso Aranda El 22 de junio de 2012, una baranda de la Anapol, ubicada entre el segundo y tercer piso, cedió. En ese incidente murieron los cadetes de segundo año Rodrigo Sánchez Cardozo, Bryan Pablo Villca y Franco Jiménez Vargas.
Caso Espinal El 2 de febrero murió el subteniente Ceooly Espinal durante su estancia en la Escuela de Cóndores. La Defensoría detectó afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida del oficial.
Caso enfermera El 21 de junio, la enfermera Janeth Vargas (de 27 años) murió en el Estado Mayor. Según la pesquisa de la Fiscalía, falleció tras una fiesta y consumo de bebidas alcohólicas junto a varios uniformados. Aún no se determinaron las causas de la muerte.
Caso Loza El 29 de agosto, el soldado Carlos Loza falleció en Puerto Suárez, cuando "era utilizado” para transportar los enseres personales de un teniente. Por un accidente cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército, según la Defensoría.
Caso Rodríguez Entre el 2 y 3 de septiembre, el conscripto Freddy Rodríguez Uño (19 años), con presunta discapacidad intelectual, fue sometido a torturas y tratos crueles en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas de Potosí, según la Defensoría.
Caso Cussi El 22 de octubre, el alférez Emmanuel Cusi desapareció bajo las aguas durante una prueba de buceo. El 5 de noviembre se encontró su cuerpo. Según los familiares, sus compañeros comunicaron que cuando estaba en el agua Cusi levantó la mano para pedir ayuda, pero nadie lo auxilió.
Caso Poma El 18 de noviembre murió la cadete Cinthia Poma, tras realizar ejercicios físicos en la Anapol, donde cursaba el tercer año. Aún no se sabe cuál es la causa de su fallecimiento.
Puntos de vista
ever moya, presidente de Com. DDHH de Diputados

Hicimos un seguimiento
Estamos preocupados. Hicimos un seguimiento de fiscalización para ver en qué están quedando estos casos. Hemos pedido informe y convocamos recientemente al ministro de Gobierno para que nos informe sobre esos casos que nos preocupan. Asimismo, este año hemos llamado al ministro de Defensa sobre el caso de cadetes y conscriptos de las Fuerzas Armadas.
En todo caso, la mayoría de los casos, según ambas informaciones, nos indica que estarían en manos del Ministerio Público. No podemos ahora convocar sobre el caso de Cinthia Poma y JanethVargas, que murió en el Estado Mayor, porque esos dos casos todavía faltan. Según información del Ministerio Público, que llegue el plazo de la investigación: que son seis meses, y en función a eso queremos hacer la petición de informe oral.
Una vez cumplido el plazo fijado, estamos pensando convocar al fiscal general para que nos pueda esclarecer.
víctor vacaflores
DDHH de La Paz
Investigación, caiga quien caiga

Hubo una reflexión al interior de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz y por tanto hay un documento, en referencia fundamentalmente a la cadete Poma. Pero ese documento expresa el espíritu en general.
Una y otra vez tenemos que insistir en la necesidad de la investigación hasta el fondo, hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Así tiene que ser. Ése es el mejor tributo para la democracia.
No debe haber ninguna otra razón que obstaculice las investigaciones, salvo algo que tenga que ver con la calidad, con la capacidad o no capacidad técnica. No puede haber obstáculos políticos, intereses creados, intereses sectoriales coyunturales. Ésa debería ser la línea, la posición que sostenga toda organización de derechos humanos y toda la población, y nosotros pedimos que ése también sea la línea, los valores, la orientación de la Fiscalía y del Estado. Nuestras dudas surgen en la medida en que son varios casos y existe una retardación de justicia.

lunes, 9 de diciembre de 2013

En el acto de graduación de 284 sargentos en Tarata, Cochabamba

Evo alude a DDHH la baja preparación física de soldados

Recordó que cuando vivía en Orinoca escuchaba que cadetes y oficiales ganaban medallas en juegos deportivos internacionales. Ahora, en cambio, no. 

Lunes, 09 de diciembre de 2013

 
Evo alude a DDHH  la baja preparación física de soldados
 

Página Siete / La Paz
El presidente Evo Morales aludió ayer a Derechos Humanos (DDHH) la baja preparación física de uniformados. Recordó que cadetes y oficiales ganaban premios internacionales y que ahora ya no los consiguen.
"Los comandantes tienen la obligación de preparar físicamente (a los soldados). Aunque lamento mucho decir que tienen su tarea y responsabilidad las instituciones de derechos humanos. Entendemos perfectamente (su labor), pero cualquier institución de los derechos humanos no puede perjudicar en la preparación física de nuestros soldados”, declaró el presidente Evo Morales.
La afirmación fue hecha en el acto de graduación de 284 sargentos, entre damas y varones, de las escuelas militares de las Fuerzas Armadas (FFAA) correspondiente a la promoción 2013. El acto se desarrolló ayer en la Escuela Militar de Sargentos Maximiliano Paredes, en la localidad de Tarata.
El dignatario recordó sus primeros años de vida en la localidad de Orinoca. "Cuando era adolescente o niño todavía, era adicto al deporte y trataba de escuchar por la radio las informaciones deportivas (...). Escuchaba que en los Juegos Bolivarianos y otros eventos internacionales (y decían) que tal cadete sacó medalla de oro, tal oficial medalla de plata”, declaró.
Sin embargo, "ahora no escucho que cadetes ni oficiales de las FFAA medalleros en las competencias internacionales. Me pregunto: ¿qué pasa en las FFAA? Algunos oficiales me dicen: ‘por culpa de los derechos humanos’. Habrá que ver si realmente es por culpa de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos o el defensor del Pueblo”, cuestionó el dignatario.
Además, dijo que "respetando los derechos humanos, garantizar la preparación física y que también nuestros cadetes y alumnos de escuelas e institutos y oficiales vuelvan a representar al pueblo boliviano en competencias internacionales (…) Mi gran deseo es que nuevamente nuestras Fuerzas Armadas sean medalleros en estos eventos internacionales”. En su discurso, además, el Jefe de Estado señaló que los nuevos sargentos deben ser actores importantes para impulsar el desarrollo de la nación de cara al bicentenario de Bolivia, en 2025, y que tienen la responsabilidad junto a sus camaradas de llevar adelante la Agenda Patriótica, que busca erradicar la extrema pobreza y universalizar los servicios básicos, entre otros.
También subrayó que ser militar es "servir al pueblo boliviano, tener una profunda conciencia” sobre el civismo y patriotismo.
Asimismo, les pidió profundizar el sentimiento por la patria
El proyecto de ley fue aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Diputados

Buscan crear institución para prevenir las torturas

domingo, 08 de diciembre de 2013
 
Buscan crear institución para prevenir  las torturas
Cecilia Ayllón, ministra de Justicia.
Página Siete / La Paz
El proyecto de Ley de Servicio para Prevención de la Tortura (SEPRET) sugiere crear una institución pública descentralizada que permita contar con mecanismos de previsión de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes a las personas.
Según un boletín de la Cámara de Diputados, al que hace referencia la gubernamental ABI, el proyecto de ley aprobado en sus dos estaciones se enmarca en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.
Asimismo, la nueva norma cumple el mandato del artículo 111 de la CPE, que determina que los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria o crímenes de guerra son imprescriptibles.
Durante su exposición ante el pleno, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, justificó la importancia de esta norma haciendo referencia a las múltiples irregularidades registradas en las academias de formación policial y militar relacionadas con malos tratos o torturas.
Asimismo, la autoridad recordó que el 27 de julio de 2006, a través de la Ley 3454, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, por la cual Bolivia se comprometió a asumir acciones contra este tipo de prácticas.
Ayllón recordó que el 10 de diciembre del mismo año, el Estado boliviano puso en vigencia el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien 2009-2013, que también incluye medidas contra la tortura.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Los uniformados vulneran los derechos humanos en las sesiones de instrucción

Los castigos derivan en torturas en algunos recintos militares y policiales

Instructores castrenses imparten castigos a conscriptos que van desde golpes, asfixia hasta el ahogamiento, con el riesgo de llegar a la muerte. Lo mismo ocurre en la Policía, con instrucciones excesivas.

Lunes, 25 de noviembre de 2013

Los castigos  derivan en  torturas en  algunos recintos militares y policiales
 
Fotos: Stringer / Página Siete. Entrenamiento militar en una dependencia de las Fuerzas Armadas, en La Paz
Claudia Soruco / La Paz

Daban las 7:00 de un martes de septiembre de 1992. A la hora de la formación, el instructor del regimiento militar GADA de Cochabamba pidió a dos conscriptos que sujetaran a Carlos S., lo ataran con una cuerda, colgaran de los pies en un arco de madera y golpearan con un tolete hasta que pidiera disculpas por un acto de indisciplina.
Pasaron más de 20 años y el ejercicio de una extrema violencia dentro de las fuerzas policiales y militares persiste. Unos denominan a este hecho como instrucción y otros lo califican como una vulneración de los derechos humanos que incurre incluso en delitos de tortura.
Entonces, Carlos tenía 18 años, y veía esta sanción, causada por una salida del cuartel sin autorización, como una prueba para "demostrar la valentía en frente de los camaradas y para que no se burlen si yo me rendía”.
En un sondeo que Página Siete realizó a 12 hombres que prestaron su servicio militar y premilitar dentro de cuarteles de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el común denominador fue que el uso de violencia ejercido por sus propios camaradas por una orden de sus instructores era el resultado de actos de indisciplina e incumplimiento de sus ejercicios durante su instrucción física.
"Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde”, cuenta Marco Callizaya, quien hizo su servicio militar en el Regimiento Colorados de Bolivia, en La Paz.
Ante estos hechos recurrentes en el país, que revelan esta vulneración de los derechos humanos en la instrucción militar, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, en una entrevista con este medio, aseguró que dichos "castigos van desde vejaciones, humillaciones hasta expresiones muy torpes que se constituyen también en un mecanismo de violencia psicológica, pero que los instructores para su descargo siempre aseguran que estaban dentro de lo correcto y de la instrucción establecida”.
Datos de esta instancia dan cuenta de que entre 2010 y 2012 se registraron y admitieron 401 denuncias contra las Fuerzas Armadas. De ese total, 109 (27%) corresponden a vulneraciones de los derechos de la integridad física, psíquica y moral, y a los de la salud.
De la instrucción a la tortura
La representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de La Paz, María Amparo Carvajal, informó que cada año su entidad registra en promedio 300 denuncias de vulneración de derechos humanos en los recintos policiales y militares, llegando a agravantes de torturas que no son investigadas y menos sancionadas.
"Sin embargo, hay padres que vienen y aseguran que sus hijos están siendo masacrados, pero a la hora de tomar sus datos prefieren callar por el temor de que sean echados o reciban una mayor paliza. Este temor está latente en todo el país”, asegura Carvajal.
En estos tres últimos años, 28 personas murieron en diferentes recintos policiales y militares. ¿Las causas? En su mayoría por excesivos ejercicios de entrenamiento o castigos que llegaron hasta la tortura.
"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más”, relata un cadete de segundo año de la Academia Nacional de Policías, quien prefirió, "por seguridad”, guardar su nombre en reserva.
Una de esas tantas denuncias que admitió la Defensoría del Pueblo es el castigo, con puños y puntapiés en todo el cuerpo, que un conscripto recibió el pasado 4 de septiembre en uno de los cuarteles del Comando General del Ejército.
Los informes previos también establecen que el joven de 19 años fue sumergido en agua caliente por sus propios compañeros, quienes obedecieron las órdenes de un sargento, quien sospechaba que la víctima había robado su teléfono celular.
Para el senador de oposición y excomandante del Ejército boliviano Marcelo Antezana, estos hechos no son recurrentes dentro de las Fuerzas Armadas. "Con el tiempo más bien hemos visto que se han ido aboliendo y se respetan más los derechos humanos, aunque siempre hay casos aislados”.
Entre el miedo y el exceso
A finales de 2012, una madre denunció que su hijo que prestaba su servicio en el Colegio Militar del Ejército, luego de haber presentado agotamiento por los excesivos ejercicios, fue obligado por su teniente a ponerse en posición de abdominales para que otro de sus camaradas orinara en su rostro.
"Hablamos de una extrema violencia. Estamos enfrentando a torturados que después se convertirán en torturadores. Esta gente siente que el uniforme les da todo el derecho de ejercer semejante violencia sin control”, agrega Carvajal.
En los recintos policiales, los cadetes de los primeros años son los más propensos a recibir castigos y uso excesivo de la fuerza por parte de sus superiores. En el caso de las dependencias de las Fuerzas Armadas, los conscriptos y estudiantes que cursan los primeros años son los más afectados.
Para el exmayor de Policía David Vargas, el entrenamiento en los recintos debe ser duro, para que los futuros policías estén preparados ante cualquier contingencia. "Yo también he sido instructor y también castigaba de manera desproporcionada a los cadetes y por eso les decía que en el futuro iban a enfrentarse con gente de diferente tipo, es para eso que hay que preparar a los policías”, sostuvo.
La APDHB estableció que la Policía y las Fuerzas Armadas son las instituciones que más vulneran los derechos humanos en el país.
Sin embargo, los numerosos casos de muertes y torturas continúan sin el necesario ni oportuno esclarecimiento.
Persisten los casos de personas que sufrieron actos violentos dentro de la Policía y las FFAA
Carlos s.
Exconscripto
"Me golpearon con toletes”
"Lo que recuerdo es que salí sin permiso por la noche del cuartel. Pensé que nadie lo había notado, pero cuando regresé y fui como cada mañana a la formación, el sargento me hizo pasar adelante, ordenó que dos de mis camaradas me sostuvieran y me sujetaran con una soga de manos y pies. Luego les ordenó que me colgaran de los pies en un arco y que después me golpearan con los toletes, hasta que pidiera perdón. Fue doloroso”.
Cadete
Segundo año de la Anapol
"Las fuerzas nos vencen a veces”
"Sabemos que la instrucción debe ser intensa, pero muchas veces nuestros cuerpos ya no dan más. Los ejercicios son muy dolorosos, pero siempre nos dicen que no debemos quejarnos. Hay gente que no puede aguantar, pero a veces quejarse es peor, porque viene el teniente y da patadas en la espalda. Hemos sabido de cadetes que han tenido que ir hasta el hospital a hacerse ver, porque ya no aguantaban el dolor, pero nada cambia”.
Madre
De cadete de la Anapol
"Mi hijo no quiere quejarse”
"Mi hijo va a ser el primer policía de la familia, pero a veces me da pena porque mucho sufre. Cuando lo veo el fin de semana está cada vez más demacrado, no me quiere decir nada, pero siempre llega adolorido. A veces me da la impresión de que hasta lo están golpeando más de la cuenta, tal vez son sus mismos compañeros de curso, porque somos de origen bien humilde. Ya hemos intentado que nos diga, pero nada”.
Marco Callizaya
Exconscripto
"En ese tiempo no lo veía mal”
"No todos teníamos el mismo rendimiento físico. Algunos que no teníamos la altura de otros sufríamos mucho más en el momento de realizar los ejercicios y el entrenamiento táctico. Recuerdo que fui el último en cumplir las 10 vueltas de trote, así que me castigaron poniéndome vista al sol y sosteniendo una llanta durante toda la tarde. Fue muy duro y no me hicieron ni probar un poco de agua en todo ese tiempo”.